(Archivo/CRH).

(CRHoy.com) -Diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público responsabilizaron al Ministerio de Educación Pública (MEP) y al Consejo Superior de Educación (CSE) por presuntas violaciones legales con la aplicación de las pruebas FARO a estudiantes de primaria en noviembre del año pasado.

Así lo concluyeron en un informe de la investigación abierta por la incorporación de un cuestionario con preguntas orientadas a obtener datos personales de los estudiantes y sus familias en las Pruebas de Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO).

Según el documento, se pudo determinar que existió la ausencia de una cadena de mando y de funciones claramente establecidas para dilucidar la responsabilidad de las partes involucradas.

"Tanto las autoridades del MEP como del CSE evaden la responsabilidad acerca de la implementación del cuestionario sobre los 'Factores Asociados' en las pruebas FARO. Todo lo anteriormente expuesto denota un incumplimiento de los principios y normativa contenidos en la Ley General de Control Interno No. 8292 del 31 de julio del 2002 y manuales establecidos por la Contraloría General de la República", indican en el informe.

El incumplimiento de esto -según los legisladores- permitió que la aplicación del polémico cuestionario se realizara sin apego al bloque de legalidad, se ocasionara la pérdida de los recursos públicos invertidos y no se obtuvieran los resultados deseados.

Además, la mala delegación y coordinación de funciones entre jerarcas y subordinados no permitió el adecuado registro de la toma de decisiones en este caso. Muestra de ello son las comparecencias de los integrantes de las dos grandes autoridades del sector educativo, el CSE y el MEP, en las cuales ningún funcionario asume su responsabilidad, pese a sus mandatos legales al respecto. Se logra identificar que el MEP y, específicamente la DGEC (Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad), sustentan la mayor responsabilidad en cuanto al mal manejo de los recursos y aplicación de este tipo de pruebas a estudiantes de primaria; sin embargo, tal cuestión no significa que el CSE quede absuelto por la mala gestión de la política educativa en este caso en específico.

Sin asesoría

Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. (Archivo/CRH).

El informe también determina que la dirección a cargo de la elaboración de las pruebas FARO fue la DGEC, cuya responsabilidad recae en el Viceministerio Académico del MEP a cargo en ese momento de Melania Brenes.

En cuanto al concepto de presunta culpabilidad, la DGEC del MEP no se escapa, sobre todo por el incumplimiento en el marco de la Ley Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, con respecto a la elaboración de los contextos asociados, y este a su vez al DEAC, que ha formado parte de este y, por tanto, se verificó la irresponsabilidad ramificada que hubo en el MEP, desde sus más altas autoridades políticas hasta sus equipos institucionales técnicos.

La elaboración del cuestionario "Factores Asociados" incluido en las pruebas FARO tampoco tuvo un proceso de asesoría legal y psicológica para determinar si había faltas o no relacionadas con la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, asimismo si podría llevar o no a cabo amenazas psicológicas al estudiantado.

"Y además que el grupo encargado bajo su supervisión no fue asesorado en materia psicológica sobre el estrés, daño mental y físico al que podían ser sometidos los menores con la aplicación del cuestionario que realizaron en vista de su complejidad y extensión", se destaca en el documento.

El accionar dejó entrever que "no existió preocupación por un resguardo celoso de información tan sensible de la población afectada y su final destino o final utilización por parte de funcionarios directamente relacionados".

Cabe resaltar en estas conclusiones que resulta reprochable alegar desconocimiento o eludir responsabilidades por las autoridades antes mencionadas, incluidos el CSE, la Ministra de Educación, Giselle Cruz, el Viceministerio Académico a cargo de Melania Brenes, la DGEC liderada en su momento por don Pablo Mena, la DEAC a responsabilidad de Florlenis Chévez y el grupo de funcionarios y funcionarias de "Diagnóstico de Factores Asociados y Logística". Ello por cuanto es fácil distinguir que, con intención dolosa, por negligencia o por incumplimiento de deberes la formulación de estos cuestionarios fue de forma inconstitucional y, su aplicación, contraria a nuestra legislación vigente y poco ética.

Recomendaciones

Contraloría General de la República. (Archivo/CRH).

En su informe, los diputados recomiendan al Plenario Legislativo trasladar copia del expediente al Ministerio Público, a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) y a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).

También piden a la Contraloría General de la República (CGR) investigar las presuntas irregularidades de los funcionarios públicos involucrados, así como las posibles sanciones, tales como destituciones o inhabilitación de ejercer cargos públicos.

Además, solicitan a la PEP determinar si las actuaciones atribuibles a los funcionarios públicos involucrados constituyen faltas a la ética y probidad.

Los legisladores recomiendan también a la Prodhab que la Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Paz abra una investigación para establecer las responsabilidades por el cumplimiento de la legislación que garantiza la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales.

El informe tendrá que ser discutido y votado por los nuevos diputados en el Plenario Legislativo.