Infinito insiste en anular fallo que evitó indemnización de $400 millones

(CRHoy.com). La compañía canadiense Infinito Gold Mining sigue firme en conseguir la anulación del fallo arbitral resuelto el 3 de junio de 2021, sobre el fallido proyecto minero que intentó desarrollar en Crucitas de Cutris, en San Carlos de Alajuela.

El tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) determinó el 3 de junio de 2021 que Costa Rica no debía pagar a la compañía norteamericana un monto reclamado superior a los $394,8 millones.

En ese reclamo, la empresa exigía el millonario pago según su punto de vista por las inversiones realizadas en la zona y por una serie de violaciones en el acuerdo entre los gobiernos de Costa Rica y Canadá para la promoción y protección de inversiones.

Infinito Gold Ltd. planteó la petición de nulidad del fallo el 18 de octubre de 2021 y el 6 de enero de 2022 se conformó un comité ad-hoc para analizar la solicitud.

El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (Comex) confirmó a CRHoy.com que el pasado 29 de mayo de 2023 la empresa presentó el documento formal donde plantea la anulación del fallo de 2021.

Según el sitio web del CIADI, este es el avance más reciente en el proceso.

"La solicitud presentada por Infinito Gold corresponde al escrito de anulación en contra de la decisión favorable para Costa Rica, en donde Infinito alega que el Gobierno de Costa Rica tiene la obligación de indemnizar a la empresa", citó la cartera, a través de un correo electrónico.

En diciembre de 2022 se estableció un calendario procesal, en el cual se indican los plazos para cada etapa del proceso de anulación.

"Este proceso, consta de 2 rondas de escritos, y de una audiencia. Luego, el comité (conformado por el CIADI) analizará los argumentos de las partes y emitirá su decisión final. En total, el proceso podría tardar 3 años aproximadamente", enfatizó Comex.

La cartera explicó que el proceso se encuentra actualmente en la fase de las rondas de escritos entre las partes.

En octubre de 2021 y el 6 de enero de 2022 el CIADI conformó un comité ad-hoc para analizar la solicitud.

En marzo de 2014, la compañía canadiense reclamó a Costa Rica un total de $394,8 millones por el fracaso en el plan que pretendió desarrollar en la Zona Norte. En principio, el monto reclamado era de $94 millones, pero durante los años en proceso se incrementó en más de $300 millones.

Ahora, el comité ad-hoc que analiza la petición de Infinito Gold está formado por los expertos en derecho internacional Brian King de EE.UU.; José Antonio Moreno, de Paraguay, y Deva Villanua, de España.

Los aspectos del fallo que busca anular Infinito Gold LTD:

• El CIADI determinó que Costa Rica no le denegó justicia al inversionista, ya que los tribunales nacionales observaron correctamente los principios del debido proceso, y brindaron a Infinito acceso a las oportunidades de defensa necesarias.
• El tribunal estableció que era legítimo que el país se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente; pero, al tomar esa decisión, se tenía que considerar la posible existencia de trámites en curso relacionados con la obtención de un permiso de exploración o explotación minera, y resguardar su situación.
• Al omitir hacerlo, se violaron los principios de proporcionalidad y razonabilidad que la Administración Pública debe respetarle a todos los Administrados, incluyendo los inversionistas. De esta forma, la minera canadiense no demostró que la omisión indicada le hubiera provocado un daño y, por ende, no corresponde que Costa Rica le pague ninguna indemnización.

Los antecedentes

Entre 2001 y 2010, Infinito Gold Mining intentó desarrollar un proyecto de extracción de oro. Sin embargo, tras un pulso social y legal, la intención topó con pared en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) ante irregularidades en el decreto de conveniencia nacional otorgado en 2008 que sustentó el proyecto. Esa gestión fue avalada por la administración Arias Sánchez (2006-2010).

Según datos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), entre 2017 y 2018 los oreros clandestinos y coligalleros que operaron en Crucitas saquearon cantidades de oro con un valor de mercado superior a los $197 millones.

Ese monto se traduce en 149.243 onzas troy extraídas en terrenos contenidos en 19 fincas ubicadas en esa localidad de Cutris de San Carlos.

La onza troy (ozt) es una unidad de medida británica que se utiliza para medir el peso y el valor de los metales preciosos.

Estos datos figuran en el informe DM-0154-2020, del 30 de enero de 2020, elaborado por el Minae en esa oportunidad.

En ese mismo documento se señala que Costa Rica habría dejado de percibir ingresos directos por el canon de extracción de oro (2%, según normativa actual) por aproximadamente $4 millones durante el período bajo análisis.

La minería ilegal afecta a 19 fincas de 14 propietarios diferentes circundantes a la propiedad principal (denominada Vivoyet, antes Finca Mina Crucitas). Es decir, donde la empresa extranjería desarrollaría la iniciativa.

Los estudios de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Minae estimaron a diciembre de 2018 que el área intervenida para la explotación de oro superaba las 45.11 hectáreas: 34.04 en sistemas coluvio-aluviales y 11.07 en sistemas subterráneos.

En 2019 el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) realizó un estudio de la finca Vivoyet. Se analizaron más de 720 hectáreas, se identificaron 5 núcleos con afectación minera de 11.5.7 hectáreas y se determinaron 13.14 hectáreas con impactos por minería.

Actualmente, la actividad minera clandestina en la zona continúa, con contaminación de mercurio en fuentes de agua de comunidades cercanas, y el gobierno de Rodrigo Chaves no ha presentado una propuesta integral para abordar la problemática, alegando que deben esperar la resolución del Ciadi.