Jefes de fracción discutirán el jueves abrir investigación por presunta corrupción en obra pública

(CRHoy.com).-La moción para que la Asamblea Legislativa conforme una comisión investigadora de los presuntos hechos de corrupción que se conocieron este lunes en procesos de construcción de obras públicas, deberá pasar primero por el tamiz de los jefes de fracción del Congreso.

El caso en mención es el que presuntamente funcionarios públicos habrían realizado ajustes presupuestarios indebidos para favorecer los vínculos contractuales con compañías constructoras de obra pública, generando un hueco de carácter presupuestario que ascendería a más de ¢78 mil millones.

A pesar que desde esta tarde los diputados Jonathan Prendas y Franggi Nicolás, de Nueva República y Liberación Nacional, presentaron la la moción para que aprobara crear esta comisión, la misma no fue votada en el Plenario este lunes.

Antes de votarla, los diputados acordaron que el tema sea discutido por los jefes de fracción en la reunión semanal de los jueves.

Si el jueves los jefes de bancada aprueban discutir la moción en el Plenario, la misma deberá ser aprobada con 38 votos. De aprobarse, la Presidencia de la Asamblea Legislativa deberá conformar la comisión, juramentarla y darle un plazo para la presentación de su informe.

Nicolás y Prendas proponen que la comisión se integre con 2 diputados del Partido Liberación Nacional y uno de las fracciones de Acción Ciudadana, Restauración Nacional y Unidad Social Cristiana. Además proponen un diputado de las fracciones minoritarias y uno por parte de los independientes.

Ambos insisten en que la Asamblea Legislativa no puede "ser ajena a lo acontecido y en el ejercicio del control político y custodia de los fondos públicos que le asiste a este Primer Poder la República colaborar en el proceso de investigación, esto por tratarse de una suma cuantiosa de fondos públicos".

Este lunes desde tempranas horas de la mañana el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en conjunto con el Ministerio Público realizaron múltiples allanamientos en 57 puntos del país y 14 entidades públicas entre ellas la Casa Presidencial, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Las autoridades investigan presuntos delitos de peculado, cohecho, falsedad ideológica, malversación de fondos, tráfico de influencias, entre otros.

Según el director del OIJ, Wálter Espinoza, este caso está relacionado con presunta corrupción en la función pública, así como aparentes violaciones a los deberes de probidad y malversación de fondo en la construcción de obras públicas como carreteras y vías.

Al parecer, funcionarios y asesores de gobierno y colaboradores de las empresas constructoras habrían influido para favorecer algunos proyectos de las constructoras involucradas.

Las investigaciones del Ministerio Público encontraron que en algunos casos presuntamente se desvió el presupuesto aprobado para otros proyectos a favor de adelantar las obras de estas compañías. A cambio, se habrían dado terrenos, autos, paseos, pagos por favores sexuales a las personas investigadas.

Se mencionó que empleados públicos habrían realizado ajustes presupuestarios indebidos para favorecer los vínculos contractuales con compañías  constructoras de obra pública, generando un hueco de carácter presupuestario que ascendería a más de ¢78 mil millones.