Juicio contra diputado chavista está en el aire: Sala III no ha reprogramado debate tras incapacidad
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia aún no ha reprogramado el juicio contra el diputado chavista Alexander Barrantes Chacón, señalado por un presunto acto de corrupción al ofrecer embajadas a otra congresista a cambio de votos.
A inicios de enero debía realizarse el debate; sin embargo, la Sala III debió suspenderlo debido a una incapacidad médica presentada por el legislador del Partido Progreso Social Democrático.
Carlo Díaz, fiscal general de la República, indicó a CR Hoy que están atentos a una nueva fecha. Él mismo será quien conduzca la acusación penal.
"Todavía no hemos recibido ninguna notificación de un nuevo señalamiento", indicó en entrevista con este medio.
La incapacidad médica presentada por el chavista cubría toda la semana en la que estaba programado el juicio y fue informada con menos de 24 horas de antelación al inicio de este histórico enjuiciamiento, a cargo de los magistrados de la Sala Tercera.
El juicio es por el presunto delito de cohecho impropio que habría cometido el congresista al, supuestamente, ofrecer embajadas y puestos en el Gobierno a la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, a cambio de apoyo para aprobar los denominados eurobonos, en 2022.
El oficialista, una de las figuras cercanas al mandatario Rodrigo Chaves en el Congreso, es señalado por un encuentro con la legisladora el 9 de noviembre de ese año, cuando Barrantes le solicitó un espacio para conversar sobre el proyecto de ley que pretendía autorizar al Ministerio de Hacienda a contraer deuda por varios miles de millones de dólares.
Durante la conversación, Barrantes le habría ofrecido plazas en el Poder Ejecutivo o en embajadas —vacantes en ese momento— a cambio del respaldo del Frente Amplio para avalar la emisión de deuda externa.
El despacho de Barrantes justificó la ausencia del legislador al asegurar que la primera fecha señalada para la audiencia debió reprogramarse a solicitud del Ministerio Público, debido a la licencia de maternidad de la diputada Guillén —quien es testigo clave—, situación de conocimiento público y plenamente justificada.
Tal como reveló CR Hoy, la Procuraduría General de la República, entidad que actúa como abogada del Estado, solicitará una indemnización de ₡10 millones durante el juicio. La institución presentó una querella —o acusación particular— y una acción civil resarcitoria, adjuntas a la acusación elevada por la Fiscalía General contra el legislador.