Diputados arrancan este lunes investigación por contratos de Sinart
Los siete diputados que investigarán las contrataciones del Sinart. (Foto: CRH)
(CRHoy.com) La comisión especial legislativa que investigará las contrataciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), quedó instalada el pasado 19 de setiembre con la presencia de 7 diputados e iniciará con las audiencias esta semana.
La diputada socialcristiana Vanessa Castro será la presidenta de este foro, tras una votación dividida 4 a 3.
Los otros integrantes de la comisión son: Los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) Danny Vargas y Dinorah Barquero, quien será la secretaria, además del diputado del Frente Amplio (FA).
También la diputada del Partido Liberal Progresista (PLP) Johana Obando y la oficialista Ada Acuña.
El plenario decidió crear esta investigación, luego de que medios de comunicación independientes dieran a conocer cómo el Sinart contrató como proveedor a la empresa RMC La Productora, del productor Christian Bulgarelli, quien según indicó la ministra de educación, Anna Katharina Müller, en un documento oficial entregado a la fracción del FA, funge como asesor de comunicación de Casa Presidencial.
Además, en una respuesta que envió el propio Sinart al diputado Robles, la entonces asesora jurídica de la institución, afirmó que recibió órdenes directas del expresidente del Sinart, Allan Tigreros para contratar a la empresa RMC.
Bulgarelli, según afirmó la exministra de Comunicación Patricia Navarro, participó en el diseño de una contratación de servicios de comunicación por $300.000 financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que, posteriormente, le fue adjudicada.
Objetivos
La diputada Obando señaló como prioridad que la comisión pueda determinar si el Sinart y su agencia de publicidad establecieron aparentes contratos amañados.
"Hay una probable violación a la Ley de Contratación Administrativa, donde se cree que hubo un contrato amañado, que es lo que hay que comprobar con la investigación", indicó la diputada del PLP.
El frenteamplista Robles considera que hay que entender el contexto que rodean los contratos.
"Nos interesa y preocupa que se dieron contrataciones bajo el concepto de 'contratos especiales' y al revisar qué tienen de especial se encuentra que se dieron a gente cercana al Gobierno o incluso a un asesor del presidente de la República", comentó.
Robles también se cuestiona si el Sinart tiene las capacidades técnicas para cumplir con estos contratos.
"O el plan es agrandar el arca de recursos y finalmente subcontratar los servicios para que alguien más los agarrara casualmente en estos contratos amañados", se cuestionó el frenteamplista.
Para el liberacionista Vargas ante las dudas y cuestionamientos, hay que verificar las razones que han brindado el actual jerarca del Sinart Fernando Sandí, para justificar las contrataciones.
"Hay elementos que parecen indicar que hay anomalías como asesores que no recibieron contrataciones, igualmente la parte del BCIE y la duda principal es convertir al Sinart en una agencia de publicidad, que se ha entendido como un medio para fomentar la cultura y los valores costarricenses, pero no como agencia publicitaria", comentó el verdiblanco.
La también verdiblanca Dinorah Barquero cree que el principal objetivo de la comisión será determinar que no se están haciendo "negocios con recursos públicos".
"Es transparentar que no haya un mal manejo de estos recursos, y dos que no sea utilizado de manera irregular en beneficios en imagen o perjuicios en imagen para otras personas", mencionó.
La agencia del Sinart contrata a otras empresas para que le brinden los servicios, donde en algunos casos cobra hasta un 12% de comisión.
Un ejemplo fue cómo el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) aprobó la adjudicación de ¢2.400 millones a la agencia del Sinart en abril pasado, para gestionar estrategias de comunicación.
En la moción que los diputados presentaron para justificar la creación de la comisión se menciona que "se requiere determinar el manejo correcto o no, de fondos públicos por más de ¢8.000 millones, provenientes de 14 instituciones que concedieron contratos al Sinart mediante procedimientos expeditos aparentemente alejados de los principios normas jurídicas correspondientes".
Los diputados acordaron arrancar las sesiones de la comisión este lunes 2 de octubre, después del plenario.
En esa primera sesión se definirán las primeras audiencias.
En principio tiene un plazo hasta el próximo 24 de noviembre para rendir un informe, pero podrían solicitar al plenario ampliar el plazo.