JPS intentó discutir confidencialmente compra de nuevo edificio para evitar “ruido” en la prensa

Buscaban "blindarse" ante reacciones de la prensa, Asamblea y Casa Presidencial.

12 de Jun. 2024 | 12:04 am

Los directivos de la Junta de Protección Social (JPS) valoraron imponer confidencialidad al acuerdo que definió la adjudicación del terreno para construir el edificio nuevo donde se instalará la sede central de la entidad.

El acta ordinaria 10-2024 de la sesión de junta directiva, celebrada el 19 de febrero, revela que se quiso manejar de manera confidencial las negociaciones para la compra de la propiedad. La cúpula de la institución optó por adquirir una propiedad ubicada en Barrio Cuba, San José, por la cual se acordó pagar más de ₡3.369 millones.

El documento señala que Esmeralda Britton González, presidenta ejecutiva de la JPS, sugirió que el acuerdo de compra no fuera público hasta 3 días después.

Los jerarcas presentes en la sesión definieron que se solicitara a la Secretaría de Actas de la junta directiva comunicar el acuerdo JD-086 el día 22 de febrero de 2024, en vista de que el tema de la compra podría generar "ruido" y para que "no se filtrara antes de tiempo".

Sobre la propiedad seleccionada, la Dirección de Control Urbano de la Municipalidad de San José emitió la resolución de declaración jurada para solicitud de uso de suelo de la tierra urbano, con fecha del 2 de abril de 2024, en la que se advierte que el inmueble tiene "muy alta" amenaza a deslizamientos e inundaciones. 

Incluso, ese documento fue aportado por la sociedad que presentó la oferta. El terreno alberga actualmente el establecimiento comercial Maxiconsumo y la empresa oferente es representada por un ciudadano chino de apellido Lin. Así consta en el expediente de la licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

En la sesión del 19 de febrero, cuando se iba a votar el acuerdo sobre la compra del terreno, los directivos hicieron sus valoraciones sobre lo que podía pasar en caso de que esta información llegara a los medios de comunicación y hasta expusieron que tenían una estrategia de comunicación ante cualquier reacción en medios.

"(…) se está elaborando lo que se conoce como un kit de prensa, porque esto va a ser, si ha habido ruido antes de que ni siquiera hubiera un acuerdo de junta directiva tan fuerte como el que se va a tomar ahora, verdad, queremos estar blindados y poder tener respuestas a esos ataques, puede ser que nos tengan. Entonces a nosotros todavía nos queda un paso muy importante que es una reunión con los voceros, para ver estos temas, el kit de prensa ya está prácticamente listo, pero se nos vino todo esto como muy encima", expuso Rosangela Campos Sanabria, ingeniera del Departamento de Servicios Administrativos de la JPS.

Campos sugirió "dar tiempo a que todavía no sea público por lo menos una semana", en caso de quedar en firme el acuerdo, para reunirse con Britton, la gerencia general y otros posibles voceros con los que planearon mitigar cualquier publicación sobre la compra del terreno.

La funcionaria sugirió dejar el tema bajo confidencialidad o al menos que no se hiciera público de inmediato, pues es un tema que podía "causar muchísimo ruido".

Blindarse a reacciones

Imagen aérea del terreno adquirido por la JPS en más de ₡3.369 millones. CRH/Google Earth

Olman Brenes Brenes, gerente financiero de la JPS, fue más allá y dijo en la sesión que, además de la prensa, debían blindarse de posibles ataques de otras instituciones y hasta mencionó los supremos poderes de la República.

"Dentro del esquema que hemos estado planteando, esta una estrategia de comunicación, pues hemos estado totalmente de la mano, hombro a hombro con Rosario y con Heidy (encargadas de prensa de la JPS). En el sentido de que establezcamos las pautas necesarias a fin de hacerle frente a cualquier, para estar blindados para estar protegidos ante cualquier reacción de la prensa, cualquier reacción de la Asamblea, cualquier reacción de Casa Presidencial, cualquier reacción de sindicatos, cualquier reacción de vendedores de lotería y también cualquier reacción de organizaciones sociales", dijo.

Brenes planteó la posibilidad de que se hiciera público el acuerdo hasta un día después de que se tomara, mientras concluían la estrategia de comunicación para mitigar cualquier reacción.

Arturo Ortiz Sánchez, también directivo, reformó la idea de considerar el tema como confidencial bajo los parámetros que había planteado la asesora jurídica a la JPS, Ana Marcela Sánchez Quesada, el cual consistía en tomar el acuerdo, pero no dejarlo en firme en esa misma sesión para que no se hiciera público de inmediato y ratificar el acuerdo hasta la siguiente reunión para dar un "tiempo necesario" a concluir el plan de comunicación.

Ortiz dijo que de acuerdo con la política aprobada por la junta directiva en el 2023, para poder optar por esa vía debía mediar una solicitud por parte de la administración, indicando los argumentos técnicos y legales para solicitar la confidencialidad.

"(…) la junta directiva tenía que haberlo valorado y al momento de tomar el acuerdo incorporar porque se declaraba confidencial y un acuerdo adicional. Ese es un tema, el otro era la opción que usted decía que no se tomara en firme y que adquiere firmeza cuando se apruebe el acta, como dice la Ley General de la Administración Pública. Entonces, mientras tanto, el acuerdo no circula, verdad y no tiene que ser notificado", explicó la asesora legal.

Esta segunda opción no se tomó debido a que el tema debió aclararse antes de tomar el acuerdo y este ya se había votado, lo que les imposibilitaba acogerse a esa vía. Además, no hubo una solicitud previa con los argumentos técnicos y legales para que se declarara confidencial por parte de los directivos.

La presidenta ejecutiva Britton sugirió comunicar el acuerdo días después para que no se hiciera público de inmediato. Por lo que los jerarcas decidieron, apegados a la Ley General de Administración Pública, tomar los 3 días de plazo para notificar los acuerdos adoptados.

"(…) son 3 días después de adoptar, el acto tiene que ser comunicado. Una instrucción porque es mejor, y así es más seguro para la secretaría de actas, porque si no se le estaría consultando, porque ese acuerdo adoptado hoy y adoptado en firme, no fue comunicado mañana, que es usualmente lo que siempre sucede, verdad, que se comunica al día siguiente. Entonces una instrucción concreta a la secretaría de actas", explicó Sánchez a la presidenta de la JPS.

"Bueno, y esperemos que no se filtre, porque todo se filtra antes de tiempo aquí", comentó la presidenta.

Así las cosas, se le notificó a Amanda Barquero Lizano, de la secretaría de citas, comunicarlo hasta el 22 de febrero de 2024 a la Comisión de Edificio, Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera.

JPS: "No hay nada escondido"

Édgar Díaz Salas, gerente de Desarrollo Social de la JPS, dijo desconocer que en alguna de las sesiones de la JPS se tratara el tema de la confidencialidad, por lo que probablemente ese día él no participó.

"(…) no hay nada escondido. Por lo tanto, no veo de ninguna manera que tengamos que esconder nada porque todo está ahí, ni que tengamos algún cuidado. Sí, por supuesto, somos una institución que al día a día se relaciona con los medios de comunicación. Entonces tenemos mucho cuidado con lo que sacamos a la luz pública y como lo comunicamos. Pero, es algo muy normal que usted encontrará en cualquier institución y cada una tiene su línea y política sobre cómo comunicar. Ahí está todo, tanto está que ustedes lo pudieron ubicar y ustedes nos contactan para hacernos consultas", respondió.

Se insistió en por qué el motivo de buscar la confidencialidad, pero Díaz dijo que él no era la persona indicada para responder a este tema. Pese a que en la entrevista virtual participó la ingeniera Rosangela Campos Sanabria, ella no emitió un criterio sobre lo discutido en esa sesión.

Zona de riesgo

El 19 de febrero, la directiva avaló la adjudicación de la compra de la propiedad donde está la sede de Maxiconsumo. El lote está ubicado cerca de la fábrica Numar.

Según el estudio de uso de suelo presentado por dueño de la propiedad, el lote está ubicado en una zona con amenaza de deslizamientos e inundaciones en categoría "muy alta" y un Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) "bajo".

La escogencia del inmueble tomó como base el informe hecho el 12 de enero por el Consorcio C&C Consultores Asociados, en calidad de gestor del proyecto denominado "Casa Nueva".

El terreno comprende un área de 10.390 metros cuadrados (m²), con el plano catastro 1-1509159-2011 y el número de finca 593510.

El acto de adjudicación quedó en firme el 6 de mayo y a este 10 de junio únicamente restaban por completar los detalles finales para la firma del contrato.

Una vez que esto suceda, la Procuraduría General de la República (JSP) se hará cargo de inscribir el inmueble a nombre del Estado para poder ejecutar la construcción del edificio mediante un nuevo contrato. La JPS estima que ese trámite puede tardar 2 meses.

Uso de suelo otorgado por la Municipalidad de San José y presentado en la oferta adjudicada. Sicop

La selección del terreno se hizo tras evaluar 16 propuestas, de la cuales solo 3 resultaron elegibles tras revisar los requisitos solicitados. Entre los finalistas estaban Inversiones Metales del Pacífico S.A. y Centro Corporativo Paseo Colón. Pero, la junta se declinó por la opción de la propiedad donde actualmente opera el supermercado.

La elección se tomó pese a que el documento de ficha técnica de referencia de mercado para el bien más apto, publicada por la JPS en el Sicop, advierte que "la propiedad no deberá verse afectada por fuentes de agua, cauces de agua y amenazas naturales". Esto mismo recoge el informe de recomendación de adquisición de inmueble.

Díaz Salas, explicó que la institución no se basa en "primera instancia" en la documentación aportada por los oferentes y que, más bien, complementaron esto con análisis propios y visitas al inmueble.

"Una vez que nosotros recibimos las ofertas, nos dimos a la tarea de revisar todos los datos de cada uno de los terrenos. Nosotros no nos basamos en documentos que nos haya presentado el oferente, en primera instancia. Si no que nosotros nos movilizamos, fuimos y revisamos los datos que tenemos. Al uso del inmueble se le hicieron varias revisiones. Se revisó el IFA, el cual es un índice que es muy importante para nosotros. El índice para esa zona dio un nivel muy bajo, realmente bajo", dijo.

El funcionario que en el terreno se hicieron pruebas satisfactorias de hasta 13 metros de profundidad sobre el suelo, pese a que existe un documento municipal que advierte el riesgo.

Díaz insistió en que la comisión interna de la JPS, el comité asesor y la empresa evaluadora determinaron que el terreno "cumplía con todos los requisitos y que es apto para construir las nuevas instalaciones".

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