Las razones por las que la Contraloría frenó la adquisición de escáneres
Contraloría General de la República. (Archivo/CRH).
La Contraloría General de la República (CGR) frenó la adquisición de escáneres que pretendía hacer el Gobierno por no ajustarse a la legalidad.
Sin embargo, puntualmente ¿cuáles son las razones que llevaron a la entidad fiscalizadora a tomar esa decisión?
Rafael Picado, gerente del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana, aclaró que la Contraloría entiende la importancia que tiene para el país la adquisición de los escáneres y su impacto en la seguridad ciudadana.
"Sin embargo, hacerlo de manera improvisada, poco transparente e incorporando a terceros de manera directa no contribuye a ese fin. Todo lo contrario. Genera diversos riesgos. De ahí que de manera firme se solicitó el respeto al marco legal vigente", dijo.
Mencionó que desde el 13 de junio anterior la CGR advirtió a las instituciones involucradas riesgos importantes en el procedimiento que el Gobierno pretendía seguir para la adquisición de esos dispositivos.
En primer lugar, la entidad fiscalizadora indicó que por medio de un decreto ejecutivo no se podía adjudicar a dedo el servicio de inspección no intrusiva y se debía respetar la Ley General de Contratación Pública, así como los principios constitucionales de contratación.
"No obstante, más allá de las aludidas interpretaciones, se determinaron conductas contrarias a lo advertido, lo cual representa un riesgo para el buen uso de los fondos públicos y, por lo tanto, se emitió la orden por parte de la Contraloría General para evitar que se evadan los procedimientos de contratación pertinente", afirmó Picado.
Explicó que el uso de la figura de la excepción, que pretendía hacer el Gobierno, para la contratación entre entes de derecho público parte del supuesto de que el ente público puede brindar el servicio él mismo. Pero esto jurídicamente es incompatible con la figura de la alianza estratégica.
"Las excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación nunca pueden ser utilizadas como un mecanismo para la contratación directa de terceros a espaldas de los procedimientos de contratación pública", señaló.
Por lo tanto, se cometieron yerros graves en el procedimiento cuestionado, como los siguientes:
- La ausencia de un estudio de mercado que garantice el mejor uso de los fondos públicos.
- Todas las instituciones vinculadas al sistema de inspección no intrusiva tenían conocimiento de lo advertido y tuvieron el tiempo suficiente para acudir a los procedimientos de contratación respectivos.
"Rechazamos de forma categórica cualquier insinuación mal intencionada y espuria respecto a las intenciones de la Contraloría que lo que pretende es el respeto al marco jurídico vigente", agregó Picado.