Laura Fernández retomará proyectos más polémicos de Chaves
Laura Fernández Delgado, presidente electa de la República, retomará las propuestas de ley más polémicas impulsadas por Rodrigo Chaves, que fracasaron en la actual Asamblea Legislativa, una vez asuma el mandato.
Se trata de los proyectos para la venta del Banco de Costa Rica (BCR) y Bicsa, las jornadas laborales de 12 horas (jornadas 4×3) y la construcción de Ciudad Gobierno, por citar algunas propuestas.
También promoverá el texto para regular la minería a cielo abierto en Crucitas, que queda avanzado.
Por estos proyectos, el mandatario sostuvo fuertes enfrentamientos con diputados como Dinorah Barquero, Francisco Nicolás, Gloria Navas, Kattia Cambronero, Sofía Guillén y Ariel Robles.
Estas propuestas no avanzaron en la corriente legislativa, ya sea por ser consideradas inviables, presentaron cuestionamientos en sus modelos de financiamiento o fueron declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional.
Fernández promoverá estas iniciativas desde el inicio de su mandato, el próximo 8 de mayo, al incluirlas en el primer decreto ejecutivo con el que convocará proyectos a sesiones extraordinarias del Congreso.
No obstante, aunque Chaves impulsó el proyecto de cannabis recreativo, Fernández descartó darle prioridad durante su administración.
Proyectos de Chaves que fracasaron
Tiró la toalla con cannabis
Chaves impulsó en 2022 el proyecto de ley para regular el cannabis recreativo; sin embargo, no avanzó en la Comisión de Ambiente y fue archivado el 29 de agosto de 2023, pese al respaldo oficialista.
Posteriormente, el texto fue declarado inconstitucional por el fondo por contravenir normativa internacional, lo que consolidó su fracaso, ya reconocido por el propio mandatario en 2024.
En julio de 2024, el propio Chaves reconoció públicamente el fracaso del proyecto y admitió que no avanzaría en Cuesta de Moras.
Dinorah Barquero, diputada de Liberación Nacional (PLN) e integrante de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, alegó que el proyecto carecía de estudios técnicos y medidas de contención por parte de Ejecutivo. Señaló que, en ese entonces, el texto representó "un invento más" y una muestra de improvisación del Gobierno.
Venta del BCR también falló
El gobierno de Rodrigo Chaves impulsó desde 2022 la venta del BCR y Bicsa como una de sus principales propuestas, con la expectativa de generar $1,2 billones para fines sociales; sin embargo, el proyecto original (expediente 23.331) fue archivado en 2023 y una segunda versión tampoco prosperó ante la falta de apoyo legislativo, respaldada solo por el oficialismo y Nueva República.
Aunque se planteó un tercer borrador en 2024, la iniciativa nunca se concretó ni volvió a presentarse formalmente, en medio de críticas y dudas de la oposición; además, el proyecto requería 38 votos en el Plenario para su aprobación, un respaldo que no logró consolidar.
Ciudad Gobierno
Así luce el diseño planteado para el proyecto Ciudad Gobierno. Casa Presidencial
El Ejecutivo impulsó el proyecto de Ciudad Gobierno, que planteaba construir un complejo estatal en Plaza Víquez para concentrar instituciones públicas, financiado con un préstamo del BCIE por $450 millones y sin licitación pública. Sin embargo, la iniciativa se frenó en octubre de 2024 tras una advertencia de la Contraloría, por cuestionamientos al modelo de contratación y el esquema de arrendamiento.
Posteriormente, el Gobierno presentó una reforma a la Ley de Contratación Pública (expediente 24.099), pero recibió fuertes críticas de la Contraloría, que advirtió posibles afectaciones al ordenamiento jurídico. Además, se señaló que el terreno no pasaría a ser propiedad del Estado en 25 años, lo que incrementó las dudas sobre el proyecto.
"La última oferta que vemos del BCIE es que no hay una devolución al final", afirmó la Contralora Marta Acosta, durante una reunión con el presidente Chaves en febrero de 2024.
Finalmente, la Comisión de Asuntos Jurídicos rechazó el expediente el 14 de diciembre de 2023, con una votación de 4 a 3, argumentando que el Gobierno contaba con otros mecanismos para efectuar la obra, como la licitación pública o la concesión.
Jornadas 4×3 en pausa
Aunque no fue una iniciativa del Ejecutivo, el oficialismo impulsó el proyecto 24.290 sobre las jornadas laborales de 12 horas o jornadas 4×3, presentado por la diputada del PUSC, Daniela Rojas.
Tras dos textos sustitutivos, el proyecto permaneció en la Comisión de Asuntos Jurídicos hasta que el Plenario aprobó, el 26 de junio de 2025, una vía rápida con 42 votos.
Sin embargo, el Frente Amplio presentó 2.564 mociones de fondo, lo que ralentizó el trámite.
Este mecanismo generó un bloqueo del Plenario durante siete meses, entre julio de 2025 y febrero de 2026. Además, provocó tensiones en el Congreso por la obstrucción y la imposibilidad de avanzar en otras iniciativas. Con el paso de las semanas, aumentaron las críticas de los diputados por jornadas extensas que no resultaban "fructíferas".
Ante esto, la oposición aprobó mociones de consulta a instituciones para suspender temporalmente el trámite, mientras que el Ejecutivo alternó la convocatoria del proyecto como parte de su estrategia legislativa.
Finalmente, el 24 de febrero, el Plenario aprobó congelar la vía rápida hasta el 30 de abril de 2026, por lo que el proyecto será discutido por la próxima Asamblea Legislativa.
Jaguar inconstitucional dos veces
Una de las iniciativas más polémicas del mandatario fue la denominada "Ley Jaguar".
El 1.° de mayo de 2024, durante la elección del Directorio Legislativo, Chaves acudió al Congreso y presentó la denominada "Ley Jaguar para el Desarrollo del País", que buscó llevar a referéndum reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría y la Ley de Contratación Pública, para construir Ciudad Gobierno y la Marina de Limón.
Desde su ingreso en la corriente legislativa, la iniciativa recibió múltiples críticas. Desde la oposición afirmaban que estos temas no debían someterse a una consulta ciudadana.
Sin embargo, la primera versión, conocida como Jaguar 1.0, no superó el filtro constitucional, ya que los magistrados encontraron vicios de constitucionalidad en los artículos 2, 3, 4 y 5.
En setiembre de 2024, el Gobierno anunció que insistiría con el proyecto, mediante una segunda versión (Jaguar 2.0), en la que modificó los artículos 2, 4 y 5.
El artículo 2 reformaba las funciones de fiscalización de la Contraloría General de la República, establecidas en el artículo 12 de su ley orgánica, con el objetivo de limitar sus competencias en contratación pública, evitando que "sustituya, abarque, interfiera, ordene, interprete, advierta, recuerde ni recomiende".
Tampoco la Marina de Limón
El proyecto Jaguar 2.0 proponía reformar la Ley de Contratación Pública y la normativa de JAPDEVA para permitir obras como la Marina de Limón mediante alianzas estratégicas. Sin embargo, el 1.° de octubre de 2024, la Sala Constitucional declaró inconstitucional gran parte del proyecto, tras consultas del TSE y la Contraloría.
Los magistrados invalidaron los artículos clave (4 y 5), dejando únicamente vigente el artículo 2; aun así, el proyecto no avanzó en la Comisión de Gobierno y Administración, pese a que el Gobierno anunció que insistiría con nuevas versiones.