Investigan a funcionaria judicial por violación de fueros durante proceso contra Batalla por abuso sexual
Representante de la ODCV no alertó que Batalla contaba con inmunidad luego de ser designado como ministro.
Una funcionaria de la Oficina de la Defensa Pública Civil de la Víctima (ODCV) del Poder Judicial, de apellidos Vargas Moya, es objeto de una investigación por parte de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
La causa penal se abrió por la presunta comisión del delito de violación de fueros, el cual, al parecer, habría sido ejecutado durante su labor de acompañamiento a la víctima en la causa por abusos sexuales seguida contra el exministro Mauricio Batalla Otárola.
La información fue confirmada por el Ministerio Público, donde indicaron que el proceso penal se tramita bajo el expediente 25-000033-1218-PE.
El delito de violación de fueros está tipificado en el artículo 345 del Código Penal, el cual establece:
"Será reprimido con treinta a cien días multa el funcionario público que, en el arresto o formación de causa contra una persona con privilegio de antejuicio, no guardare la forma prescrita en la Constitución o en las leyes respectivas."
Batalla, exjerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), fue designado por el presidente Rodrigo Chaves Robles el 12 de agosto de 2023. Se libró de ir a juicio luego de pagarle a la víctima tres millones de colones como parte de un acuerdo extrajudicial para no continuar con el caso.
Según el expediente 22-000681-0994-PE abierto por la Fiscalía Adjunta de Género, en el que se le acusaba de tres abusos sexuales, los hechos habrían ocurrido en un restaurante mexicano que él tenía en el Mall San Pedro.
Dicho pacto obligaba a la mujer a retirar la denuncia y a dejar constancia ante el Tribunal Penal de San José de que no deseaba continuar con el proceso. Por esta razón, el tribunal tuvo que dictar un sobreseimiento definitivo a favor del exministro, quien aún formaba parte del gabinete de gobierno.
Vargas Moya fue la encargada de tramitar la solicitud de acción civil resarcitoria a favor de la presunta víctima de los abusos atribuidos a Batalla. Sin embargo, durante el desarrollo de la causa, omitió alertar a las instancias por las que pasó el expediente que el ingeniero había sido nombrado en un nuevo cargo dentro del gobierno.
Desde el momento de su designación por parte de Chaves Robles, Batalla adquirió inmunidad o fuero de improcedibilidad penal, ya que al formar parte de un supremo poder de la República —el Ejecutivo, en este caso— gozaba de ese beneficio.
Esto implicaba que su causa penal no podía seguir tramitándose por la vía ordinaria. Al tratarse de un miembro del gabinete, el expediente debía ser sometido a análisis para, una vez concluida la etapa de acusación, ser remitido a los magistrados de la Sala III, lineamientos que no fueron respetados.
El expediente del caso Batalla incluye un oficio que confirma el apersonamiento de Vargas Moya como la funcionaria designada para delegarle la acción civil resarcitoria de la ofendida desde el 21 de agosto de 2023. Por tanto, ella conocía los detalles del proceso desde un año antes del nombramiento del entonces director del Conavi como ministro del MOPT.
El 23 de agosto del mismo año, Vargas redactó la justificación para solicitar la suma de tres millones de colones en favor de la víctima, por concepto de daños y perjuicios derivados de los supuestos actos cometidos por Batalla. En el documento presentó seis puntos clave para sustentar su petición ante un eventual juicio.
Asimismo, incluyó a la joven como actora civil y solicitó la cancelación del pago de las costas procesales y personales derivadas de la interposición y trámite de la acción presentada.
La funcionaria incorporó prueba documental y propuso a cuatro personas como testigos para respaldar su petición. Sin embargo, una vez que Batalla asumió el nuevo cargo, y según consta en correos electrónicos, Vargas no solicitó ninguna modificación en el trámite del proceso que considerara la inmunidad con la que ya contaba el ahora exministro.
Mauricio Batalla. Foto: Casa Presidencial
Tampoco advirtió a las instancias antes del 11 de noviembre de 2024, día en que las partes estaban convocadas para decidir si el caso se elevaba a juicio, que Mauricio Batalla formaba parte del gabinete de gobierno juramentado por Chaves Robles. Esa omisión es ahora materia de investigación.
Los correos electrónicos intercambiados entre las partes para preparar la audiencia fueron copiados a Vargas Moya; no obstante, no emitió ningún aviso previo sobre la inmunidad del imputado.
Adicionalmente, se consultó al Ministerio Público si la Inspección Judicial le había abierto alguna causa administrativa, sin embargo, la Inspección Fiscal confirmó que no tiene ningún expediente abierto en contra de Moya a nivel interno.
¿Qué es la ODVC?
La ODCV, es una instancia especializada para el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal, cuando la víctima delega el cobro por daños y perjuicios en el Ministerio Público, es decir, si el denunciante requiere cobrar al victimario por daños y perjuicios en razón de los presuntos delitos cometidos, la víctima puede recurrir a esta oficina en caso de no contar con recursos para pagar a un especialista privado.
Dicha oficina se encuentra adscrita al Ministerio Público, y actúa en favor de la víctima mientras esté pendiente o en desarrollo la investigación del proceso criminal, según se establece en el artículo 39 del Código Procesal Penal y 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.