Incopesca y atuneros se enfrentan por decreto ejecutivo
El sector atunero pide más acciones al Incopesca para frenar la pesca ilegal.
Los representantes de la Cámara Nacional de Atuneros (Canapatum) externaron la necesidad de que el Gobierno derogue el decreto ejecutivo 38681, firmado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) debido a que no han cumplido con las acciones allí establecidas.
Denunciaron problemas con el otorgamiento de las licencias de pesca y la poca vigilancia en los dispositivos de control satelital.
Los barcos de bandera extranjera tienen que cumplir con una licencia para poder operar. Esos dineros contribuyen con el presupuesto del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y con el de algunas universidades.
"El decreto crea una nueva forma de otorgar esos requisitos de captura que ya incluso la Sala Constitucional ha dicho que son ilegales", aseguró Enrique Beeche, vocero de la agrupación.
El representante afirma que hay serios problemas con la vigilancia en el mar, porque no existe capacidad por parte del Incopesca y hay barcos atuneros que están pescando de manera ilegal y que se roban los productos.
Cada flota atunera paga $30.000 y se otorgan 50 licencias al año y mucho de ese monto va al Incopesca, por lo que es criticable que no se estén cumpliendo con los lineamientos establecidos en el decreto.
Vulnerabilidad institucional
El director general técnico del Incopesca, Antonio Porras Porras, envió una misiva al presidente ejecutivo, Gustavo Meneses, denunciando el incumplimiento de los plazos establecidos en el decreto y afirmando que esto pone alta vulnerabilidad institucional.
Los dos aspectos que no se han logrado son la compra de dispositivos para un control satelital que tenía que estar listo desde el 5 de noviembre del 2015, lo cual, podría generar responsabilidad administrativa por un eventual incumplimiento de deberes, por autorizar beneficios (combustibles) y viajes de pesca sin el dispositivo de control satélital debidamente instalado y enlazado con el sistema de control satélital.
Además, no se han podido implementar observadores a bordo que debería haber entrado en vigencia desde el 5 de junio del 2015 y esto debería de ser obligatorio para todas las embarcaciones comerciales de mediana escala y avanzada.
Meneses aseguró que este decreto pretende brindarle a la industria de pesca artesanal más posibilidades de dedicarse a la captura del atún pero por las características del Incopesca y las debilidades ante la falta de recurso tanto tecnológico como presupuestario y humano ha llevado en un atraso en el incumplimiento del decreto.
Se asignó – dijo- una partida de recursos transferibles para comprar las estructuras y poder vigilar desde el centro de monitoreo satelital ubicado en San José en las oficinas centrales del Incopesca. Sin embargo, todavía sigue el proceso de licitación.
"También, estamos trabajando en el programa de observadores a bordo, pero es muy costoso y que no teníamos contenido presupuestario, ni el personal adecuado para hacerlo", destacó.