Informe destapa aparente desidia del MAG en caso de piña cosechada en finca usada por italiano ligado al narco

(CRHoy.com) Un informe emitido recientemente por la Defensoría de los Habitantes señala al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y a su dependencia, el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), por la aparente desidia con la cual han manejado e investigado la producción, comercialización y fiscalización de piñas vendidas a Estados Unidos como orgánicas, aparentemente sin serlo.

El documento N° 05170-2021-DHR- remitido el pasado 17 de mayo al MAG y al SFE  y trasladado también al Ministerio Público y a la Procuraduría de la Ética, recoge un caso de múltiples denuncias planteadas por la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (Canagra), que hasta la fecha aparentemente no han sido escuchadas o debidamente tramitadas por las dependencias del Estado.

El hecho involucra la producción de piña orgánica en la zona de San Carlos, entre las que se incluye la producción de dos empresas a nombre de una misma persona de apellido Barrantes, en una finca que venía siendo utilizada por un italiano ligado al narco y asesinado en el país en 2018.

De hecho, Barrantes fue señalado en 2018 por la comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa de probable fraude con la producción y exportación de piña.  La comisión recomendó trasladar el caso a la Fiscalía, pero esto no se realizó porque su discusión por parte del plenario se encuentra congelada.

En respuesta, Barrantes posteriormente elevó una denuncia ante la Procuraduría de la Ética contra varios funcionarios por "orquestar un complot" contra sus empresas.

A pesar de ese señalamiento en 2018, que ya venía de denuncias desde 2016, y a que se plantearon nuevas denuncias en 2019 por parte de Canagra, todas las solicitudes de investigación han quedado archivadas en el MAG.

"En 2019 presentamos esta otra denuncia que como cualquier persona que vea rápidamente las denuncias del 2016 y 2019 de entrada se da cuenta que son diferentes, los mismos actores pero otras fincas. Hay evidencias que se graban y estos señores (MAG y SFE) nos dicen que aquí no hay denuncia que lo cerramos. Uno de los argumentos que usan es que es lo mismo de 2016. Algo tan elemental como que los primeros hechos eran de 2015 y 2016 y ahora son hechos de 2019, ¡hasta por un tema de temporalidad!. Se trata de cosas que no son los mismos casos", afirmó Óscar Salas, presidente de la Cámara.

Una de las fincas señaladas- según concluye el informe y se establece en la denuncia- era la que venía utilizando el italiano Ponzo Salvatore, asesinado en Los Yoses a mediados de 2018 y quien figuró como investigado con un supuesto ligamen al narco en Europa.

El padre de Salvatore, Maurizio Ponzo, fue condenado a 9 años de cárcel por este mismo tipo de delitos. Ponzo Salvatore ocupaba la finca para producción de piña bajo un modelo de arrendamiento, y tras su asesinato la producción y manejo fue asumida por Barrantes -según la denuncia- bajo un esquema de producción orgánica.

De acuerdo con la documentación planteada y analizada por la Defensoría, tanto el MAG como el SFE han pecado no solo de omisión con las denuncias, sino también de ni siquiera manejar adecuadamente los archivos, y menos aún en fortalecer los controles sobre la piña que se produce en el país. Menos aún han sentado responsabilidades en su personal.

Esto se evidencia en aspectos como que el envío de piña con droga fuera del país no ha cesado y se siguen detectando casos que evidencian los deficientes controles tanto del MAG a nivel administrativo como en su rol de fiscalizador, al exigirle mayores controles a las agencias certificadoras (que deben garantizar que la piña es realmente orgánica y cumple con las normas de ley)

Así lo recopila la Defensoría en sus conclusiones:

La atención de denuncias e investigaciones realizadas dentro de un mismo Ministerio (MAG), sobre situaciones graves en relación con la producción, fiscalización, comercialización y exportación de piña orgánica, no pareciera haber tenido un desenlace a favor del interés público. Tómese en cuenta que en este caso se estaba denunciando la posible comisión de fraude en la producción y exportación de piña orgánica que demandaba la especial atención de la institucionalidad pública, pero más allá de eso (…) existía la posibilidad de que el crimen organizado estuviera participando en esta actividad agrícola, lo cual podría tener serias repercusiones no sólo para este sector estratégico de la actividad agrícola sino también para toda la economía del país.

Obsérvese también que, a pesar de la gravedad de la situación denunciada, al final no hubo un solo responsable y existe la posibilidad de que, a pesar de las denuncias presentadas, los hallazgos del trabajo de campo, las posibles irregularidades, las debilidades en el ejercicio de la fiscalización y la aceptación de las autoridades de que había aspectos a los cuales había que poner atención, este asunto pase a engrosar las estadísticas sobre impunidad en el funcionamiento del Estado costarricense.

El Informe indica como principal hecho no probado que los responsables de tutelar los derechos e intereses del país, en el tema de la agricultura orgánica hayan analizado a profundidad lo acontecido alrededor de la piña orgánica en la zona norte del país, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico costarricense.

Además cuestiona:

No se sería de recibo que las nuevas autoridades del SFE y del MAG, mantengan el criterio de que en el presente caso se está ante un caso de "no conformidades" que si bien es cierto resulta importante atenderlas con la prioridad que las circunstancias ameritan, más importante sería asegurarse que en el caso de la piña orgánica se garantice que la producción, comercialización y exportación cumpla con todos los requisitos, que las agencias certificadoras cumplan su objetivo de creación, que se coordine, informe o eventualmente se denuncie ante las autoridades competentes cualquier indicio sobre la participación del crimen organizado en este tipo de actividades agrícolas.

Como parte de ese informe fue que la Defensoría emitió hace un par de semanas un comunicado de prensa en donde solicitó a Aduanas considerar la posibilidad de revisar y escanear toda la piña orgánica que sale del país.

Una de las situaciones denunciadas es que aparentemente no existe un trabajo adecuado por parte de las agencias certificadoras con los productores.

Estas agencias son entidades privadas que deben certificar que la piña que se produce es realmente orgánica o no. La denuncia señala que una misma empresa es la que se ha venido encargando de certificar a los productores señalados en las investigaciones.

CRHoy procuró la versión de las autoridades del SFE y del MAG sobre el tema y desde temprano este lunes solicitó respuestas a través de los canales oficiales establecidos por el Ministerio para determinar si los cuestionamientos de la Defensoría se adecúan a la realidad y cuánto de lo solicitado se ha realizado. Al momento de publicación de este artículo no habían respondido a las interrogantes.