Japdeva firma primeros contratos bajo controvertido reglamento de arriendo en su finca
La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) firmó los primeros contratos de arriendo bajo el controvertido reglamento que publicó el año anterior.
La entidad respondió a consultas de CR Hoy sobre la implementación del reglamento y las razones que tiene para mantener el plan de aplicarlo.
Según la respuesta de la Junta, en setiembre se firmaron los dos primeros contratos, en los que las familias cumplieron con los requisitos establecidos en el mismo reglamento.
Además, la institución limonense indicó que existe una lista de solicitudes. Estas serán revisadas y, una vez pasen el filtro técnico, serán presentadas ante la Junta Directiva para su aprobación.
Japdeva mantiene su intención de aplicar este reglamento de arriendo que han criticado distintas comunidades y organizaciones.
"El reglamento constituye un mecanismo legal para brindar seguridad jurídica, ordenamiento territorial y que las personas puedan acceder a diferentes programas sociales y de ayuda que tienen otras instituciones", argumentó la entidad portuaria.
Al no contar con títulos de propiedad, a los habitantes de esta finca se les dificulta acceder a programas como bonos sociales.
Critican reglamento de Japdeva
En 2024, la entidad encargada de los puertos en Limón publicó un reglamento para cobrar arriendo en terrenos ubicados en la finca propiedad de Japdeva.
Se trata específicamente de terrenos ubicados en la finca matrícula N° 7-096658-000, ubicada en el Caribe noreste. Solo esta finca abarca un 2% del territorio nacional y está repartida entre los cantones de Limón, Matina, Siquirres, Guácimo, Pococí, Sarapiquí y San Carlos.
La Comisión Vertiente Atlántica, una de las opositoras al reglamento, calcula que en esa finca habitan unas 60.000 personas.
El reglamento transforma el concepto de cánon que se venía trabajando por el uso de la tierra al de un alquiler por vivir en esa finca, aún cuando las familias hayan construido sus propias casas y habiten allí incluso antes de que Japdeva se creara.
Por ejemplo, para el uso habitacional el cobro sería del 1% del valor del terreno, partiendo de la base mínima de ₡10.000 anuales. Se incluyen otras tarifas también para usos agropecuario, hotelero, comercial, industrial, mixto o público.
La Comisión, que reúne a diversas organizaciones comunales, reclama que la elaboración del reglamento excluyó la participación ciudadana y estudios técnicos, y que es inconstitucional. Además, señala que la entidad busca sacar a los habitantes para concesionar tierras.
"El reglamento violenta el que esa persona, que con sus propios recursos construyó la casa, y Japdeva le dice que va a enviar un perito para valorar cuánto vale y que la casa le pertenece a Japdeva. El cambio de naturaleza de cánon a cobro de arriendo privatiza. Quieren que las personas renuncien a esos derechos de posesión", señaló a CR Hoy Yajaira Rojas, coordinadora de la Comisión.
La Comisión elaboró un documento con propuestas y peticiones. Entre estas están suspender el reglamento, censar a los habitantes de la finca y zonificar la propiedad.
Japdeva aseguró que ha estado en disposición de diálogo y de crear una nueva versión del reglamento, siempre y cuando se apegue al marco de legalidad.
La presidencia de Junta, ejercida por Sucy Wing, afirmó que ha realizado giras de diálogo y conversatorios en comunidades como La Lucha, Parismina, Tortuguero y Barra de Colorado.
Estas giras permitieron crear una nueva versión del reglamento. Sin embargo, posterior a estas reuniones y acuerdos previos, la nueva versión quedó también enterrada ante la oposición que tuvo. Por el momento, el reglamento publicado en La Gaceta el año pasado es el que sigue vigente.