Informe del Caso Corona sugiere que narcos pagaron sobornos en municipalidad de Poás
Gobernante local de ese cantón dijo que se trata de una interpretación del OIJ.
Una comunicación que tuvieron el pasado 25 de abril, 2 de los imputados del Caso Corona, donde se investiga a un grupo por exportar cocaína líquida a Europa y Asia y legitimar capitales con varios negocios en Costa Rica, revela que miembros de la banda hacían pagos de sobornos a funcionarios para avanzar con proyectos de construcción.
Un informe realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre la llamada entre Daniel Herrera Soto y otra persona relacionada con la investigación, contenida en el expediente 22-000088-0622-PE, sugiere que el empresario dueño de compañía de gaseosas Minerva, pagaba mordidas en la Municipalidad de Poás.
Esta es parte de la comunicación contenida en el expediente:
-
Daniel Herrera: no, no, tampoco, huevón, yo a esos maes lo más que les doy son dos mil o tres mil dólares ahí
-
Sujeto: o sea, ¿por tres pesos entonces?
-
Daniel: mae diay, después cuando le van haciendo vueltas a uno si hay que seguirles ayudando, ahora, eso en Poás, digamos, yo me imagino que este mae en Santa Ana, pues si muerde más duro vea, a este mae si hay que hacerle más…
-
Sujeto: es que este mae ya no se puede reelegir.
-
Daniel: ¿Como, cómo?
-
Sujeto: ya no se puede reelegir
-
Daniel: correcto, entonces hay que buscar alguien ahí en Santa Ana. Voy a hablar con un mae ahí que anda mucho en eso de política para ver quiénes se van a tirar ahí en Santa, pero, voy a entrevistarlo este, la otra semana, y, y, o esta semana trato de reunirme con ese mae para tomarnos un café y entrevistarlo a ver quiénes se van a tirar y quién está en posibilidades y todo el tema.
-
Sujeto: ok, ok, ok
En el informe de la secuencia de llamada 1429066, la policía judicial señala que además del presunto caso de Poás, pretendían hacer pagos a los futuros alcaldes de Santa Ana y Pérez Zeledón.
"En la comunicación anterior, entre Daniel y Francisco Montes Fonseca, se evidencia una clara intención de Daniel de corromper a los próximos alcaldes de los cantones de Santa Ana y Pérez Zeledón para obtener beneficios para sus próximos negocios y los de Olman. Además es claro en manifestar como él ha sobornado al alcalde de Poás de Alajuela, cantón en donde él posee sus empresas, y que ha llegado a pagar sobornos de hasta dos mil y tres mil dólares. Lo cual demuestra lo que es capaz de hacer el investigado con tal de seguir expandiendo sus negocios lícitos los cuales utiliza como una mampara para ocultar los ilícitos", señala el documento del que CRHoy.com tiene copia.
Alcalde: "Es una interpretación del OIJ"
Heibel Rodríguez, alcalde de Poás, conversó con CRHoy.com sobre los señalamientos que se hacen en el expediente del Caso Corona y sostuvo que ni él ni ningún otro funcionario participaron en algún favor para Herrera Soto.
A su criterio, ni siquiera se menciona nada que lo involucre directamente y que es solo algo que las autoridades plasman en el informe como parte de sus conclusiones.
"Eso es una interpretación del OIJ, porque Daniel nunca dijo nada. Los proyectos que Daniel ha tramitado aquí, en el caso del motel, estuvo paralizado por un año mientras sacaba los permisos de construcción y cuando y cuando ya estuvieron tuvo que pagar el 100% de las multas y aquí hay comprobantes porque el alcalde no maneja nada de eso, es del departamento que se llama gestión territorial y en la fábrica igual empezó sin permisos, se le notificó, no hizo caso según siguió construyendo, se le notificó por segunda vez y en junio se mandó a los tribunales la denuncia por construcción ilegal y por la ruptura de sellos. Posteriormente, en julio hizo una solicitud de que uso del suelo para patente veías alcohólicas y no alcohólicas e igual se le rechazó porque la planta no tiene permiso.
(…) no hay nada por las cuales se le haya hecho algún favor que no maneja, el alcalde. El alcalde no tiene nada que ver con permiso de construcción y con uso del suelo ni con visados, para eso hay una situación que ocupa una competencia técnica", dijo Rodríguez
No obstante, reconoció que personalmente sí tiene relación con el dueño de la compañía de refrescos, señalada como operadora de la presunta exportación de droga, pues hasta tuvieron un vínculo familiar por medio de su esposa.
"En lo personal sí, estuvo casado con una prima hermana de mi esposa. Es que Daniel es un vecino de aquí, un empresario que hacía muchas cosas y en realidad, pero tampoco hemos sido de compartir en fiestas ni nada de eso, pero sí es una persona a la que, digamos, sí conozco, como muchos otros empresarios del cantón y en los que uno tiene la obligación de intentar ayudar cuando se puede legalmente", dijo.
Al ser consultado sobre si tienen alguna duda o abrirán una investigación interna para saber si algún trabajador del ayuntamiento se pudo prestar para un acto ilícito, dijo que no era necesario porque había revisado toda la documentación concerniente a los permisos aprobados y denegados a Herrera y concluyeron que todo se hizo en regla.
"La asesoría legal revisó los expedientes y todo está perfectamente en orden, los expedientes están completos con las solicitudes y las denegatorias, el que los necesite están disponibles, se prepararon por si el OIJ quiere verlo, no preparación específica porque es del día a día, pero ahí están listos por si alguien quiere verlos", explicó.
Exportación de droga
Los judiciales de la Sección de Estupefacientes realizaron la detención de 14 personas la semana pasada tras ejecutar 14 allanamientos en Curridabat, La Unión, Escazú, San Pedro, Santa Ana, Atenas, Grecia, Turrialba, Coronado y Poás.
En apariencia, la estructura utilizaba una empresa de bebidas gaseosas (refrescos Minerva), de Herrera Soto, como mampara para hacer envíos de cocaína líquida a Europa y Asia.
Según Randall Zúñiga, el grupo habría hecho inversiones por ¢12 mil millones que están bajo investigación, de los cuales por lo menos ¢6 mil millones provendrían del narcotráfico.
Como parte del trabajo se está ordenando el decomiso de 26 carros de alta gama y anotación de 39 propiedades, entre los que figuran centros comerciales, negocios y viviendas.
Un decomiso de cocaína líquida en Israel fue clave para poder dar con el grupo en el país, pues desde allá llegó la información al OIJ sobre el cargamento, al cual le hicieron un trabajo de investigación y se dieron cuenta que había salido de Costa Rica a Jordania.
Esto ocurrió el 8 de junio de este año, cuando ubicaron 185 botellas de cocaína líquida, lo cual se puede disolver en 150 litros para formar aproximadamente 100 kilogramos de cocaína en pasta. Se presume que la agrupación contaminaba varias botellas en una fábrica en Poás de Alajuela.