Informe destaca que Poder Judicial recontrata a peritos pese a omisiones en avalúos

(CRHoy.com) El Poder Judicial recontrató peritos -profesionales que determinan el valor de una propiedad- que en sus avalúos omitieron justificar variaciones en el precio de las expropiaciones, aún cuando este tipo de descuidos son contrarios a la Ley de Expropiaciones.

Tales faltas llevan a los jueces a desechar los análisis técnicos, reveló el cuarto informe del Estado de la Justicia, publicado este 6 de julio.

Un equipo de investigadores estudió 16 expedientes de expropiaciones y determinó que en 11, el perito llamado al proceso propuso valores mayores a la propiedad por expropiar que los avalúos hechos por la institución accionante (en la mayoría de los casos, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes – MOPT).

En una mayoría -no precisada- de esos casos el profesional no logró convencer al decisor de que el nuevo precio estimado era el correcto, según el documento.

"No argumentar la divergencia del avalúo judicial respecto del administrativo viola el artículo 35 de la Ley de Expropiaciones. Aún así, el Poder Judicial los sigue contratando para avalúos futuros. Es necesario una revisión de la función que realizan estos peritos", puntualizó la especialista Marcela Román Forastelli.

También se determinó una concentración de profesionales en la participación de peritos judiciales. Como muestra de esto, se determinó que 18 profesionales -de 547 peritos registrados; o sea, un 7%- recibieron 187 asignaciones en los últimos 3 años. Estas últimas equivalen a un 25% del total. Asimismo, un ingeniero que fue contratado 20 veces en 2 años.

"Además cuando se incluye un perito judicial en el proceso, la duración se incrementa más de un año. A esos informes de peritazgo usualmente los jueces le señalan muchas fallas y errores y no cambian el monto de la de la expropiación inicial", comentó la coordinadora del informe, Evelyn Villarreal Fernández.

"Entonces, pues aquí parece que hay varias luces ahí prendidas. O sea, primero una concentración muy extraña, luego sus reportes tienen fallas, además duran más y los jueces casi no cambian su la opinión después de ver el peritaje, entonces parece como que no estaría funcionando bien del todo", agregó.

Pero, ¿a qué se debe esa acumulación? Villarreal Fernández explicó:

Es muy extraño porque lo que nos dice la oficina que maneja este sistema es que ellos hacen una asignación aleatoria. Pero es muy extraño, que esa asignación aleatoria de estas concentraciones en la práctica. Lo que ellos también donde nos daban de de justificación es que hay muchos peritos que dicen que no cuando les toca a ellos en el sistema los llaman, y dicen ‘no puedo, no quiero'… lo que sea, entonces no aceptan la oferta y tienen que seguir con el otro y el otro y así y los que terminan aceptando eso siempre los mismos. El problema de esa justificación es que yo no tengo ninguna evidencia de que eso pase, o sea, no tenemos datos como que digan: ‘sí mire, todos estos nos han dicho que no'. ¿Me explico? Entonces queda ahí como una hipótesis.

El despacho en cuestión también justificó la concentración al aducir que los profesionales se quejan por la mala paga y que estos únicamente les funcionan si pueden tener varios servicios contratados a la vez.

"Sin embargo, como le digo, todas estas son explicaciones de parte de esa oficina, pero cuando les pedimos datos o sustento de esto no hay ninguno, entonces son hipótesis que habría que ir a corroborar", insistió la coordinadora.

Por lo anterior el informe recomienda depurar la lista de peritos, revisar la participación acumulada y, de ser necesario, capacitarlos. Asimismo, sugiere la creación de una base de datos georreferenciada para localizar los activos expropiados, sus características más importantes y el precio por metro cuadrado al que fueron indemnizados. Esto último en el tanto que existe la posibilidad de expropiar dos lotes adyacentes -pertenecientes a una misma obra vial- con diferencias significativas en los precios por metro cuadrado, en el tanto que dos jueces podrian dictar precios diferentes.

Más de dos años

La duración promedio para que un expediente de expropiaciones concluya es de 565 días hábiles, tal y como lo determinó un equipo técnico del Estado de la Justicia que analizó 63 expedientes de este tipo con sentencias dictadas entre el 2015 y 2021. Esto contempla desde que una propiedad es declarada formalmente de interés público, en este caso por el Gobierno de la República, hasta que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo dicte sentencia con un precio establecido.

No obstante, la fluctuación es muy significativa, con un mínimo de 175 días y un máximo de 1.114, subraya el informe.

"El riesgo presente es la carencia de información contextual que permita poner en perspectiva el dato. Es decir, ¿son 2,2 años mucho o poco tiempo para una expropiación? No lo sabemos porque no hay parámetros normativos ni estándares de gestión contra los cuales comparar el dato. Sin embargo, la abrupta fluctuación genera dudas sobre posibles desigualdades en el trato a distintos propietarios", indicó la investigadora Marcela Román Forastelli.

Lo cierto del caso, según el informe, es que "la información parcial arroja que la sede judicial explica menos del 50% del plazo". Esto significa que cualquier otra institución a cargo de un proceso de expropiación -como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes- es responsable de la mitad del tiempo transcurrido. Solo esa cartera abrió 344 expedientes en el 2022; un 64% más que los que inició 10 años antes. Sobre esa etapa en sede administrativa el documento no pudo ahondar por "limitaciones en la información disponible.

El documento puntualiza que su estudio es exploratorio y no exhaustivo. La especialista, en cambio, señaló que el objetivo del análisis era concluir si el proceso de expropiaciones, en general, se hace en apego a los derechos de las personas y si representa o no un obstáculo para alcanzar de manera eficiente los objetivos de política pública liderados por las administraciones de turno. "No encontramos evidencia suficiente de que durante el proceso de expropiación haya vulneración a los derechos de las personas expropiadas, o afectación a los intereses del Estado, al menos no como regla general", manifestó.