Informe señala que el Invu ha pagado ₡1.600 millones por un servicio innecesario

Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:

• Un informe interno cuestiona a la gerencia del INVU por pagar ₡1.600 millones en ocho años a una empresa por un servicio de conectividad que, según el análisis, sería innecesario.

• El INVU enfrenta graves debilidades financieras y administrativas, con morosidad del 54,59 %, atrasos de casi tres años en estados financieros y fallas en control interno.

• El documento advierte riesgos financieros y reputacionales, señala posibles omisiones de autoridades y recomienda fortalecer la gestión y el control institucional.

La gerencia general del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) enfrenta cuestionamientos en un informe interno por presuntamente ejecutar, sin sustento técnico, un contrato con una empresa para brindar servicios de interfaz de conectividad. El objetivo del servicio consiste en canalizar de forma adecuada cada pago o depósito en los sistemas de préstamos y ahorros hacia las bases de datos institucionales.

Según el documento, al que tuvo acceso CR Hoy, el INVU ha desembolsado aproximadamente ₡1.600 millones a la empresa LTI durante los últimos ocho años.

El análisis, firmado por Mauricio Montero Montanari, exasesor de Ángela Mata, expresidenta del INVU, señala que las gestiones de cobro de créditos se realizan por medio del Banco de Costa Rica (BCR) y del Banco Nacional (BNCR). Ambas entidades financieras cuentan con tecnologías VPN que garantizan la seguridad en la interconectividad.

A criterio del funcionario que elaboró el estudio, el pago de ese servicio resulta innecesario, ya que el INVU podría suplirlo mediante desarrollos internos o con la gestión de un equipo propio de administradores de bases de datos.

"El servicio de la empresa contratada le cuesta a la institución en promedio 204 millones de colones al año por lo que a la fecha se le han cancelado más de 1600 millones de colones a dicha empresa, por un servicio que no resulta necesario o bien puede ser objeto de ahorros significativos", dice el informe de setiembre del 2025.

El documento expone que la junta directiva conoció la situación a través de la auditoría interna. No obstante, en algunas ocasiones declaró privadas las sesiones y, en momentos críticos, no atendió los señalamientos ni emitió acuerdos para corregirlos.

Incluso, el informe advierte que, aunque se valoren eventuales acciones, no existe evidencia de repercusiones disciplinarias por incumplimientos atribuidos a funcionarios, pese a que hay documentación de respaldo.

"No existe fiscalizador para la operativa vinculada a la conectividad a través de la empresa LTI, a la cual se le renueva el contrato por más de 8 años y se le han cancelado más de ¢1.600.000.000.00", confirma el informe.

Conclusiones coincidentes con la CGR

Otros hallazgos coinciden con observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la situación del INVU. La institución carece de una estrategia clara para garantizar su sostenibilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo.

Tampoco ha definido objetivos, metas ni indicadores que permitan dar seguimiento a esa sostenibilidad.

En materia de gestión de cobro, el informe señala la existencia de un área denominada Adquisiciones (Proveeduría), entre cuyas funciones figura el trámite de pago de facturas comerciales, labor prohibida por la CGR y la normativa vigente.

La planificación presupuestaria del INVU no incorpora proyecciones plurianuales ni mecanismos de control que permitan estimar brechas entre ingresos y egresos. Además, la estructura organizacional no contempla controles adecuados para la delegación de funciones ni para la rotación de personal.

Aunque el INVU dispone de un marco de gestión de riesgos, este no incluye amenazas asociadas a la sostenibilidad financiera ni a la legitimación de capitales. La falta de identificación y análisis oportuno de riesgos puede afectar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.

La tasa de morosidad del INVU alcanza un 54,59 % en su cartera crediticia consolidada. Sin embargo, la institución no cuenta con una estrategia integral para enfrentar el problema ni ha definido con claridad roles y responsabilidades. Apenas un 7,57 % de la morosidad se encuentra en cobro judicial, lo que evidencia debilidades en la recuperación de créditos.

En el ámbito financiero, el INVU no ha implementado mecanismos efectivos para mejorar la calidad de la información contable. Registra atrasos de casi tres años en la elaboración de estados financieros, situación que afecta la transparencia y la rendición de cuentas. Además, la falta de seguimiento en la aplicación de normas contables limita la gestión.

El liderazgo y la cultura organizacional del INVU inciden en estas debilidades. Aunque la alta dirección ha impulsado algunas acciones, persisten fallas significativas. No existen mecanismos adecuados para identificar conductas antiéticas ni procedimientos formales para supervisar resultados financieros.

Tampoco se han definido con claridad las habilidades y competencias requeridas para el personal encargado de la gestión financiera. El INVU no cuenta con un manual que oriente los procesos de reclutamiento y evaluación. La ausencia de acciones orientadas a la mejora continua impacta de forma negativa la administración institucional.

En términos generales, el informe identifica debilidades en estrategia, estructura, liderazgo, cultura organizacional, procesos e información. El INVU no dispone de una hoja de ruta clara para garantizar su sostenibilidad financiera ni ha implementado mecanismos para evaluar la efectividad de la gestión de cobro. Ante este panorama, urge fortalecer la mejora continua y adoptar un enfoque integral basado en riesgos.

Otros hallazgos del informe sobre el INVU

El documento señala que el INVU administra más de ¢198.000 millones en inversiones y cerca de ¢96.000 millones en cartera crediticia con controles insuficientes, lo que expone a la entidad a altos riesgos financieros, operativos y reputacionales. Por ello, recomienda su intervención inmediata y advierte sobre posibles responsabilidades por omisión de autoridades actuales y anteriores.

Entre los señalamientos más graves figura la ausencia de un sistema integral de control interno, incumplimientos en normativa contable y tecnológica, así como una débil gestión de riesgos. Incluso, existe una grabación en la que el director administrativo financiero reconoce ante la auditoría interna que los estados financieros no muestran información válida ni confiable.

En el ámbito contable, el informe reporta diferencias superiores a ¢4.000 millones entre registros, ausencia de conciliaciones bancarias desde 2019, libros repuestos sin asientos contables y estados financieros que no reflejan la realidad institucional. También persisten cuentas "intermodulares" con saldos multimillonarios sin depuración clara.

La gestión de cobros evidencia una morosidad superior al 54 %, más de 800 créditos en atraso sin trámite efectivo y una cartera en cobro judicial que supera los ¢8.400 millones. Además, algunos procesos prescribieron por inacción.

En tecnología, el INVU carece de un marco formal de gestión de Tecnologías de Información. El sistema ABANKS no incluye un módulo contable, lo que genera inconsistencias en los registros. A esto se suma la incertidumbre sobre los respaldos de bases de datos y el pago millonario a una empresa externa por servicios de interconectividad cuestionados.

El informe también documenta problemas internos, como la reubicación del 21 % de las plazas, el traslado del 25 % del personal a puestos distintos, reclasificaciones irregulares y un clima laboral deteriorado, donde más del 50 % del personal afirma no percibir ética ni transparencia en la gestión.

Finalmente, el documento cuestiona el manejo de bienes —con cerca de 9.000 propiedades, muchas con órdenes sanitarias pendientes—, la falta de ejecución de acuerdos de la Junta Directiva y la tramitación de pagos por parte de Proveeduría, pese a que esa función está prohibida por normativa de la Contraloría.

CR Hoy consultó al INVU su posición sobre estos señalamientos y se mantiene a la espera de una respuesta.