(CRHoy.com) La fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), con el apoyo de la bancada de Gobierno enviaron una consulta facultativa a la Sala Constitucional sobre el expediente 22.392, proyecto que busca crear la normativa legal para fomentar la industria del hidrógeno verde en el país, y que ha generado una serie de dudas por las condiciones excepcionales que establece.

El plan es impulsado por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la legislatura anterior lo votó en primer debate en abril pasado.

El exdiputado socialcristiano Erwen Masís fue el impulsor principal del proyecto y hoy cuenta el apoyo de las fracción del PUSC y de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), del Frente Amplio (FA) y del Partido Nueva República (PNR).

Este lunes se pretendía su segundo debate, pero tras la consulta facultativa, que es una potestad de los diputados según lo señala el artículo 145 inciso 2 del reglamento de la Asamblea Legislativa, el proyecto no podrá continuar su avance hasta que exista una respuesta de la Sala IV.

Los artículos 96 inciso b) y siguientes de la Ley de Jurisdicción Constitucional, le da a los magistrados constitucionales un plazo de 30 días naturales para resolver.

Sin criterios técnicos

La consulta que se lleva bajo el expediente 22-019096-0007, se fundamenta en cinco aspectos que generan dudas a los legisladores liberales.

La diputada del PLP, Kattia Cambronero, expresó a CRHoy.com que ellos no se oponen a que el país impulse el hidrógeno verde, pero no en las condiciones particulares que establece este proyecto.

En la consulta se enfatiza que el proyecto no contiene o remite a estudios económicos que valoricen el costo de producción del hidrógeno para poner en operación una planta de mediana o gran producción.

Tampoco se presenta un estudio técnico con un análisis comparativo entre la producción hidroeléctrica; eólica o solar, frente al hidrógeno, y una ponderación del costo de producción del primer año y una proyección a cinco o diez años, de manera que el legislador pueda ponderar si los gastos bajan de acuerdo con el aumento de la demanda o bien, se pueda determinar si se produce un beneficio económico al consumidor.

Carece además de los estudios de factibilidad o bien la posibilidad de financiamiento mediante la banca nacional o internacional para la instalación de plantas de hidrógeno verde.

Se consulta la constitucionalidad del proyecto en su totalidad ante la ausencia de estudios técnicos que determinen la necesidad, viabilidad y aplicación, esto por la posible lesión de "la violación del principio constitucional de razonabilidad técnica, indica la consulta.

Lesión al derecho de la propiedad privada

Otro elemento que se señala es que el proyecto lesiona el derecho de propiedad privada y el principio de intangibilidad del patrimonio privado a la hora de poner a disposición de la producción de hidrógeno el sistema nacional de combustible, el cual contiene elementos privados.

"Con el artículo 24 del mismo proyecto mediante el cual se autoriza a Recope para utilizar este sistema, podría ser contrario al artículo 45 Constitucional, debido a que daría pie a interpretarse, que al tener acceso Recope a dicho sistema el cual en su redacción estaría incluyendo las gasolineras privadas, equivaldría en poner a disposición de esta institución los bienes de carácter privado", explica la consulta.

Principio de seguridad jurídica y equilibrio fiscal

El proyecto establece una serie de beneficios fiscales (no pago de impuestos como el IVA o renta) para las empresas que incursionen en la industria.

El artículo 10 del proyecto establece exoneraciones de 15 años.

En la consulta la fracción del PLP detalla: "La normativa anterior debe ser consultada en virtud de la incerteza jurídica de la aplicación de los incentivos y exoneraciones establecidos, sobre todo en dos vías, la primera en el sentido de la vaguedad de su aplicación, es decir no se determina si estos (incentivos) se darán por una única vez y si las personas que se benefician con estos, pueden acceder en varias oportunidades o si es por una única vez, esto lesiona el principio de seguridad y certeza jurídica".

Derecho a un ambiente sano

Otra de las las principales preocupaciones expresada por los diputados liberales es que consideran que el texto viola el principio del derecho de los ciudadanos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al obligar a Setena a priorizar proyectos de hidrógeno verde sobre cualquier otro proyecto que esté en la corriente de esta institución.

"Nos preocupa que el texto también establece que los proyectos de hidrógeno verde podrán avanzar y desarrollarse seis meses después de puesta en vigencia la ley, aun cuando no se cuente con la reglamentación debida", señaló el jefe de fracción del PLP Eli Feinzaig.

Libre empresa

Se cuestiona además que el proyecto abriría el monopolio del alcohol, pero solo para el beneficio de un sector en específico.

El artículo 19 del proyecto consultado establece la autorización para el aprovechamiento del hidrógeno verde en actividades específicas e indica que se autoriza a las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, cuyo uso final del hidrógeno verde sea la producción de alcoholes y sus derivados, combustibles sintéticos, fertilizantes, amoniaco, exportación de hidrógeno verde, a desarrollar la actividad en competencia.

"Esta norma, consideramos crea condiciones para que se cartelize un sector para la producción de alcoholes, lo cual podría ser violatorio del artículo 46 de la Constitución Política, dado que lo deseable es la apertura total del monopolio y no que solo unos pocos lo realicen", indica la norma.

Necesitamos un marco legal serio para el hidrógeno verde, uno con oportunidades para todos y la cancha pareja, donde el riesgo lo asuman empresas privadas con fondos privados, argumentó Feinzaig.

"El estado empresario ha demostrado ser un fracaso y este proyecto, hecho a la medida para beneficiar a unos pocos, no va a lograr la transformación energética que el país necesita, pero sí va a poner una pesada carga en los bolsillos de los costarricenses, a quienes nos tocará, mediante tarifas, financiar un negocio incierto", concluyó el jefe de fracción.