Jefe de fracción del PLN: Proyecto Jaguar 2.0 también es inconstitucional
Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN (CRH)
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) Óscar Izquierdo, afirmó este miércoles en el debate reglado sobre el llamado proyecto de ley Jaguar, del Gobierno, que la segunda versión de esta propuesta, también es inconstitucional.
El verdiblanco que llegó a esa conclusión luego de conversar con el abogado constitucionalista Alex Solís Fallas, quien asesoró al presidente Chaves en la primera propuesta de esta ley, advirtiendo al mandatario los roces constitucionales del proyecto.
"Ese proyecto nuevo, que ayer corrieron a presentar, anuncio que también es inconstitucional", comentó el liberacionista.
"Es inaceptable que, ante la censura constitucional de un proyecto por falaz e inviable, Chaves opte por desviar la atención, presentando otro proyecto, sin contar con la integralidad de la sentencia, de manera improvisada", agregó.
"¿Qué tiene que ver el proyecto con los felinos? Nada. ¿Qué tiene que ver el título con lo propuesto? Nada. Es decir, siguen tirando cortinas de humo y engañando", enfatizó el verdiblanco.
Lamentó también que el mandatario no asuma las responsabilidades como presidente de la República y que diga que ahora la "bola están en la Asamblea", porque esto "esto no es una mejenga", mencionó.
Mientras que la jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) María Marta Carballo, señaló que es falso que al Gobierno le interese agilizar la obra pública o mejorar las labores de la Contraloría, si no crear una narrativa.
"La nueva propuesta Jaguar, solo se hizo para salir del paso. Porque los artículos que primero dijeron eran importantes, ahora no. Esto demuestra que se hizo sin afinar la punta del lápiz, lo que quieren es hablar de referéndum para polarizar", afirmó.
Carballo resaltó que ellos han presentado un nuevo proyecto para agilizar los procesos de contratación, mantienen los controles necesarios para garantizar la transparencia en los contratos pública y que la Contraloría no pueda coadministrar.