Investigación por “pifia” en ruta a la TCM sigue sin imputados
Analizan responsabilidades penales en desfase que generó sobrecosto de $14 millones
(CRHoy.com) La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) mantiene abierta la causa penal por la conocida "pifia" en la construcción de la ruta nacional 257, en el acceso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
El 27 de noviembre de 2018 esa dependencia, junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizó 4 allanamientos: en el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y la empresa constructora MECO S.A.
La Fapta confirmó este 8 de julio que la causa penal se mantiene en la fase de recolección y análisis de pruebas por presuntos delitos de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados.
"Como el caso se mantiene en una etapa que no es pública, es toda la información que podemos otorgarle, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal", indicó la entidad, a través de una respuesta remitida por correo electrónico.
De momento, no hay personas imputadas en la causa seguida en el expediente 18-000009-1218-PE. Precisamente, los allanamientos del 27 de noviembre de 2018 dieron pie a las primeras pesquisas que permitieron destapar el caso Cochinilla.
¿Cuál fue la famosa "pifia" identificada? Se trató de una diferencia de 80 metros detectada en la etapa de construcción de la carretera nacional 257, la cual conecta la ruta 32 con la TCM.
Esa diferencia impedía el correcto acceso a la terminal portuaria y obligó a pagar $14 millones adicionales al precio original (la obra fue adjudicada inicialmente por $71.8 millones) con tal de dotar una solución a la anomalía.
Las obras estuvieron a cargo del Consorcio Atlántico Ruta 257, conformado por las compañías MECO S.A. y Puentes y Calzadas.
En un comunicado de prensa enviado el 22 de febrero de 2018, la fiscalía apuntó que –en ese momento- la investigación se dirigía contra los entonces ministro de Obras Públicas y Transportes (Carlos Villalta) y entonces viceministro (Germán Valverde, quien posteriormente asumió la cartera). No obstante, ninguno de los 2 exfuncionarios alcanzó la categoría de imputado.
Único sancionado
El único sancionado por este caso fue el exministro Carlos Segnini, quien dirigió el MOPT del 2014 al 2016.
El castigo recayó en virtud de que el ente contralor determinó que el exministro avaló administrativamente las obras que finalmente derivaron en la popular "megapifia" de la ruta.
La sanción también aplica para Mauricio Salom, exdirector del Conavi entre 2014 y 2016; Giselle Alfaro, exviceministra de Infraestructura del MOPT; Ana Lizeth Rodríguez Barquero, exdirectora del Conavi, Christian Campos, exdirector en representación del sector municipal y Jorge Solano, exdirector en representación de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica.
