Juzgado avaló congelar cuarta causa penal contra Celso Gamboa para no retrasar extradición

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública avaló suspender una causa penal que afronta el exmagistrado Celso Manuel Gamboa Sánchez por el supuesto tráfico de influencias, con el fin de evitar la realización de un eventual cuarto juicio que retrasaría su extradición hacia Estados Unidos, donde es requerido por narcotráfico internacional.

Un juez a cargo de tramitar la petición de la Fiscalía aceptó imponer una suspensión temporal de la persecución penal, hasta que se defina, primero, si Gamboa será extraditado y, segundo, si es condenado o no en el país norteamericano, informó una fuente cercana al caso.

La pausa fue solicitada por el Ministerio Público, tal como reveló CR Hoy a mediados de diciembre. Solo estaba pendiente la autorización judicial, ya conseguida. Una vez que se conozca si Gamboa es sentenciado a prisión o no en Texas, la Fiscalía costarricense deberá determinar si retoma el proceso o solicita el archivo definitivo de la causa.

Ahora será el turno de la defensa del exministro de definir si está de acuerdo con la resolución o si la apela. El caso estaba programado para audiencia preliminar el mes pasado, fase en la que el Juzgado decide si existe mérito suficiente para elevarlo a juicio.

Los hechos se remontan al ocaso de su paso por la Corte Suprema de Justicia, cuando Gamboa intentó incidir en diputados para evitar su destitución, en 2018.

Inicialmente, en esta causa se había solicitado someter a juicio a Gamboa por el presunto delito de tráfico de influencias que se le atribuye; sin embargo, esa petición data de años atrás, mucho antes de que Estados Unidos solicitara su extradición por imputarle distribución internacional de grandes cantidades de cocaína y conspiración para trasegar drogas.

Todo cambió horas antes de la audiencia preliminar, cuando la Fiscalía presentó una solicitud para aplicar un criterio de oportunidad; es decir, desistir de llevar al extraditable a un cuarto juicio con el fin de no obstaculizar su eventual entrega al extranjero.

Un criterio de oportunidad es la posibilidad legal del fiscal, previa autorización de su superior jerárquico, de prescindir total o parcialmente de la persecución penal, o de limitarla a alguna o algunas de las infracciones, o bien a determinados involucrados en los hechos.

Michael Castillo, abogado de Gamboa, explicó el 15 de diciembre pasado que la defensa sí pretendía que esta causa se suspendiera, pero no de forma temporal, sino definitiva.

"Nosotros hemos acogido parcialmente la solicitud del Ministerio Público. Compartimos que por un tema de objetividad se debe dictar un criterio de oportunidad, pero se debe acoger y prescindir de manera inmediata y de forma total de la persecución penal, no suspendiéndola, sino prescindiendo", indicó el jurista.

Esta causa presentaba un obstáculo, ya que, al aprobarse la extradición de forma diferida, primero deben resolverse los procesos penales que afronta Gamboa en Costa Rica antes de su remisión a la Corte del Distrito Este de Texas.

Dicha extradición se encuentra en fase de apelación, a la espera de que un tribunal decida si se mantiene o no.

¿Qué hizo el exmagistrado?

Celso Manuel Gamboa alcanzó la cúspide en la política nacional y obtuvo nombramientos en los principales cargos en materia de seguridad y justicia: fue fiscal en varios sectores, subjefe nacional del Ministerio Público, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), viceministro y ministro de Seguridad Pública.

Incluso, llegó a ser el primer magistrado de la Corte Suprema de Justicia sin haber sido juez previamente, como todos sus antecesores. El 10 de febrero de 2016 consiguió el voto de 43 diputados para convertirse en propietario de la Sala Tercera de Casación Penal.

El 2017 fue un punto de quiebre en la vida de este imputado. Mucho antes de ser señalado por narcotráfico, fue vinculado con uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia costarricense: el Cementazo.

Polémica tras polémica y escándalo tras escándalo marcaron la tónica que rodeó a Gamboa durante dos años, hasta llegar al 27 de febrero y al 10 de abril de 2018, las dos fechas clave de su declive.

La Asamblea Legislativa, con 39 votos a favor —apenas uno por encima del mínimo requerido—, levantó la inmunidad del entonces magistrado a solicitud de la Corte Plena y, posteriormente, acogió la solicitud de despido de Gamboa, lo que causó un terremoto en el Poder Judicial.

Durante la deliberación en Cuesta de Moras, los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Marco Vinicio Redondo y Marcela Guerrero dieron a conocer que recibieron mensajes y llamadas de Gamboa solicitándoles que no se presentaran a la sesión del plenario para que la falta de cuórum lo beneficiara. 

Minutos antes de que lo destituyeran, Gamboa intentó aferrarse al cargo al afirmar que, de no ser removido, renunciaría "por las buenas" para irse a México a trabajar como gerente de seguridad para la empresa Google; pero la transnacional desmintió esa versión poco después.

El 18 de abril de 2018, la Fiscalía y el OIJ intervinieron la residencia del exfiscal y exministro ante la apertura de la causa penal por supuesto tráfico de influencias, a raíz de un mensaje de texto que recibió la diputada Guerrero y una llamada realizada con un teléfono satelital al diputado Redondo.

Las autoridades ingresaron a la vivienda en busca de dispositivos electrónicos, documentos y otros artefactos que pudieran servir como prueba. La causa siguió su curso hasta llegar a la actualidad, cuando, en principio, se evaluaría si debía afrontar un cuarto juicio.

Esta audiencia (expediente 18-000075-0033-PE) había sido reprogramada en varias ocasiones, hasta concretarse finalmente para este 15 de diciembre. A Gamboa aún le queda pendiente un juicio por cohecho propio, programado para el 30 de enero de 2026 (expediente 17-000015-033-PE).