Informe: Falso “mega caso” de evasión fiscal representa un fracaso del gobierno
(CRHoy.com) -El falso "mega caso" de evasión fiscal representa un fracaso de la estrategia del Gobierno y eleva sospechas sobre las prioridades de su política fiscal.
Así lo sostiene un boletín del Observatorio de la Política Nacional (OPNA), un proyecto de investigación académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El documento se denomina Observatorio de la Política Nacional (2023). Boletín Especial: Seis meses de política fiscal de la Administración Chaves Robles ¿trabajando, decidiendo y mejorando? Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica.
En la publicación se sostiene que el estado de la investigación es muy prematuro para valorar los resultados del cambio de enfoque hacia la vía penal para combatir la evasión, pero se indica que lo sucedido con el falso "mega caso", "además de representar un primer fracaso de la estrategia, permite elevar sospechas sobre las prioridades en temas de política fiscal de la Administración Chaves Robles."
Destaca que, al margen de la entrada de Costa Rica a la lista gris de la Unión Europea (UE), el Ministerio de Hacienda anunció en enero pasado una postura más dura frente a la evasión, la situación de 23 denuncias activas y, con especial interés, la denuncia ante el Ministerio Público de un "mega caso" de evasión fiscal por ¢11 mil millones.
Tras reiterar el cambio de estrategia hacia perseguir la evasión por la vía penal, se anunciaron otros dos mega casos de evasión que fueron denunciados ante el Ministerio Público.
Según la publicación, si se hace un breve ejercicio de recapitulación, es posible encontrar referencias a este caso concreto en otros actores cercanos al Gobierno. Menciona que el excandidato presidencial Juan Diego Castro fue quien denunció al empresario Leonel Baruch por presunta evasión fiscal en agosto de 2022, le dio su apoyo público al actual gobierno y funge como abogado de la exministra de salud, Joselyn Chacón.
Recuento
En el documento, se recuerda que después del anuncio que hizo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el director de Tributación, Mario Ramos, el pasado 19 de enero, el Ministerio Público envió una "aclaración urgente" a la prensa de que el caso anunciado estaba desestimado y que dicha cartera ya había sido notificada.
Por su parte, Baruch rechazó las acusaciones y anunció acciones legales.
La publicación también indica que la Asamblea Legislativa, en particular las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), en un debate reglado, reprocharon los errores en el anuncio del "mega caso" y solicitaron acciones para evitar equivocaciones similares.
También asegura que el presidente Rodrigo Chaves y la jefa del oficialismo en el Congreso, Pilar Cisneros, defendieron la actuación del Gobierno con un discurso contra la fiscala que solicitó la desestimación del caso, así como la rapidez con la que lo hizo. La respectiva investigación de oficio de parte del Tribunal de Inspección Judicial terminó por desestimar la causa.
Además, afirma que como reacción al debate reglado, Chaves reforzó su postura de "mano dura contra la evasión" y, tras manifestar que el "mega caso" está vivo, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) actuar como fiscal.
"Esta táctica, por parte del Presidente, despertó una importante discusión sobre si se trata de una medida amparada en la legalidad o un irrespeto a la separación de poderes. La Procuradora Adjunta señaló que la ley no dota a la institución de las herramientas necesarias e incluso se presentó un proyecto de ley para evitar futuros usos de la PGR para este fin", se menciona en la nota.
Los investigadores sostienen que el anuncio del "mega caso" derivó en que el tema de evasión fiscal regresara al protagonismo, pero las conexiones del caso con figuras cercanas al Gobierno, la coincidencia con la plataforma discursiva que ha desplegado contra los medios de comunicación, errores por parte de Hacienda y el uso de la PGR al borde de la norma siembran desconfianza en las actuaciones del Gobierno.
En febrero pasado, un juzgado penal solicitó devolver el expediente del caso al Ministerio Público.