Informe del BCR no descarta más funcionarios ligados con destrucción de archivos institucionales
Pesquisas se siguen contra ignorado; no hay imputados individualizados
Un informe interno del Banco de Costa Rica (BCR) deja abierta la posibilidad de que más funcionarios de la entidad estén involucrados en la destrucción de 2 discos duros de computadoras institucionales, los cuales pertenecían a Juan Carlos Bolaños Azofeifa, exgerente de banca corporativa de la institución y Álvaro Camacho de la O, quien fungió como subgerente de la misma oficina.
La Unidad de Investigaciones del BCR elaboró el informe FI-1074-2024, con fecha del 27 de febrero de este año, tras investigar hechos que habrían sucedido el 19 de junio del 2023 con los equipos tecnológicos.
El análisis determinó que además de estos 2 funcionarios, y la presunta participación del gerente general, Douglas Soto Leitón, no se descarta la posibilidad de que más funcionarios participaran en los supuestos hechos irregulares.
Los jerarcas bancarios habrían solicitado a una funcionaria, subcontratada por la entidad para servicios de Tecnologías de Información (T.I.) la destrucción de 2 discos duros que podrían contener información clave relacionada con la presunta compra irregular del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), situado en Caldera de Esparza de Puntarenas.
Por el inmueble, el Fondo de Inversión No Diversificadas (FIND) de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del BCR (SAFI BCR) pagó $70 millones a una sociedad anónima vinculada con el exdiputado Humberto Vargas Corrales, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en el período 2018-2022. Cuatro años después, el valor del parque se redujo a $28 millones.
El informe interno fue remitido a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta). Ahí está bajo análisis como parte de la investigación penal en curso por presuntas anomalías en la compra del PEP.
El objetivo de la investigación radicó en detectar pruebas para determinar si existen responsabilidad, negligencia o impericia del algún funcionario en sus actuaciones, poniendo en riesgo a la institución.
"Al conocer que podría haber más personas involucradas y en resguardo de información, este mismo día el ente director BCR, bajo prudencia institucional se nos encarga la labor de realizar el resguardo de información de algunos participantes directos de la SAFI, específicamente computadores tipo Laptop para preservar elementos de prueba directos, que pudieren ser de valor para la investigación judicial, bajo argumentos sanos en la protección y garantía, al estar en riesgo latente la presente investigación, contención de impacto reputacional y la posibilidad de una afectación mayor", detalla el escrito presentado ante la Fiscalía.
Las diligencias internas se realizaron de forma voluntaria por parte de los funcionarios a los que les pidieron entregar sus equipos. Se solicitó a cada uno de ellos apagar el dispositivo y entregarlo personalmente, para luego ser sometidos a una cadena de custodia con el fin de que no se pudieran manipular luego.
"El juez, el Ministerio Público y la policía podrán disponer que sean recogidos y conservados los objetos relacionados con el delito, los sujetos a confiscación y aquellos que puedan servir como medios de prueba; para ello, cuando sea necesario, ordenarán su secuestro", sugiere la investigación.
En esta se confirma que las computadoras y otros aparatos tomados en posesión pertenecen a los siguientes funcionarios: Rosnnie Díaz Méndez, gerente general de la SAFI; Natalia Garro Acuña, gerente de área de Negocios y Proyectos SAFI; Luis Carlos Gutiérrez Chaves, Ingeniero de Proyectos SAFI y Marco Carbajal Soto, supervisor de Ingeniería de Proyectos SAFI.
Por estos hechos, a mediados de 2023, la Unidad de Investigaciones del BCR interpuso una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que se indagara la responsabilidad de las personas que habrían estado detrás de presuntos actos irregulares.
Investigados por el banco
A Bolaños y a Camacho se les señala por "presuntamente estar relacionados con girar instrucción para destruir los discos duros, del computador asignado por el BCR para realizar sus funciones", mientras que al gerente Soto Leitón se le expone como investigado en el mismo proceso pero no como involucrado directo.
Bolaños y Camacho renunciaron al BCR el 19 de junio de 2023. El mismo día en que, según la versión de la testigo entrevistada por la fiscalía, habrían solicitado la destrucción de los discos duros. Previo a esto, también habrían pedido un respaldo de la información que estaba en los equipos.
Tras consultados por este medio, los dos indicaron que no podían rendir ninguna declaración al respecto por recomendación de su abogado.
Ambos exfuncionarios habrían indicado a la ingeniera en sistemas que la orden de destruir los aparatos la giró Soto, quien este 29 de abril rechazó tales afirmaciones tras ser consultado por CRHoy.com al respecto.
Por esos señalamientos, la Unidad de Investigaciones del BCR sugirió al Ministerio Público abrir un proceso penal por supuesto incumplimiento de deberes. No obstante, a este 2 de mayo de 2024, no existía ninguna causas abierta contra Soto por este caso.
Según describe el oficio remitido a la Fiscalía, la oficina que estuvo a cargo de investigar el caso se enteró de lo sucedido 4 días después de la desaparición de los archivos, por lo que se dieron a la tarea de buscar a donde se habían guardado.
Lo expuesto por los criminólogos, la documentación que habría desaparecido tras la destrucción de los discos duros está relacionada con la adquisición del parque empresarial en el 2020.
Tres causas penales
Alvaro Camacho de la O y Juan Carlos Bolaños Azofeifa
La fiscalía unificó bajo una sola causa penal las investigaciones por la presunta compra irregular con sobreprecio del parque, la de la eliminación de la información en los archivos de altos mandos del banco y recientemente una tercera por administración fraudulenta.
La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó que el expediente 23-017883-0042-PE para indagar la supuesta desaparición de información de computadoras asignadas a 2 jerarcas de la entidad financiera, ahora será parte de la causa 21-000209-1218-PE donde se siguen las pesquisas para indagar posibles delitos en la negociación del PEP.
Lo mismo sucedió con la 24-000013-0619-PE, interpuesta este año por al menos 170 inversionistas de la SAFI, donde se denunció administración fraudulenta.
"La Fapta informó que las causas se tramitan de manera conjunta, por lo que el delito, por ahora, es el mismo: sobreprecio irregular. Sin embargo, esto podría cambiar, según el avance de la investigación.
El caso se sigue contra ignorado, es decir, hasta este momento no hay personas imputadas individualizadas", indicaron.
Pero al final hicieron la salvedad de que no descartan que "esto podría cambiar, según el avance de la investigación".