Juzgado dicta sobreseimiento a favor de exdiputado denunciado por exasesores

Otto Vargas, exdiputado del Partido Republicano Social Cristiano. Archivo CRH/Con fines ilustrativos

El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José dictó sobreseimiento definitivo en favor del exdiputado Otto Roberto Vargas Víquez, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), quien representó a la provincia de San José durante el período 2018-2022.

El político fue denunciado en 2019 por 4 excolaboradores de su despacho legislativo, quienes alegaron que él les quitaba parte de sus salarios. No obstante, tras varios años de investigación, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitó el sobreseimiento definitivo en favor de Vargas Víquez, al considerar que no existían pruebas suficientes para sustentar lo afirmado por los denunciantes.

La solicitud de sobreseimiento definitivo fue planteada el 4 de septiembre de 2024 por Carlos Rodríguez Ovares, fiscal de la Fapta, y fue acogida por el Juzgado Penal el 17 de diciembre de 2024.

La Fapta analizó las quejas por presuntos delitos de concusión en perjuicio de los deberes de la función pública. Dicho delito se configura, según el Código Penal, "cuando un funcionario público, abusando de su calidad o de sus funciones, obliga o induce a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial".

El fiscal Rodríguez Ovares consideró que no existían elementos probatorios para establecer una conducta delictiva en este caso y, por ello, solicitó el sobreseimiento del exdiputado.

Rafael Gairaud, abogado de Vargas Víquez, explicó que la denuncia fue planteada por un excolaborador del despacho legislativo, de apellido Monge, y recordó que, en al menos tres ocasiones, las autoridades del Poder Judicial señalaron y resolvieron que la prueba aportada durante la investigación acreditaba la inocencia del exlegislador.

"En primer lugar, cuando él (Vargas Víquez) ejercía el cargo de diputado, se llevó a cabo el trámite de juzgamiento de un miembro de un supremo poder, en el cual la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia determinó la ausencia de elementos que permitieran probar los delitos que se le imputaban. Esta resolución fue apelada por la fiscala general de ese momento, Emilia Navas Aparicio, pero la Corte Plena confirmó el fallo de la Sala Tercera, al considerar que los elementos de prueba recibidos demostraban que no existía la conducta atribuida, susceptible de ser considerada delito", comentó Gairaud.

Posteriormente, en mayo de 2022, cuando Vargas concluyó su labor como diputado de la República, el proceso penal fue reabierto por el Ministerio Público con base en la supuesta aparición de nuevos elementos de prueba.

"Se realizó la recepción de estos nuevos elementos, que consistían en un dictamen psiquiátrico forense del denunciante Monge y en la reiteración de varias declaraciones de testigos que, en su momento, ya habían señalado que no había delito. La situación, más bien, se volvió favorable para don Otto cuando el Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinó que el señor Monge no tenía ningún indicio que permitiera sostener su tesis de que era una persona manipulable o que estaba en estado de vulnerabilidad", añadió el abogado.

Gairaud destacó que los testigos que supuestamente aportarían nuevas pruebas nunca lo hicieron y, en cambio, ratificaron la inexistencia del delito.

Con base en todos estos elementos, la Fapta solicitó el sobreseimiento definitivo en favor del exdiputado.

"El dictado de la resolución del Juzgado Penal confirma la inocencia de don Otto (Vargas) y, en la actualidad, esta ya ha sido ratificada, pues quedó en firme hace varios meses", enfatizó Gairaud.

El exdiputado Vargas Víquez siempre insistió en que no había pruebas sobre los supuestos hechos denunciados y subrayó que nunca hubo una injerencia de su parte en la distribución del salario de Monge, como se alegó penalmente.

"Frente a esa afirmación, la prueba en su totalidad señala que, más bien, se trató de un acuerdo entre el denunciante Monge y otro asesor que en su momento trabajaba ad honorem en el despacho de don Otto. Entre ellos decidieron distribuirse el salario que recibía Monge mientras esperaban que el otro asesor, de apellido Montenegro, fuera nombrado oficialmente en el despacho de don Otto. Sin embargo, dicha decisión estuvo totalmente fuera de la determinación de don Otto. Toda la prueba lo demostró", concluyó Gairaud.

Vargas Víquez es el actual presidente del PRSC.