Informe legislativo apunta delitos en nombramientos del Banco Nacional
Un informe de la comisión legislativa que investigó la injerencia del Poder Ejecutivo en el nombramiento de la Junta Directiva del Banco Nacional señala la posible comisión de delitos como prevaricato, abuso de autoridad y nombramientos ilegales en la destitución e integración de ese órgano.
A partir de esas conclusiones, el Ministerio Público confirmó que tramita una causa penal contra el expresidente y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves; el exvicepresidente y actual diputado Stephan Brunner, el vicepresidente de la República Francisco Gamboa y la presidenta legislativa Yara Jiménez.
La Fiscalía General confirmó que tramita la causa relacionada con la destitución de la Junta Directiva de la entidad bancaria. El prevaricato es el delito que comete una autoridad o servidor público al dictar una resolución arbitraria o injusta a sabiendas de que es contraria a la ley.
La investigación tiene como insumo el informe de mayoría del expediente 25.052, remitido a la Fiscalía, en el que se analizó la presunta injerencia del Poder Ejecutivo en la institucionalidad y autonomía del banco.
Entre las principales conclusiones, los diputados señalaron que el procedimiento administrativo disciplinario impulsado por Brunner —cuando fungía como vicepresidente— para separar a los directivos habría vulnerado el debido proceso y constituido un eventual abuso y usurpación de autoridad, así como prevaricato y una posible ruptura del orden constitucional.
Ese acto fue declarado nulo por la Sala Constitucional mediante un fallo de octubre de 2025, al determinar que la destitución de los miembros de la junta directiva fue contraria a derecho.
El informe también cuestiona los nombramientos realizados por el Consejo de Gobierno el 28 de mayo de 2025. Los legisladores concluyeron que los designados no cumplían con los requisitos de idoneidad establecidos por la normativa financiera, tanto en experiencia como en independencia, según criterios de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Estos hechos podrían configurar los delitos de prevaricato y nombramientos ilegales.
Además, se advierte que algunos directivos, una vez nombrados, se habrían autonombrado en juntas de subsidiarias del banco sin cumplir los requisitos legales, lo que también podría constituir delitos.
El informe señala al expresidente del banco Maximiliano Alvarado Ramírez por supuestamente haber mentido bajo juramento ante la comisión, lo que podría derivar en investigaciones por perjurio y falso testimonio.
En cuanto a Gamboa y Jiménez, los diputados concluyeron que habrían intervenido en la recomendación de nombramientos ante el Consejo de Gobierno pese a que, según el informe, varios candidatos no cumplían los requisitos, lo que podría configurar un eventual delito de tráfico de influencias.
Como parte de sus recomendaciones, la comisión solicitó remitir el informe al Ministerio Público para que se investiguen los hechos y se determinen eventuales responsabilidades penales.
El informe fue aprobado con los votos de los diputados Luz Mary Alpízar (PPSD), Dinorah Barquero (PLN), Kattia Cambronero (independiente), Vanessa Castro (PUSC), Sofía Guillén (FA), Katherine Moreira (PLN) y Francisco Nicolás (PLN). El oficialista Manuel Morales votó en contra; el fabricista Yonder Jiménez no estuvo presente al momento de la votación.