Juicio por caso Imperio: este es el rol de cada miembro de la banda de Pioja, líder narco de Hatillo
Esta semana comenzó el juicio contra Luis Ricardo Rodríguez Chaves, alias Pioja, uno de los líderes criminales más prominentes de San José en los últimos años, cuyo grupo criminal llegó a producir hasta ₡100 millones semanales producto de las ventas de droga.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, este sujeto lideró la adquisición, preparación, almacenamiento y comercialización de drogas en Barrio María Reina de los Ángeles en Hatillo, en San José, considerado el epicentro del país del narcomenudeo.
El grupo también tenía como un centro de operaciones el Hotel La Fortuna ubicado en avenida 6, calle 2-4 del casco central capitalino, principalmente en época de pandemia entre 2020 y mediados del 2022, junto a otros 34 miembros de su organización.
Además de vender la droga, Pioja y varios cómplices de su círculo más cercano se asociaron y crearon una estructura a través de la cual a título personal y a través de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada; adquirieron, ocultaron y transformaron bienes muebles e inmuebles, con dineros producto de la narcoactividad.
Todo esto "con pleno conocimiento de su actuar delictivo y a sabiendas del origen ilícito de las ganancias obtenidas a través de la actividad ilícita del narcotráfico", según la acusación.
El Ministerio Público los señala de introducir dinero producto del narcotráfico al sistema bancario nacional con la finalidad de darle apariencia de lavarlo, incurriendo en legitimación de capitales.
Para ello habría sido determinante el rol de Danilo Villegas Quirós, quien según la Fiscalía en su calidad de abogado y notario, se asoció a la organización criminal con la finalidad de confeccionar actos notariales falsos, mismos que fueron utilizados para ocultar y encubrir el origen ilícito de los bienes adquiridos.
El grupo tenía un nivel de estructura muy desarrollado, con jerarquías de mando y roles asignados, que fueron detallados por los fiscales que llevan el juicio del caso.
La investigación judicial describe a alias Pioja, señalado como el líder absoluto del grupo, quien diseñó la estructura operativa, asignó funciones, dio órdenes directas a sus hombres de confianza y coordinó tanto la venta de drogas como la legitimación de los dineros ilícitos.
Para ese fin, constituyó sociedades anónimas utilizadas como fachadas comerciales y recurrió a comunicaciones presenciales, intermediarios y aplicaciones de mensajería.
Como su principal colaboradora figura su hermana Norma Rodríguez Chaves, alias La Doctora, considerada la segunda al mando. Ella supervisaba la venta de drogas en Hatillo y el hotel, transmitía las órdenes del líder, controlaba a los administradores de los puntos de venta y recolectaba el dinero producto del narcotráfico.
Además, participaba activamente en el blanqueo de activos mediante negocios comerciales y la compraventa de joyas.
En los niveles operativos altos se ubicaban varios administradores de puntos de venta, entre ellos Maikol Parra Chavarría "Lento", Pedro Cordonero Benavides "Colochos", y Mayid Omed Cano Castro "Viejo" o "M33".
Estos se encargaban del control diario de la comercialización de drogas, la logística de abastecimiento, la contratación de personal, el pago de planillas, la recolección y conteo de dinero, así como de su posterior inserción en el sistema financiero.
La organización contaba además con personal dedicado a la preparación, dosificación y almacenamiento de estupefacientes, como Ricardo Antonio Carballo Castro, Alexander Chaves Porras, Víctor Gerardo Carranza Cruz, Ana Jacqueline Álvarez Méndez y Marta Elvira Carvajal Álvarez, quienes utilizaban viviendas y locales comerciales para estas tareas, además de resguardar drogas, dinero y armas.
En un nivel intermedio operaban supervisores y colaboradores clave como Marvin Alexander Rodríguez Benavides "Araña" y Kenneth Omar Cascante Córdoba, quienes apoyaban en la dosificación, control de vendedores, arqueos de dinero, cumplimiento de horarios y funciones de seguridad armada.
El grupo también incluía a numerosos vendedores terminales y encargados de seguridad, entre ellos Stephen Geovanni Cascante Córdoba, Freddy Gerardo Ramírez Taylor, Lennin Eyasser Rizo Espinoza, Roger Alexis Sandoval Rodríguez, Gustavo Méndez Figueroa, Miguel Ángel González González, Brandon Estiguar Masís Gamboa, Roger Armando Rojas Ruiz, Kevin Josué Lozano Víctor, Christopher Josías Bernal Álvarez y Herling Villagra Morera.
Estas personas se encargaban de la venta directa de droga al menudeo, la custodia de puntos de distribución, el traslado de estupefacientes y dinero, así como de funciones de vigilancia armada.
La investigación también señala a integrantes encargados específicamente del lavado de dinero, muchos de ellos con vínculos familiares directos con el líder, Luis Ricardo.
Entre ellos figuran su esposa María del Milagro Matamoros Alfaro, quien realizaba transacciones bancarias, compras de bienes y fungía como tesorera de sociedades usadas para legitimar capitales; su hija Tiffany Rodríguez Matamoros, quien almacenaba y contabilizaba dinero, participaba en negocios comerciales y coordinaba remodelaciones de inmuebles; y su yerno Ernesto Aragón Bermúdez, quien adquirió propiedades mediante una sociedad mercantil financiada con dinero del narcotráfico.
Asimismo, el primo del cabecilla, Jorge Ricardo Ureña Quesada, alias Zete, aparece como una pieza clave en la legitimación de capitales mediante joyería, vehículos y manejo de perfiles comerciales, además de servir como enlace para introducir dinero en el sistema financiero a través de un funcionario bancario.
Dentro de ese esquema destaca Didier Quesada Serrano, empleado del Banco Nacional, a quien se le atribuye haber colaborado conscientemente en la inserción de dinero ilícito al sistema financiero, asesorando a los líderes de la organización y facilitando cambios de billetes para evitar alertas.
Otros imputados cumplían funciones de traslado de dinero, como Ixchel Milane Sequeira Matamoros, o de testaferros, como Wendy Paola Avellán Flores, quien además custodiaba drogas, armas y dinero, y figuraba como propietaria de vehículos adquiridos con fondos ilícitos.
La acusación también incluye al abogado y notario Villegas, señalado por realizar actos notariales fraudulentos para traspasar bienes a nombre de terceros, así como a José Solano Chavarría (fallecido), quien habría cumplido funciones de supervisión, seguridad y contabilidad dentro del grupo.
Finalmente, figura Kevin Omed Carballo Solano, quien colaboraba en la dosificación de drogas, almacenamiento y seguridad armada, utilizando viviendas y locales comerciales familiares.
Según el expediente, todos estos roles permitieron sostener una estructura criminal organizada, con división de funciones, control territorial, uso de armas, y múltiples mecanismos para ocultar y legitimar los millonarios ingresos derivados del narcotráfico.
La agrupación funcionaba prácticamente como una empresa, pues contaba con pagos fijos para sus integrantes, quienes incluso podían solicitar vacaciones.
Rodríguez Chaves fue detenido en un lujoso condominio en Sabana Suroeste, específicamente en un penthouse valorado en más de $1 millón, junto a su novia, desde donde presuntamente se coordinaban las operaciones.