Jueces y fiscales sospechosos de filtrar información a abogado quedaron por la libre
Juzgado Penal de Hacienda rechazó la petición de medidas cautelares
Los 3 jueces de la República y 3 fiscales detenidos a mediados de junio ligados con varios delitos, quedaron completamente en libertad, luego de que el Juzgado Penal de Hacienda rechazó la petición de medidas cautelares.
Estos funcionarios judiciales son investigados por supuestamente filtrar información de causas penales a Luis Diego Ulloa, un exjuez que renunció para, en apariencia, defender legamente a miembros de bandas criminales de Cartago.
A nivel disciplinario administrativo los 6 fueron suspendidos con goce de salario por la Inspección Judicial para mantenerlos separados de su cargo mientras la investigación avanza; no obstante, a nivel penal la Fiscalía Anticorrupción (FAPTA) finalmente no consiguió medidas cautelares.
Las investigaciones del Caso Topo iniciaron con la muerte del exjuez apellidos Ulloa Rodríguez, que ocurrió el 27 de febrero en La Unión de Cartago. Él trabajó años atrás en el Juzgado de la localidad y después se dedicaba a ejercer la defensa de estructuras criminales conocidas y trascendentes en la Vieja Metrópoli.
Se cree que previo a su muerte, sacaba provecho de la amistad y relación hasta familiar con varios funcionarios judiciales en activo, para recibir datos de sobre casos penales que él llevaba como abogado defensor privado.
Vaivén de cautelares
La incautación y posterior revisión del teléfono de Luis Diego Ulloa fue clave para descubrir que al menos 6 funcionarios le facilitaban datos de las causas penales. Cuando se decomisó el celular, se encontraron más de 300 mil archivos en ese dispositivo, confirmó días atrás el director del OIJ, Randall Zúñiga.
El volumen de trabajo fue tal que el OIJ tuvo que detener una unidad de trabajo de la Sección de Corrupción, para poder procesar toda la información.
La revisión e interpretación que hicieron los agentes de esos miles de documentos fue lo que permitió identificar cuáles eran los funcionarios dentro del Poder Judicial que de alguna forma participaban en facilitar datos de causas penales.
Contra estos 6 funcionarios de la administración de justicia, se impusieron una serie de medidas cautelares el 23 de junio anterior, luego de ser detenidos el día 14 de ese mismo mes.
No obstante, apelaron la decisión y el Juzgado a cargo anuló las medidas, al declarar ineficacia de la resolución inicial.
Por eso se debió realizar una segunda audiencia a finales de julio, pero la resolución se notificó hasta hoy 14 de agosto.
En el expediente judicial figuran tres jueces identificados con los apellidos Cabezas, Sánchez, Padilla, así como los tres fiscales de apellidos Kikut, Darcia y Ulloa. Esta última es hermana del exjuez y abogado asesinado.
En la investigación se imputan delitos como tráfico de influencias, divulgación de secretos, cohecho propio, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, prevaricato y posiblemente hasta legitimación de capitales.