Jerarcas de Comercio y Cancillería se desligan de decreto 5G
Los ministros de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar y Arnoldo André se desligaron de los cuestionamientos alrededor del decreto del Poder Ejecutivo 44196-MSP-Micit, que deja a las empresas chinas fuera del desarrollo de las redes 5G en Costa Rica.
Este miércoles Tovar y André comparecieron ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, donde se analiza e investiga dicho decreto.
El canciller André mencionó que no tenía mayor información que aportar para la investigación de los diputados, ya que aseguró que la Cancillería no participó en la redacción del decreto y que este ni siquiera le fue consultado. En ese sentido, mencionó que el decreto del Ejecutivo son asuntos técnicos y de seguridad que atienden los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Seguridad Pública.
Según André, en la Cancillería solo se atendió las expresiones de preocupación de la embajada de China tras el decreto que excluyó la participación de empresas de su país en el despliegue de esta red.
Tovar, por su parte, mencionó que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) no participó en la redacción del texto.
A criterios de sectores empresariales y políticos, este decreto atenta contra la libre competencia y tiene un impacto sobre la seguridad jurídica y que en el progreso de las inversiones de los operadores y gestiones de negocios para el despliegue de sus redes.
Los diputados concluyeron que el Gobierno "tomó una decisión política y no técnica" sobre este decreto y su decisión de excluir a las empresas chinas.
Además de los cuestionamientos de los diputados y de los empresarios, en octubre anterior la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) se sumó a los cuestionamientos
En esa ocasión, el Consejo de la Sutel dijo que dicho documento "genera incertidumbre" y que limita la capacidad de competencia en el sector.
El Poder Ejecutivo ha manifestado que empresas basadas en países que no ratificaron en su ordenamiento jurídico el Convenio de Budapest están excluidas como oferentes para proveer infraestructura de telecomunicaciones para redes 5G.