Inspección Judicial abre proceso tras declaraciones de Chaves en Consejo de Gobierno

(CRHoy.com) La Inspección Judicial abrió este jueves una investigación disciplinaria ante las declaraciones dadas un día antes por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en relación con un aparente conflicto de intereses en el Ministerio Público.

Al caso se le asignó el expediente 23-000216-031-DI, que se sigue contra ignorado, informó el departamento de comunicación de la Corte Suprema de Justicia.

La pesquisa se sustenta en el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, confirmó la oficina de prensa institucional ante consulta de CRHoy.com. Dicha norma refiere:

Artículo 176.- La responsabilidad disciplinaria de los servidores del Poder Judicial sólo podrá ser acordada por la autoridad competente, mediante el procedimiento establecido en este Título, el que será iniciado de oficio o a instancia de cualquier persona con interés legítimo y dentro de las garantías de defensa y legalidad que consagra el ordenamiento jurídico costarricense.

En este punto, no se ha realizado ningún traslado de cargos, pues apenas es una investigación preliminar para determinar si corresponde o no aplicar el régimen disciplinario a alguna de persona aludida.

Las declaraciones dadas por el mandatario en relación con el Ministerio Público se dieron en el marco de una consulta sobre un "mega caso" de supuesta evasión anunciado el 19 de enero anterior por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén; mismo en el que, 17 días antes, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual solicitó una desestimación por falta de pruebas. Incluso declaró que ya no podía confiar únicamente en el órgano acusador.

Chaves Robles cuestionó la labor de la fiscala Criss González Ugalde, al señalar un presunto conflicto de intereses, ya que en apariencia fue subalterna de uno de los denunciados en la causa, Leonel Baruch Goldberg, cuando este fue ministro de Hacienda. También criticó la velocidad con la que cerró el caso y el hecho que hiciera el requerimiento conclusivo durante el cierre colectivo de la Corte.

Todos esos asuntos fueron desmentidos por la servidora en un comunicado de prensa circulado horas después de la conferencia dada por el gobernante.

Primero, descartó tener una relación de amistad o enemistad con el empresario, socio mayoritario del banco BCT y presidente de este medio digital, y aclaró que cuando trabajó para la cartera lo hizo en la Dirección Jurídica, donde su jefa directa era Dagmar Hering Palomar. Agregó que inició sus labores en 1999 y que, un año después, pidió un permiso sin goce de salario que se extendió hasta 2001, por una beca de cooperación triangular que le otorgaron los gobiernos de Estados Unidos y Chile, para estudiar una maestría en Derecho Empresaria.

Luego recalcó que, producto de los análisis de elementos de pruebas aportadas en la denuncia que originó la pesquisa, se solicitó a la Sección Anticorrupción de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) un informe de pericia contable, en el que el 21 de octubre de 2022, se requirió el "trámite de una asistencia internacional a la República de Panamá" para obtener evidencias.

Consultada al respecto la Oficina de Asesoría Técnica de Relaciones Internacionales (Oatri) del Ministerio Público, se informó vía correo electrónico que su homólogo del país vecino, que los delitos contra el Tesoro Nacional o defraudación fiscal fueron tipificados mediante una ley del 31 de enero 2019 y que, antes de su entrada en vigencia, tales conductas eran competencia de la esfera administrativa y no penal.

"Esto significaba que la Asistencia Penal Internacional no resultaba viable, toda vez que los hechos delictivos investigados en Costa Rica no estaban sancionados penalmente en Panamá, es decir, que estaba ausente la doble incriminación requerida para su tramitación y diligenciamiento y por ende, esto no permitiría seguir con la investigación de la denuncia al no tener elementos para contrastar la maniobra defraudatoria denunciada", recalcó González Ugalde.

Subrayó que, además, la solicitud que planteó aún debe ser analizada por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José y que, de acogerse, no implica un cierre definitivo del caso, ya que dicho requerimiento permite una eventual reapertura, de obtenerse nuevos elementos para la investigación.

Respecto al momento en el que tramitó el pedido de desestimación, aclaró que mediante aviso del Consejo Superior, sobre "Lineamientos para la atención de asuntos y detalle de las oficinas que permanecerán abiertas durante los períodos de vacaciones colectivas 2022-2023", se estableció que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios sería uno de los despachos del Ministerio Público que debía abrir durante el cierre colectivo (del 26 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023). A raíz de esa directriz, la Unidad Administrativa de la Fiscalía dispuso que un funcionario trabajaría la semana del 26 al 30 de diciembre y que ella trabajaría la del 2 al 6 de enero.

Como parte del plan de trabajo agendado para esos días, se asignó a los dos fiscales "redactar y plantear los requerimientos conclusivos de casos que estaban en condiciones de ser resueltos", entre ellos, el expediente 22-000070-0621-PE (el ‘mega caso' en cuestión).