Iniciativa propone cárcel a quien porte un arma legal pero sin el permiso respectivo
Si el permiso de portación está vencido, se impondrá una multa de un salario base
Imagen con fines ilustrativos. CRH
Un proyecto de ley presentado por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Robles, propone endurecer las penas por el uso de armas legales, cuando el portador no cuente con permiso, lo tenga vencido o bien el arma no esté inscrita.
Se trata del expediente 24.328 que busca reformar los artículos 88 y 98 de la Ley de Armas y Explosivos.
El artículo 88 establece las sanciones en esta ley. Hoy la norma señala en relación con la tenencia y portación de armas permitidas lo siguiente:
Se le impondrá pena de 1 a 3 meses de prestación de trabajo de utilidad pública, en favor de establecimientos de bien público o utilidad comunitaria, bajo control de sus autoridades, a quien tenga en su poder armas permitidas por la presente ley que no se encuentren inscritas en el Departamento.
Con la propuesta de ley, la sanción se endurece radicalmente al imponer una pena de 2 años y hasta 4 años de cárcel, por tener armas permitidas inscritas, pero sin el debido permiso.
La reforma incluye además que si el arma no está inscrita o la portación se realiza dentro de alguno de los supuestos de delincuencia organizada o asociación ilícita, la pena se incrementará un tercio.
La actual ley señala que si el portador tiene el permiso vencido y no lo ha renovado dentro de los 9 meses posteriores al vencimiento, se le impondrá pena de 1 a 3 meses de prestación de trabajo de utilidad pública, en favor de establecimientos de bien público o utilidad comunitaria, bajo control de sus autoridades.
El proyecto en estos casos lo que propone es que si la persona porta un arma de fuego permitida, debidamente inscrita, pero el permiso se encuentre vencido, será sancionada con una multa de un salario base.
Esa multa está hoy en ¢462.200.
En caso de reincidencia, se impondrá una pena de prisión de un mes a 6 meses a partir del primer acto.
Deber de denunciar
El proyecto agrega dentro de dicho artículo la obligación de los portadores de armas a denunciar la sustracción o pérdida de esa arma de fuego.
Deberán hacerlo ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ante el Departamento de Control de Armas y Explosivos y ante el Departamento de Control de Armas y Explosivos.
Dice el proyecto sobre este apartado:
La denuncia o el reporte deberá efectuarse en un plazo perentorio de 5 días hábiles, a partir del momento en que se tuvo conocimiento del hecho.
En caso de que se recupere la posesión del bien, el hecho deberá ser igualmente reportado.
Se impondrá pena de prisión de un mes a un año, a quien omita denunciar o reportar la pérdida, el extravío o la sustracción de un arma de fuego.
La otra modificación es al artículo 98 de esta ley en referencia a la alteración de características del arma.
La ley actual señala que se aplicará una sanción de cárcel de 3 meses a un año, a quien posea una o más armas permitidas con sus números de serie, patrimonio o características de fábrica alterados o borrados.
La reforma también incrementa significativamente esta pena:
Se sancionará con pena privativa de libertad de 2 hasta 4 años de prisión a quien posea una o más armas permitidas con sus números de serie, patrimonio o características de fábrica alterados o borrados.
Diputado del PUSC Carlos Robles.
Situación es más compleja
Para el especialista en seguridad Gerardo Castaing si bien este tipo de iniciativas pueden ser loables, en su parecer no están apuntando a la situación que vive el país en materia de seguridad.
Para Castaing, quien fue director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), antes de impulsar cambios legales de este tipo, los diputados deberían enfocarse en generar procedimientos para dotar a la Fuerza Pública, que es el primer nivel de contención frente al delito, para que puedan actuar mejor.
"El problema son los delincuentes que andan armas, sicarios, narcotraficantes, asaltantes, todo el mundo anda con armas, pero están gastando energía en situaciones que no es potencialmente grave para la sociedad", explicó.
Agregó que la mayoría de asesinatos se realizan con armas de fuego, usando motocicletas y donde hay un gatillero que comete el crimen.
"Deberían de trabajar en cortar por algún lado esa estructura dinámica criminal y no lo están haciendo", agregó Castaing.
Falta controles
Según el diputado Robles y las justificaciones expuestas en el proyecto, hay ausencia de controles sobre las armas que se consideran legales.
Se indica que, según datos del año 2018, se estima que en país hay entre 200.000 y 300.000 armas de fuego que no están debidamente inscritas, lo que plantea preocupaciones significativas sobre el control y la supervisión adecuados de su posesión y uso.
"La falta de registro y control de estas armas de fuego no solo implica un riesgo para la seguridad pública, sino que también plantea interrogantes sobre la idoneidad de sus poseedores y el propósito de su tenencia. Sin una supervisión adecuada, es imposible determinar si estas armas están siendo utilizadas de manera responsable y legal, lo que puede contribuir a la proliferación del crimen y la violencia en la sociedad", dice el texto.
Datos proporcionados por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública, indican que hasta el 31 de octubre de 2023, se han decomisado un total de 2.022 armas de fuego en Costa Rica.
De esta cifra, se destaca que 1.035 corresponden a pistolas, 81 a escopetas y 86 a armas automáticas militares.
Al comparar estas estadísticas con los datos de años anteriores, se observa un aumento del 15% en el número de incautaciones con respecto al año 2022.
"Este incremento significativo en el número de decomisos con respecto a años anteriores es un indicador claro de la urgente necesidad de fortalecer las medidas de control y regulación de armas de fuego en nuestro país", señaló Robles en el proyecto.
La iniciativa debe ser convocada por el Poder Ejecutivo para que inicie su discusión, debido a que el Congreso se encuentra en el periodo de sesiones extraordinarias, donde es Casa Presidencial quien maneja la agenda de los legisladores.