“La meta es tener un superávit primario en el 2023”
Jerarca desmiente que el Gobierno esté pensando en aumentar más los impuestos
De hablar más didáctico que técnico, Nogui Acosta, el viceministro de Ingresos de Hacienda, dibuja el panorama que enfrentará el Gobierno y los contribuyentes una vez que entre en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, lista para su aprobación en segundo debate en el Congreso.
Ese es el flotador que casi tiene en sus manos el Poder Ejecutivo para no ahogarse en una crisis generada por la ancha brecha entre sus gastos y sus ingresos.
Según Acosta, aunque el proyecto genera críticas por el aumento en la carga tributaria, es por el lado del ahorro que le acarreará al Gobierno Central la mayor cantidad de recursos para salir a flote.
Las intenciones de Hacienda son que la reforma lleve a que el Gobierno reciba el año 2023 con un superávit primario que le permita atender con holgura su gasto corriente y que le alcance para hacerle frente a un porcentaje de los intereses de la deuda.
En adelante, lea el intercambio de preguntas y respuestas entre CRHoy y el encargado de velar por los ingresos del Gobierno.
¿A qué velocidad y en qué plazo se va a empezar a reducir el déficit fiscal una vez aprobada la reforma tributaria?
-Decimos que el proyecto no es tan rápido para generar recursos porque cualquier reforma fiscal o incremento de precios tiene un efecto sobre la economía. Nosotros esperamos que ese efecto sea mínimo. Desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, lo valioso es que, de inmediato, tendremos una disminución en las tasas (de interés, por la deuda) por una reducción en la incertidumbre con relación en la capacidad de pago del Gobierno y diríamos que el impacto desde el punto de vista del déficit empezaría en el 2020. Pero tendríamos un periodo de acomodo que nos permitiría mejorar el perfil de nuestra deuda.
¿Facilitará el plan fiscal la colocación de la emisión de eurobonos por $6.000 millones para la cual ustedes le están pidiendo la autorización al Congreso?
-El proyecto fiscal no es un fin en sí mismo, sino que es parte de una estrategia que está planteando el Gobierno. Ya estamos enviando a la Asamblea Legislativa un proyecto para emitir títulos en el exterior porque queremos dejar de presionar las tasas en el mercado local. Ya no estaríamos captando colones en el mercado local compitiendo con inversionistas por los recursos de los ahorrantes y, en segundo lugar, porque nos permitiría un mejor manejo de los plazos (de la deuda). Estaríamos sustituyendo deuda que hoy está a plazos cortos por deuda a un plazo más largo y ese es un tema muy importante para efectos del manejo de los recursos del Ministerio de Hacienda.
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¿La regla fiscal que se incluye en el proyecto de ley se aplicaría de inmediato con las condiciones actuales de las finanzas públicas?
-El impacto de la reforma reduciría el déficit más o menos en un 1,29% del producto interno bruto (PIB) pensando en el tema de los impuestos y después las medidas que ya tomamos hoy ya nos están ahorrando un 0,3% del PIB y esperaríamos que la aplicación de estas acciones de control de gasto nos estén dando otro 0,5% del PIB. En términos generales, esperamos que el déficit disminuya más o menos en 1,5% del PIB anual.
Eso nos llevaría a un superávit primario en el 2023. La propuesta de nosotros no es terminar con el déficit fiscal. El déficit per se no es malo, en el sentido de que mientras sea financiado para poder construir obra pública, para construir carreteras, puentes, aeropuertos, que mejoran la productividad de la economía, la deuda es buena.
El problema que hemos tenido es que cada vez nos hemos ido endeudando más para financiar gasto corriente y eso es lo que trataría de normar esta disposición de la regla fiscal.
La regla fiscal se conoce como de tercera generación porque no mete un frenazo en el crecimiento del gasto, sino que lo que hace es suavizar el crecimiento de este gasto en función del crecimiento de la economía.
Si el interés del Gobierno no es acabar con el déficit fiscal del todo ¿cuál es el nivel del déficit que se puede considerar saludable para que el país no se vuelva a meter en problemas de financiamiento en el futuro?
-Lo que nosotros estamos tratando de hacer es generar un déficit primario positivo. Eso significa que a todos sus ingresos usted le resta todos los gastos pero excluye los intereses y entonces lo que logra con un superávit primario es que le alcance para pagar todos sus gastos y una parte de los intereses. Lo que se hace es apostar a que el crecimiento de la economía le va a permitir al Gobierno generar los recursos necesarios para poder pagar la deuda. Es importante decir que no estamos renunciando al endeudamiento para la construcción de obra, lo que estamos diciendo es que no vamos a seguir endeudándonos para afrontar el gasto corriente.
No vamos a cortar completamente el gasto, sino que vamos a empezar a reducirlo. Lo que el Gobierno pretende con este proyecto es dejar de pagar el mínimo de la tarjeta de crédito para empezar a pagar un poquito más e ir reduciendo la deuda.
¿Cuál es el porcentaje ideal del déficit con respecto al PIB para que no lo consideremos perjudicial?
-Va a depender mucho del nivel de endeudamiento que tenga el Estado. Se ha dicho que un déficit del 3% del PIB no es perjudicial. Estamos apostando que para el 2023 tengamos un déficit de alrededor de un 3,5% o un 4% del PIB. Va a depender un poco del comportamiento de la economía. La otra pata de este banco es precisamente el crecimiento de la economía y nosotros estamos claros de que uno de los principales problemas que tiene nuestra economía para crecer es la presión del déficit fiscal sobre el mercado financiero.
Esperaríamos tener un círculo virtuoso en el cual la disminución de la participación del Ministerio de Hacienda en la captación de recursos del mercado local le permita a la economía crecer.
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¿En qué momento los consumidores de bienes y servicios se empezarán a percatar del impacto del impuesto al valor agregado (IVA) en sus bolsillos?
-El otro día conversaba con una señora que me preguntaba si a partir de ahora, cuando vaya a vacaciones, le van a cobrar el IVA en el hotel. Pero es que ya paga el impuesto de ventas por eso. Los restaurantes, ya lo cobran. Lo talleres, también. Entonces, ya estamos imbuidos en un proceso ¿Qué estaríamos viendo? Bueno, el cobro del 13% en los servicios de un abogado, o en algunas otras cosas que hoy no lo pagan, pero ya dentro de nuestra vida vamos al supermercado y nos entregan el tiquete de caja. Usted se percata de que su consumo tiene productos que están exentos y otros gravados. El impacto, entonces, sería en los productos que están exentos. Hay que aclarar que, por ejemplo, servicios como el de la salud privada no pagarán IVA.
La señora que le corta a usted el pelo ahora le va a cobrar el IVA, pero ella ya pagaba el 13% por el champú, por las tijeras, por el alquiler y en algún momento ella lo que hacía era trasladarle a usted esos impuestos vía precio, y ahora se los va a poder cobrar directamente y ella los va a poder deducir. El pago va a depender de la canasta de servicios que las personas consuman, porque desde el punto de vista de la canasta básica el impacto va a ser mucho menor, solo de un 1%. En realidad la gente va a notar el IVA en aquellos servicios que no consumía normalmente.
¿Algún ejemplo de esto?
-Por ejemplo, la gente que consume muchísima electricidad. A ellos les va a subir el IVA de un 5% a un 13%, van a ver un aumento de 8 puntos porcentuales. O la gente que consume mucha agua, va a tener un impacto fácilmente identificable. Esos serían los principales rubros de consumo en los cuales usted podría verlo.
¿Cuáles medidas de contención del gasto incluidas en el proyecto empezarán a operar inmediatamente este se apruebe en segundo debate?
-El tope al crecimiento de las anualidades que opera para los nuevos empleados. Al cambiar las anualidades de porcentual a nominal, eso es inmediato. En ese sentido, lo que hoy ya se hace a través de decreto se estaría ampliando a todo el sector público y ese es tal vez el tema más importante de la reforma. El otro tema es la lucha contra la evasión y la elusión que son nuevas herramientas para hacer una mejor gestión de los tributos.
¿Y cuánto va a ser el ahorro del Gobierno gracias a los componentes de contención del gasto que tiene el proyecto de ley?
-Más o menos, en cantidades acumuladas, un 0,55% del PIB en el 2020, un 1,41% en el 2021, un 1,79% y hasta un 2,55% en el 2023 que es la meta que tenemos para que el 2023 sea un año de estabilidad.
¿Entonces el plan fiscal genera más por el lado del gasto que por el de la recaudación de impuestos?
-Efectivamente. Nosotros estamos esperando que el impacto desde el punto de vista de la regla fiscal, que es alrededor de 1,23% del PIB, sea la mitad desde el punto de vista del gasto. Y entonces, en conjunto, tendríamos un impacto de alrededor de un 4% del PIB.
La gente ha atacado el proyecto fiscal exclusivamente desde el punto de vista de lo que les cuesta a ellos. Pero el Estado también está aportando y esto es importante porque cada vez más la gente requiere de un Estado que responda a sus necesidades. Hemos convertido al Estado en incapaz de responder a esta nueva dinámica.
¿En qué se va a invertir el monto que el Estado logre recaudar más el que se genere con las medidas de ahorro? ¿Van a mejorar servicios para la población, o se va a destinar al servicio de la deuda?
-Mire, resolver el problema de la deuda es importantísimo. No toda la deuda, pero sí hay que plantearse que es un problema que tenemos que ver en el largo plazo, hay que mejorar el perfil de la deuda, pero también se van a ahorrar recursos que vamos a poder invertir mejor. El presidente Carlos Alvarado nos dijo a todos los jerarcas que vamos a tener que hacer más con menos y, entonces, lo que vamos a buscar es cómo los recursos se utilizan para pagar la deuda, pero mejorando la eficiencia del Estado.
Porque hoy estamos dándonos cuenta que dedicamos muchísimos recursos a muchas actividades que no necesariamente están dando resultados. Por ejemplo, el tema de la educación nos preocupa a todos (…) y lo que hemos visto es que invertimos muchos recursos en educación, y eso está bien, pero no tenemos los resultados que necesitamos como país y eso es lo que tenemos que acometer. No tenemos que reducir el gasto en educación, pero tenemos que mejorar ese gasto.
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Algunos economistas mantienen la tesis de que este proyecto fiscal viene a complicar un poco más el esquema tributario costarricense, que ya de por sí es complejo, con muchos impuestos por administrar, y sugieren que el siguiente paso que se debe dar es entrar en un proceso de simplificación tributaria ¿Ustedes consideran que esa tesis es correcta?
-Por supuesto. Las últimas dos propuestas de reforma fiscal siempre plantearon una modernización como un elemento necesario. Y nosotros lo tenemos clarísimo también y estamos conscientes de que la próxima reforma fiscal no es para subir impuestos, es para eliminar impuestos que no están siendo tan eficientes. Pero volvemos al tema de la urgencia, yo no puedo renunciar a la reforma, por un proyecto para ganar eficiencia. Nosotros necesitamos la estabilidad. Pero coincido con ellos en que este país debe ir avanzando en la racionalización del sistema tributario.
El diputado José María Villalta (Frente Amplio), opositor a este proyecto de reforma tributaria, afirma que esta administración se va a ver en la obligación dentro de poco de enviar al Congreso otra reforma fiscal para aumentar más los impuestos, pues la reforma actual no es integral y se quedará corta ¿Eso es real? ¿Ustedes lo han evaluado necesario?
-Es gracioso que usted se oponga a darle agua a alguien que tiene sed. El problema que tenemos hoy es que cuando le dijeron (los diputados) a la ministra (de Hacienda, Rocío Aguilar) que propusiera un proyecto suficiente, fuimos a la Asamblea con un proyecto que generaba un 1,75% del PIB en recaudación y terminamos con uno que generará un 1,30% del PIB a duras penas.
Eso es lo que (los diputados) le dieron al Poder Ejecutivo, es lo que la Asamblea Legislativa consideró que era factible hacer dentro de su juego político.Cuando la Asamblea nos dijo no al monto que solicitábamos, nos obligó a hacer una reforma del Estado suficiente para poder acometer nuestro objetivo, que es tener un superávit primario. Eso lo haremos a través del recorte del gasto porque me parece que es un tema de responsabilidad. Decir que quedamos obligados a enviar otra reforma fiscal es un poco ambiguo. Si nosotros hubiéramos aprobado la reforma fiscal hace un par de meses, cuando estaba proyectado, tendríamos menos presión que la que tenemos hoy en relación el gasto.
Precisamente, por esa tardanza en la toma de decisiones la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, a la cual Costa Rica intenta ingresar) ya anunció hace varios meses que una reforma fiscal que genere una mejora en los ingresos equivalente a un 3% del PIB ya no es suficiente para enfrentar el problema ¿Pero eso no significa, entonces, que ustedes estén pensando en un nuevo proyecto para aumentar más la carga tributaria?
No. El déficit parte de que tengo pocos ingresos y muchos gastos. Si lo quiero reducir tengo que, o subir mis ingresos, o bajar mis gastos. Si la Asamblea decidió que la recaudación fiscal suba un 1,30% del PIB, yo Gobierno voy a tener que hacer el esfuerzo del otro punto (contención del gasto). Por eso es que la propuesta que nos había planteado la OCDE, que es (un ajuste) del 3,5% del PIB, la vamos a alcanzar a través de la contención del gasto.
