Investigación por sustracción de ¢8,5 millones a empresa tiene 5 años abierta

(CRHoy.com) La persecución de una estafa telefónica que permitió la sustracción de ¢8,5 millones desde la cuenta en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) de una constructora electromecánica tiene abierta desde 2017, en la Fiscalía de II Circuito Judicial de San José y la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Pero en los últimos cinco años, esos despachos únicamente tienen por sospechosos a las tres personas que recibieron los dineros en sus cuentas, que son de apellidos Ureña Alpízar, Corrales Moraga y Ortega Obando.

"Es una frustración enorme", reportó en conversación con CRHoy.com la víctima, un ingeniero eléctrico de 34 años de edad, vecino de Santa Ana, cuyo nombre será reservado en la presente publicación. Él era codueño de la empresa junto a su padre (Q.E.P.D.) y fungía como gerente de Proyectos al momento de los hechos.

"Un viernes recibimos una llamada a la oficina, al teléfono fijo. En esa ocasión contestó mi primo, que era el asistente administrativo de nosotros. Ahí le dijeron que íbamos a recibir un pago de una constructora desde el Banco de Costa Rica (BCR) y era un pago grande. Que por eso se necesitaban unos datos, para poder recibir ese pago.

"Entonces el muchacho (timador) le dijo a mi primo que iba a confirmar el número de cédula y se lo dictó. Mi primo le dijo que estaba bien, que ese era. En eso no había caso porque el número de cédula se puede conseguir. Pero después ya le dijeron que para poder completar el depósito necesitaban el token y varios datos del banco. En ese momento mi primo le dijo que eso no podía darlo él, que tenía que comunicarse conmigo si necesitaba alguna otra cuestión al respecto…

…Ahí lo mantuvieron en el teléfono, sin decirle absolutamente nada. Luego le insistieron en que necesitaban los datos porque era un pago importante de una constructora de la que nunca dijeron el nombre", relató el ofendido.

La víctima dejó en claro que el asistente administrativo nunca dio datos sensibles o claves durante la llamada.

"Después me llamaron a mí al teléfono celular y me salen con el mismo cuento. Que es que tienen pendiente un pago para nosotros. Pero como yo manejaba todos los pagos de la empresa yo sabía que no había entrado ningún pago más. Yo, como fue un viernes, todas las mañanitas le preguntaba a las constructoras clientas de nosotros cuánto nos iban a pagar, entonces yo tenía confirmados los pagos que nos iban a hacer y sabía que no iba a entrar nada más ese día.

"Yo le dije: vea, yo sé que no viene ningún pago. Me insistían en que salía pendiente un pago. Yo les dije que yo como empresa tenía un agente bancario, que entonces lo iba a llamar. Me dijeron que entonces hiciera lo que yo quisiera. Yo colgué y con el teléfono me metí a la aplicación del banco y en eso vi que estaban moviendo platas. Entonces yo llamé al Nacional y les pedí que me congelaran las cuentas", agregó.

Una vez dentro del usuario de banco en línea, los estafadores registraron tres cuentas en los "favoritos" y realizaron a estas tres transferencias en menos de 15 minutos. Una se hizo a una cuenta del BAC Credomatic por ¢3,5 millones, mientras que las otras dos se efectuaron al Banco de Costa Rica (BCR), por ¢2,1 y ¢2,9 millones.

No obstante, ninguna de esas transacciones aparece como "autorizada", de acuerdo con los registros de la cuenta en línea de la víctima, los cuales fueron suministrados a este medio. El ofendido destacó que, en el resto de transferencias efectuadas, cuando se ingresa al mismo apartado, la página despliega cuál de los titulares de la cuenta fue el que avaló el traslado de los recursos.

Los empresarios lograron que tanto el Banco de Costa Rica como el BAC Credomatic congelaran los recursos movilizados a sus cuentas, lo que les permitió recuperar entre ¢3 y ¢4 millones. Antes, con el dinero robado se realizaron -por ejemplo- compras de hasta ¢700.000 en Walmart.

El caso en cuestión se tramita bajo el expediente 17-034835-0042-PE. Las oficinas de prensa del Ministerio Público como el Organismo de Investigación Judicial evitaron referirse a la causa en el tanto que esta avanza en la etapa de recolección y análisis de prueba, frase que es privada para terceros, en apego al Código Procesal Penal.

Por su parte, el departamento de comunicaciones del Banco Nacional señaló: "No podemos referirnos a casos específicos de clientes que han interpuesto denuncias por estafa, o bien, están considerarlo hacerlo. La información que se suministre por medio de una consulta de prensa podría afectar el proceso judicial".

Respecto a la empresa -que trabajó con otras compañías como Edificar, Construcciones CPM e Inmobiliaria Concasa- la víctima detalló que cerró en 2020, después de casi ocho años de operación. Sin embargo, el ofendido aclaró que el cierre de operaciones no se relaciona exclusivamente con la estafa.

En el 2021, la Policía Judicial recibió 3.177 denuncias por fraudes telefónicos solo en San José y, al 22 de abril del 2022, se acumulan 1.709. El año pasado, el perjuicio económico estimado por este tipo de delito fue de ¢3.000 millones y $1 millón.