Japdeva cuestiona resolución que ordena reinstalar a 45 exfuncionarios

La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva) cuestionó la resolución judicial 202400012 que ordena reinstalar a 45 funcionarios de la Unidad de Protección y Resguardo Portuario, despedidos en 2022.

El Tribunal de Limón Civil y Trabajo de la Zona Atlántica acogió una medida cautelar interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) en favor de los afectados.

Según la medida cautelar, el cese de los colaboradores ocurrió en momentos donde se pretendió la búsqueda de la tercerización en los servicios de vigilancia de las terminales portuarias de un día para otro.

Sussy Wing Ching, presidenta ejecutiva, enumeró que hay escasez de fundamentos en la orden judicial, pero que como entidad estatal se debe acatar.

Según la jerarca, la obligación de los Tribunales es el de emitir resoluciones fundamentadas en las que se desarrollen y detallen los elementos de hecho y derecho en un determinado sentido; pero que hay detalles omisos en los fundamentos.

"La resolución no hace ningún análisis de la ponderación de intereses, la cual está dispuesta por el artículo 493 del Código de Trabajo. A la luz de este artículo, toda autoridad debe valorar no solo los intereses de la parte trabajadora, sino también el impacto en el interés público.

"El artículo mencionado, también, dispone que se debe valorar la armonía y seguridad de las empresas, no pudiendo afectar el funcionamiento de las instituciones públicas ni los servicios públicos brindados (…). No obstante, el Tribunal en sus alegatos solamente valora los intereses de los extrabajadores, indicando que, como es evidente, tendrán dificultades para generar ingresos ante la pérdida de empleo", precisó la presidenta ejecutiva de Japdeva.

Estudios financieros

Desde Japdeva señalaron que los estudios financieros como la aprobación de la Contraloría General de la República (CGR) al presupuesto institucional para los efectos demuestran que la reestructuración se hizo a derecho.

Pese al señalamiento del Juzgado con respecto a la reincorporación de los funcionarios, la presidenta ejecutiva de Japdeva sigue insistiendo en la tercerización del servicio y en un presunto incumplimiento contractual por colocarlos de vuelta.

La Asamblea Legislativa dio aval a la Ley 9764, Ley de Transformación de Japdeva, cuyo objetivo era equilibrar en materia económica a la institución.

Para ello, Japdeva debía contar con una planilla cercana a 275 empleados y para octubre de 2023 alcanzó la cifra de 292 colaboradores.

El problema financiero comenzó tras la llegada de la Terminal de Contenedores de Moín y su operación en febrero de 2019. Producto de lo anterior se les otorgaron dos ayudas financieras que sumaron alrededor de ₡55.000 millones.

"JAPDEVA aplicó el despido para los trabajadores que se desempeñan en labores de vigilancia, a pesar de estar sindicalizados y no tener el visto bueno del sindicato respectivo para tal decisión, es con ello que se determina que lo pretendido si tiene motivos claros de que ha causado un daño a estas personas…", sostiene la resolución judicial.

Japdeva cuestionó la valoración del Tribunal en decir que el despido de los trabajadores sindicalizados debieran tener el visto bueno del sindicato como si ello fuera requisito de ley para finiquitar los despidos.

En segunda instancia, la presidencia ejecutiva de Japdeva expresó su disconformidad por supuestamente adelantar criterio de que la institución dañó a los trabajadores.