Investigación a Asosejud detectó sobreprecios y compras a proveedores que generaron dudas
La investigación contra la Asociación Solidarista de Empleados del Poder Judicial (Asosejud) permitió detectar el pago de sobreprecios a proveedores y la contratación de empresas cuya confiabilidad generó dudas debido a su reciente creación o a las personas que las conformaban.
El expediente del caso, en el que se investiga si se cometió el delito de administración fraudulenta, revela que se identificó la compra de electrodomésticos y otros bienes a precios superiores a los del mercado. Entre 2020 y 2026, la asociación desembolsó un total de ₡3.776.621.112 a favor de un grupo reducido de proveedores.
Según la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), esto evidenció un uso injustificado de recursos, sin control ni autorización de la Asamblea General.
Un solo proveedor recibió más de ₡1.091 millones por artículos para rifas, computadoras, tabletas, pantallas, garantías, bodegaje y adelantos. Otra empresa recibió pagos por ₡386 millones entre diciembre de 2024 y agosto de 2026 por la adquisición de mercadería, inventarios, rifas y garantías.
Los productos incluían pantallas, electrodomésticos de línea blanca, computadoras y tabletas. Se adquirían tanto para la venta como para mantener inventarios y realizar sorteos entre los asociados.
Asosejud también contaba con una bodega en el cantón de Tibás. De acuerdo con la documentación judicial, el almacenamiento de suministros se realizaba sin ajustarse a principios de transparencia. Este fue uno de los lugares allanados por la Fiscalía y el OIJ en setiembre pasado.
Otra de las situaciones que despertó alertas fue que algunos proveedores estaban vinculados a las mismas personas o compartían representación legal.
Los investigadores determinaron que, entre febrero de 2020 y agosto de 2026, se pagaron casi ₡2.300 millones a dos empresas que, según sus registros, comparten representantes legales: dos hombres y una mujer de apellidos Solano Mora, así como un cuarto hombre de apellidos Solano Navarro.
A una de esas empresas, productora de eventos especiales, Asosejud le pagó ₡2.221 millones por eventos, alimentación, alquileres y asambleas. Otra recibió ₡78 millones por actividades y servicios.
Foto: Google Street View.
El Juzgado Penal de San José que analizó el caso advirtió que estas situaciones podrían haber ocurrido al margen de los controles legales y dentro de la propia asociación. El estatuto establece que la Junta Directiva es responsable de administrar todos los bienes y autorizar las operaciones financieras relevantes.
Además, la aprobación de la junta directiva era obligatoria. La adquisición de bienes y la contratación de proveedores se consideran decisiones que requieren el aval previo de ese órgano, mientras que al administrador o gerente le corresponde únicamente su implementación y seguimiento operativo.
La investigación determinó que los pagos millonarios para adquirir inventarios y las compras a proveedores con presuntos sobreprecios fueron autorizados exclusivamente por la junta, sin someterlos al control y la autorización de la Asamblea de Asociados, que eran obligatorios.
Otras operaciones de Asosejud con proveedores también están bajo la lupa. Entre ellas figura la construcción y remodelación de instalaciones, valorada en ₡937 millones y pagada mediante 29 desembolsos a la empresa constructora por la ejecución del "Proyecto edificio", sin la aprobación de la Asamblea General.
También se investiga el pago por un servicio de internet y televisión por cable, con un costo mensual de $148,56, instalado en el domicilio personal del presidente de la asociación, Parris Quesada.
Otro de los casos que generó repercusión nacional fue el financiamiento de $2.320.000 otorgado al proveedor Stockwell Entertainment para el concierto de Snoop Dogg, una operación que habría contravenido las políticas de inversión.
Debido a estos hechos, la Fiscalía consiguió la separación del cargo de diez personas, entre directivos, fiscales, gerente y funcionarios, de apellidos Quesada, Ovares, Loría, Conejo, Calvo, Montes, Ocampo, Fallas, Rojas y Villalta.
La separación rige por un año. Entre las demás medidas cautelares figuran la prohibición de ejercer, directa o indirectamente, actos de administración, representación, fiscalización o disposición patrimonial en nombre de la asociación; el impedimento de ingresar a sus oficinas, bodegas o instalaciones, y la prohibición de comunicarse, por cualquier medio y de forma directa o indirecta, con funcionarios, exfuncionarios o testigos relacionados con los hechos investigados.
También están bajo la lupa los créditos millonarios otorgados a directivos en condiciones especiales, así como otros beneficios que habrían recibido a costa de los asociados.