Juzgado anuló revisión de discos duros del Conavi donde se buscaba información del caso Cochinilla
Allanamientos por el caso Cochinilla, realizados el 14 de junio de 2021. (Archivo | CRHoy.com)
(CRHoy.com) El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José en Goicoechea anuló una diligencia de apertura de prueba documental digitalizada obtenida en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) durante los allanamientos del caso de supuesta corrupción denominado "caso Cochinilla".
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, confirmó que esa pesquisa se llevó a cabo la semana trasanterior sin embargo, por solicitud de los abogados de las partes imputadas, se anuló porque no había presencia de los mismos, afectando así el principio de defensa técnica.
Este medio supo que se dio inicio a la apertura de discos duros con información contable y presupuestaria, que habían sido secuestrados en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y en la empresa constructora H. Solís. En esta última, se pretende ubicar datos de facturas presuntamente pagadas de forma irregular con antelación.
"De acuerdo con su consulta, la Fiscalía Anticorrupción confirmó que la audiencia de su interés inició el lunes 04 de octubre, sin embargo, fue suspendida, ya que la defensa técnica interpuso un recurso de apelación", citó el Ministerio Público.
Entre la evidencia que pretendía abrir la Fiscalía, destaca el contenido de teléfonos celulares, llaves mayas, computadores, discos y memorias externas de computadores de escritorio, que habían sido decomisados en junio cuando ocurrieron los allanamientos ejecutados por la sección anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial.
Los abogados de los imputados Carlos Cerdas -representante de MECO- y Mélida Solís -representante de H. Solís-, se unieron en una misma apelación, alegando que no podían presentarse a la pesquisa por otros compromisos.
Todavía queda pendiente que se lleve a cabo una audiencia en la que se pretende anular la declaratoria de caso de crimen organizado, con el que podrían aligerarse una serie de condiciones propias del proceso, como plazos y rigurosidad de las medidas que puedan ser impuestas contra los imputados.
Allanamiento del OIJ el pasado 14 de junio en las instalaciones del Conavi. CRH/OIJ
Investigación
El proceso de investigación del Ministerio Público en el caso "cochinilla" es lento. De acuerdo con la entidad, hasta el día de hoy continúan con indagatorias de otros imputados que no fueron allanados en la primera etapa de la causa.
Solamente permanecen en prisión dos personas: Carlos Cerdas Araya (MECO) y Mélida Solís Vargas (H. Solís).
Ambos apelaron esa medida cautelar de 4 meses. En el caso de Cerdas, le fue rechazada por lo que deberá permanecer en la cárcel de San Sebastián hasta finales de octubre.
Por otra parte, Solís Vargas se encuentra a la espera de que haya un informe forense sobre su condición de salud, además de una inspección por parte de Trabajo Social del Poder Judicial.
El Ministerio Público aún no ha confirmado que vaya a gestionar, a fin de este mes, una petición de ampliación de la prisión preventiva.
El caso "Cochinilla" consiste en un esquema de presunta corrupción entre funcionarios de las constructoras MECO y H. Solís, con miembros del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (mopt) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), a quienes en apariencia sobornaron para poder recibir beneficios contractuales en materia de licitaciones públicas.
Se presume que hubo un perjuicio contra el Estado de ¢78 mil millones por los pagos que se giraron a estas empresas en condiciones aparentemente irregulares.
Sin embargo, la tesis de los abogados defensores, es que en realidad el perjuicio país no supera los $100 mil, debido a que a esa suma llegan los presuntos sobornos que se pagaron a favor de empleados públicos, entre dinero en efectivo y servicios diversos.