Incofer “rebaja” en $150 millones el tren eléctrico con miras al próximo gobierno
Costo estimado de obra pasó de $1.553 millones a $1.400 millones, tras ajustes
El proyecto será definido por el gobierno de Rodrigo Chaves, el cual inicia el 8 de mayo. CRH
(CRHoy.com). Con miras a la próxima Administración Chaves Robles (2022-2026), las actuales autoridades del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) acordaron "optimizar" el plan del tren eléctrico, procurando una rebaja de aproximadamente $150 millones en el monto de inversión requerido.
La Unidad Ejecutora del Tren Rápido de Pasajeros (TRP), como se conoce formalmente al proyecto, aseguró que el costo total de la ambiciosa obra pasaría de $1.553 millones a $1.400 millones.
Así lo detallaron los funcionarios encargados durante las sesiones del consejo directivo de la entidad el 14 de febrero y el 22 de marzo pasados.
El tren eléctrico fue el plan "estrella" del gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) y el interés era dejar lista la adjudicación de la primera fase del proyecto. No obstante, por múltiples factores eso no se logró.
Alvarado, en vísperas al cierre de su gestión, señaló a los diputados por no aprobar a tiempo el financiamiento de $550 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que serviría como parte del aporte estatal dado al TRP. La intención es concesionar la iniciativa por 35 años, con un subsidio anual dado por el Estado de entre $50 millones y $150 millones.
El ajuste en el monto de inversión estimado no varía el tipo de proyecto que se quiere dejar planteado. Se incluyen 15 cantones en un trazado de 84 kilómetros, el cual enlazará Paraíso de Cartago con El Coyol de Alajuela.
Mario Durán, gerente de la unidad ejecutora, explicó que el cambio en los montos responde al ajuste en la densidad de ocupación de pasajeros por metro cuadrado.
"Se pasó de 4 a 6 pasajeros producto de una recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se logró ampliar las frecuencias y disminuir la cantidad de trenes requeridos, con ese nuevo costo actualizado se tenía que hacer las actualizaciones correspondientes en el Banco de Proyectos de Ministerio de Planificación (Mideplan)", insistió el funcionario.
El instituto solicitó a ese ministerio una actualización y están pendiente de respuesta. "Es importante que la junta directiva tenga claro que esa actualización de costos no tiene impacto en el alcance del proyecto, el cual sigue siendo el mismo", insistió el funcionario.
Durán fue claro en que la propuesta impulsada por el actual gobierno versa sobre concesionar el proyecto integral, independientemente de si se ejecuta en 1 sola fase de inversión o en varias sucesivas.
"Reiteramos que en la medida en que no hay una variación del alcance, no se percibe la necesidad ni la pertinencia de devolverse a etapas previas de la formulación, pues no se está ante un proyecto distinto", comentó el gerente.
El proyecto de tren eléctrico está estimado en $1.400 millones para ser concesionado por un plazo de 30.5 años. (Captura de pantalla/Casa Presidencial)
El 22 de marzo, la cúpula del instituto acordó suspender la decisión final relativa a la etapa de licitación del proyecto, a la espera de que asuman las nuevas autoridades gubernamentales y se determine de manera conjunta el curso de acción definitivo. Así las cosas, se dará un plazo prudencial de 3 meses a partir del 8 de mayo para redefinir si hay continuidad de la propuesta actual.
De igual manera, el consejo director decidió ampliar hasta el 19 de mayo la fase de precalificación de oferentes. En esa línea, las empresas precalificadas no estarán obligadas a participar en una eventual fase de licitación, pero sí serán las únicas con potestad para presentar una oferta con miras a adjudicarse la concesión.
El cronograma más reciente apuntaba a que el proceso de licitación se abriría en agosto de 2022 y las obras de construcción comenzarían en 2023. No obstante, eso dependerá ahora de la voluntad de la Administración Chaves Robles.
Tras varios traspiés producto de señalamientos hechos por la Contraloría General de la República (CGR), ante inconsistencias en el proyecto, ahora el instituto corre para, al menos, dejar adelantada la fase de precalificación.
La CGR indicó en noviembre que, sin tener definido el tipo de proyecto que se ejecutaría, el instituto abrió la etapa de precalificación. Previamente, en setiembre, a través de un informe de auditoría, enumeró debilidades durante la fase de preinversión y una inobservancia en el orden lógico y sucesivo de las etapas de la propuesta.
También, advirtió debilidades de coordinación entre el Incofer y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), una indefinición sobre los avales y los cambios de alcance del plan, deficiencias en la planificación de la fase de estructuración y en el análisis de riesgos fiscales.
Chaves, sin hacer referencia a un "tren eléctrico", en el plan de gobierno, señala que se "debe aprovechar" el derecho de vía de la Gran Área Metropolitana (GAM) y que "todo proyecto debe fundamentarse en un análisis técnico para contar con un tren de primer mundo".