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Informe: 2023 batió récord de recursos contra Gobierno en Sala IV

Por Carlos Mora | 15 de Nov. 2024 | 6:55 am

El 2023, el segundo año de la Administración Chaves Robles, batió los récords en lo que a la resolución  de recursos de amparo contra acciones del Poder Ejecutivo presentados ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida como Sala IV.

El más reciente informe del Estado de la Nación, presentado este jueves en la mañana, señala que solo en 2023 la Sala declaró con lugar 5.195 recursos de amparo presentados en contra del Gobierno de Rodrigo Chaves. 

Según se detalla en el informe, esta cifra es 6 veces mayor a la de 2015, casi más alta en 3 veces a la reportada en 2021 y superó en un 60% a la de 2022.

En la siguiente gráfica, puede observar el comportamiento de los recursos declarados con lugar por la Sala IV en contra del Poder Ejecutivo desde el año 2015. Como se aprecia, entre 2022 y 2023 hubo un aumento de 1.865 casos.

¿Qué significa esto?

Los investigadores del Estado de la Nación concluyeron que en los últimos años las protestas sociales en las calles se han reducido y, en su lugar, los costarricenses y distintos sectores de la sociedad civil han preferido recurrir a los Tribunales de Justicia. A este fenómeno se le conoce como  judicialización de la política, según explicó el investigador Ronald Alfaro Redondo.

"El escenario de bajo nivel de protesta social organizada por el que atraviesa el país desde el 2020 no significa un apaciguamiento de las tensiones sociales, sino un desplazamiento de la conflictividad hacia los tribunales de justicia. A este fenómeno se le conoce como judicialización de la política. Este fenómeno ha ido en aumento en años recientes y refleja una mayor dependencia de la ciudadanía de los controles institucionales y del sistema de pesos y contrapesos del Estado", explicó Alfaro.

El estudio de este 2024 detalla que, aunque el Poder Ejecutivo tiene amplia discreción para elaborar políticas públicas, en la democracia costarricense existen controles constitucionales, legales y administrativos sobre sus acciones. Uno de los más comunes es el recurso de amparo, ejecutado por la Sala Constitucional.

"Los recursos de amparo son fácilmente accesibles a la ciudadanía debido a sus pocos requisitos. A través de este recurso, la ciudadanía y los diversos actores sociales pueden vigilar y reclamar cuando consideran que sus derechos o libertades son vulneradas", añadió Alfaro.

La investigación concluye que este escenario se conjuga con un sistema político altamente crispado por los ataques del presidente  Chaves contra instituciones cuyas labores incluyen ejecutar controles y contrapesos a la acción gubernamental, como el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y el Congreso.

Otros datos

El informe de este año también arrojó la existencia de "un fuego cruzado" en la  relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo entre los años 2023 y 2024.

La dinámica de ataque y defensa entre ambos poderes, explica el informe "ha llevado al país de vuelta a un entrabamiento y parálisis que reduce la capacidad del sistema político para responder a las demandas de la ciudadanía y avanzar en áreas clave para el desarrollo humano".

En materia de equidad e integración social, se menciona que el manejo político de la inversión social pública aplica recortes en servicios sociales fundamentales y cuestiona una "disparidad" en la asignación de recursos  sobre todo en el campo de la salud.

También, se señala que  el país carece de un sistema integrado para identificar las capacidades del sector productivo y que "una austeridad fiscal ortodoxa" compromete los objetivos del desarrollo en el país.

En materia ambiental, se advierte que a pesar de los esfuerzos de los últimos años el país se enrumba a una sociedad menos sostenible  y más carbonizada.

La seguridad ciudadana también fue evaluada en este informe. Se mencionan las áreas en donde se concentra este flagelo  y sus factores.

 

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