Presidenta de CCSS reinstaló a investigados por mascarillas y ahora pide medidas en contra

(CRHoy.com) La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, busca que se dicten medidas cautelares contra los funcionarios investigados por aparentes irregularidades en compras millonarias de mascarillas, un mes después de que reinstaló a -por lo menos- dos de ellos.

El 22 de febrero de 2023, la jerarca instruyó a su Dirección Jurídica apersonarse para que represente a la institución administradora de los centros médicos públicos del país en el expediente 20-027795-0042-PE y que solicitara al Ministerio Público la gestión de disposiciones para los funcionarios activos.

La orden se giró un día después de que CRHoy.com revelara el regreso de Miguel Salas Araya como director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, y de Maynor Barrantes Castro como el jefe de Adquisiciones de Bienes y Servicios.

Según la Gerencia General, el primero de los funcionarios fue reubicado en el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss), mientras que el segundo fue trasladado a la Dirección de Administración de Proyectos Especiales. Esto entre el 17 de setiembre de 2020 y el 17 de enero de 2023, durante el desarrollo de los respectivos procedimientos disciplinarios contra ambos.

Al justificar la reinstalación de los servidores en cuestión, Esquivel Rodríguez expuso que "los motivos iniciales para las medidas cautelares que establecieron los traslados como resguardo de los procesos en las primeras etapas y para asegurar el adecuado desarrollo de las investigaciones carecen actualmente de pertinencia jurídica".

Precisó entonces que las pesquisas administrativas por las supuestas anomalías en la compra de los respiradores filtrantes de partículas para protección respiratoria KN95 se encontraban en etapas avanzadas de cara a los informes que debía emitir el órgano director.

"De tal manera que el retorno de los funcionarios a sus puestos de trabajo no representa un peligro para los procedimientos", indicó la presidenta ejecutiva.

Sin ahondar en detalles, mencionó que "de parte de las autoridades se está gestionando para un movimiento de una de las plazas a otra unidad".

Pero el 20 de febrero de 2023, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) dirigió 21 allanamientos simultáneos por las presuntas anomalías en la adquisición de los tapabocas.

Es en virtud de esos operativos que este medio le solicitó un comentario a la jerarca sobre su decisión, ante lo que reiteró los argumentos antes mencionados, al tiempo que anunció la instrucción que dio a la Dirección Jurídica.

La separación de Salas Araya y Barrantes Castro de sus cargos se dio en el marco de una investigación que buscaba determinar las condiciones en las que la Caja adjudicó una compra de urgencia de 12 millones de tapabocas por $4 millones, el 27 de mayo de 2020, en medio del estado de emergencia nacional por el COVID-19.

En otra vía

Marta Esquivel Rodríguez insiste en que la reinstalación de los funcionarios se dio dados los avances de las pesquisas internas y la ausencia de peligros a los procedimientos; pero no se ha referido a las implicaciones de esa decisión en causas penales que eran de conocimiento público desde hace dos años y medio.

El sitio de noticias AmeliaRueda.com reveló el 5 de agosto de 2020 que, luego de analizar una serie de publicaciones del diario La Nación, la Fiscalía Anticorrupción abrió el expediente 20-000122-1218-PE. En aquella oportunidad no se precisaron los delitos que se perseguían ni se habían identificado posibles sospechosos. Además, el medio señaló que la Fiscalía General tenía bajo estudio una denuncia sobre los mismos hechos.

Por su lado, el rotativo dio a conocer el 1° de diciembre de 2020 de una segunda investigación que se seguía bajo el número de referencia 20-000175-1218-PE por aparente tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.

El 20 de febrero de 2023, el Ministerio Público dirigió 21 allanamientos como parte de un tercer caso: el 20-027795-0042-PE. En este también se persigue supuesta influencia en contra de la Hacienda Pública.

Dicha causa, que pareciera ser la de mayor avance, está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y se sigue contra:

• Roberto Cervantes Barrantes, exgerente general.
• Guadalupe Arias Sandoval, exasesora de Gerencia General.
• Luis Fernando Porras Meléndez, exgerente de Logística.
• Hans Vindas Céspedes, exasesor de Gerencia de Logística.
• Miguel Salas Araya, director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios.
• Maynor Barrantes Castro, jefe de Adquisiciones de Bienes y Servicios.
• Nidia Medrano Durán, exintegrante de comisión técnica.
• Soraya Solano Acuña, exintegrante de comisión técnica.
• Esteban Corrales Vega, exintegrante de comisión técnica.
• Miren Martínez Ruiz, proveedor.
• David Landergren Castro, proveedor.

Barrantes Castro es señalado en la orden de allanamiento -a la que CRHoy.com tuvo acceso- por supuestamente haber intervenido al analizar la oferta de Martínez Ruiz, misma que -en apariencia- no cumplía con los requisitos.

Asimismo, por presuntamente haber otorgado una recomendación positiva para adjudicar a la empresa, avalándole el pago por medio de "Cartas de Crédito", dándole con esto una posible ventaja indebida y produciéndole con su actuar un resultado lesivo al interés público.

De Salas Araya, se cree que recibió la sugerencia del otro imputado.

El operativo se desarrolló en las oficinas de la Caja de Seguro Social en el edificio Océano y en barrio Don Bosco, en Hospital de San José; así como el Centro Corporativo Internacional, la sede de IBT S.A. y la Oficina Landergren Consulting Gruop. También fueron intervenidas viviendas en Pavas de San José, Escazú, Santa Ana, La Guácima de Alajuela, Heredia y Cartago.

La pesquisa busca determinar si altos jerarcas y mandos medios de la institución usaron sus puestos para intervenir en procesos de compra durante la pandemia.

Específicamente, se persigue la supuesta facilitación de procesos para la compra de respiradores para su beneficio y para el favorecimiento de proveedores que nunca habían contratado con la Caja de Seguro Social y que, supuestamente, se dedicaban a otros tipos de actividades económicas.

Se cree que, extemporáneamente, las compañías presentaron ofertas que incumplían con los requisitos mínimos exigidos dentro del cartel.

Sin embargo, aparentemente, resultaron adjudicadas, pese a que existían otras alternativas que cumplían con los requerimientos, así como empresas reconocidas por ser proveedores regulares de la entidad.