Incapacidades y procesos judiciales retrasan despido sin responsabilidad de funcionaria de Justicia
Tiene abiertos dos órganos administrativos, uno por el relleno en La Reforma y otro por acoso laboral denunciado por subalternos.
El Ministerio de Justicia y Paz no ha podido ejecutar el despido de una funcionaria debido a que ella ha presentado incapacidades médicas y gestiones judiciales.
Se trata de la jefa del Departamento de Arquitectura del Ministerio de Justicia y Paz, Marlen Chinchilla Jiménez, quien fue investigada en un proceso administrativo por ordenar la colocación de relleno y escombro en una zona del complejo de La Reforma, donde existía una laguna de retención que además servía como hábitat para varias especies de pájaros.
En apariencia, la funcionaria autorizó el ingreso de vagonetas de la empresa MCG Maquinaria y Construcción, con la cual Justicia firmó un convenio de cooperación para recibir material de desecho proveniente de construcciones de proyectos habitacionales que se realizaban en las cercanías de la cárcel, sin tener el aval de las máximas jerarquías de Justicia.
Esta laguna servía además, para evitar la filtración de aguas pluviales a otros recintos, principalmente en época lluviosa.
Debido a esto, contra Chinchilla se abrió un proceso y la recomendación fue el despido sin responsabilidad patronal desde marzo del 2024, pero a la fecha no ha podido ejecutarse.
"En la citada resolución el Sr. Arias Agüero recomienda el despido sin responsabilidad patronal de los funcionarios Marlen Chinchilla Jiménez y Daniel Vargas Calderón, por aparentemente haberse tomado atribuciones que no le correspondían, al no comunicar a sus superiores inmediatos, la propuesta remitida por la empresa MCG Maquinaria y Construcción S.A., para la colocación de material dentro del CAI Jorge Arturo Montero Castro, así como dar su aval en condición de instancia técnica de este Ministerio, para la suscripción de un documento con la mencionada compañía, sin seguir el procedimiento establecido, ni formalizado por la máxima jerarquía institucional.
En virtud de lo anterior corresponde a este despacho acatar lo recomendado en la resolución N.° 055-248-2021 (sic) de fecha 08 de marzo del 2024 y se proceda con el despido sin responsabilidad patronal de los funcionarios Marlen Chinchilla Jiménez y Daniel Vargas Calderón", firmó el ministro de Justicia Gerald Campos Valverde.
El Ministerio de Justicia confirmó que actualmente ese caso permanece abierto bajo el procedimiento administrativo disciplinario ordinario N.° 248-2021.
"En el marco de dicho expediente, se cuestionó el ingreso de una empresa constructora para realizar trabajos en un centro penitenciario sin que existiera aval técnico ni respaldo formal adecuado. Como resultado de la instrucción del procedimiento 248-2021, mediante resolución final del 5 de marzo de 2024, el órgano director recomendó como medida correctiva contra la señora Chinchilla Jiménez una suspensión sin goce de salario de entre uno y quince días o su despido sin responsabilidad patronal.
No obstante, dado que al momento ya regía la Ley Marco de Empleo Público, se identificó la necesidad de adecuar el proceso a los requisitos del nuevo régimen jurídico. Por tal motivo, se dio inicio al procedimiento especial de despido, el cual está actualmente en curso y contempla la continuación de audiencias para el mes de julio de 2025", contestó en su momento el ministerio.
Pero casi 7 meses después, ¿Qué ha pasado? Según Justicia y Paz, el proceso no ha podido avanzar como esperaban, pese a que desde ese momento ya tenían gran parte de los pasos cumplidos.
El ministerio alega que contratiempos fuera de su control no han permitido continuar con el órgano administrativo.
"El procedimiento de cita se mantiene aún en trámite. No ha concluido por incapacidades médicas de la señora Chinchilla Jiménez, así como por gestiones ante instancias judiciales".
Chinchilla permanece fuera del ministerio en condición de préstamo en el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), mientras el órgano disciplinario continúa con su caso, que ya suma casi cuatro años.
Junto a ella también investigaron al funcionario Daniel Vargas Calderón, quien, a diferencia de Chinchilla, sí recibió una sanción administrativa.
Igualmente se habían impuesto sanciones a los funcionarios Alexis Sánchez Vega y José Alberto Araya Herrera, quienes fungían en ese momento como director y administrador, respectivamente, del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, por autorizar el ingreso de la maquinaria al complejo carcelario para depositar los materiales.
Se tomaron atribuciones que no les correspondían
El relleno en la laguna lo denunciaron desde el 2019, después de que funcionarios de Justicia realizaron una inspección en la zona para elaborar un informe, pues se planeaba la construcción de nuevos espacios carcelarios en la zona de Terrazas, que contemplaban el uso de la laguna.
En el lugar encontraron la laguna seca, debido a que habían rellenado el cuerpo de agua con tierra y otros materiales que previamente observaron ingresar en maquinaria pesada de la empresa MCG.
La investigación determinó que Chinchilla, haciendo valer su condición de jefa, "giró instrucciones vía telefónica al funcionario a su cargo, el señor Daniel Vargas Calderón, para atender a personeros de la compañía MCG Maquinaria y Construcción S.A. y realizar con estos una visita de campo el día jueves 11 de enero de 2018, en el Complejo Penitenciario de Occidente; para determinar el lugar donde se podrían depositar materiales".
En apariencia, Chinchilla y Vargas fueron quienes indicaron llevar el material a la zona donde se ubicaba la laguna, sin consultar previamente a la dirección del centro penal o directamente a los jerarcas, tomándose atribuciones que no les correspondían, según describe el expediente al que tuvo acceso CR Hoy.
El expediente señala que la suscripción del convenio con la constructora se realizó "sin seguir el procedimiento establecido ni formalizado por la máxima jerarquía institucional".
Además de provocar un daño ambiental en el cuerpo de agua, que servía de espacio de convivencia para varias especies, y ejecutar la acción sin sustento técnico, se ignoró la normativa y se eliminó una laguna cuya función consistía en retener el agua para evitar que llegara a áreas donde podía causar afectación, principalmente en época de lluvia.
Denuncias de acoso en Justicia
Posterior a este caso surgieron varias denuncias de acoso laboral contra la funcionaria. Las presuntas víctimas eran subalternos que habían denunciado lo relacionado con la laguna y otras supuestas irregularidades en adquisiciones del departamento.
Muchos de los funcionarios incluso figuran como testigos en el proceso contra Chinchilla. Algunos solicitaron traslados a otros cargos u otras instituciones debido a los supuestos actos de hostigamiento que sufrieron en el departamento a cargo de la investigada.
Estos hechos también motivaron la apertura de otro expediente administrativo, el cual sigue en curso.
"En cuanto a la consulta sobre el estado del expediente abierto sobre acoso laboral, actualmente se está retomando la etapa de instrucción.
(…) no ha concluido por cuestiones no achacables a la instancia instructora (…) el estado se deriva de varias incapacidades médicas y recursos ante instancias judiciales", detalló Justicia.
Solicitamos una posición de la funcionaria por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Justicia, pero indicaron que "cualquier solicitud de declaraciones de la funcionaria Chinchilla debe ser dirigida directamente a la servidora, quien actualmente labora en otra institución, por tratarse de un asunto de carácter personal que corresponde exclusivamente a ella atender".
