Impuesto a cooperativas: un pulso de fuerzas aún insuperable
Plenario deberá tomar la decisión
El proyecto de ley en estudio pretende gravar los excedentes de lo que produzcan las cooperativas. Imagen ilustrativa
La posibilidad de establecer un nuevo impuesto a las cooperativas para que paguen sobre sus excedentes genera una división a nivel político que hasta ahora ha sido imposible de flanquear, y hace prever que al plenario legislativo llegarán finalmente dos posiciones distintas sobre el tema.
La comisión de Asuntos Económicos que ha analizado la iniciativa durante el último mes ya concluyó su etapa de audiencias aunque se analiza la opción de llamar a representantes de los ministerios de Agricultura y de Trabajo… El grupo debe enviar una recomendación al pleno de los diputados para lo cual se tomarían lo que resta de febrero.
Sin embargo existen dos bloques bien conformados que libran un verdadero pulso de fuerzas sobre la iniciativa y que parecen se mantendrán así hasta el final.
De un lado están quienes consideran que el sector aún puede contribuir más con el Estado y por eso deben pagar un impuesto sobre sus excedentes.
En este bando se encuentran algunos de los proponentes como el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la mayor parte de integrantes de Restauración Nacional y el Bloque Nueva República, el representante del Frente Amplio José María Villalta y el del Republicano Social Cristiano Otto Roberto Vargas. También se incluyen parte de la fracción oficialista de Acción Ciudadana (PAC).
Fuera del Congreso el apoyo es del ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República, quienes han llegado a la comisión de Asuntos Económicos a plantear que las cooperativas paguen.
En el otro bando se encuentran quienes ven el eventual pago con recelo, consideran que las contribuciones parafiscales del sector ya son suficientes o bien deben hacerse adecuaciones para que el cobro sea menor.
Aquí hay diputados de Liberación Nacional, algunos del PAC y otros representantes de partidos minoritarios.
Prácticamente todos los representantes del sector cooperativo que han acudido a la comisión rechazan que se realice el cobro.
Estos escenarios hacen prever que la comisión encargada de discutir el tema terminará su labor sin llegar a un consenso. La posibilidad es que se produzcan finalmente dos informes distintos, de los cuales el plenario decidirá si acoge uno de ellos y plantea nuevas reformas.
"Mi percepción es que saldrá con dos dictámenes: uno positivo de minoría por parte de la Unidad Social Cristiana y la diputada Paola Vega y otro negativo de mayoría por parte de Liberación Nacional (PLN) y el otro representante de Acción Ciudadana (PAC)", confesó María Inés Solís, principal promotora de que las cooperativas paguen por sus excedentes.
La posibilidad de que se presenten dos dictámenes también fue confirmada por el legislador liberacionista Roberto Thompson quien señaló que "no se descarta por el momento… estamos valorando todas las opciones".
Si bien todo hace indicar que no habrá acuerdo a nivel de comisión, Solís considera que en el plenario sí existirá ambiente para que el impuesto avance. Espera que algunos diputados del PLN se sumen en su cruzada.
Bando a favor
En el bando de los que están a favor destaca la posición técnica que esbozó la Contraloría General de la República, la cual incluso considera que la propuesta inicial se queda corta, así como del ministerio de Hacienda
El proyecto base establecía una escala de un 5% a un 20% para las cooperativas con excedentes superiores a los 581 salarios base. Esto equivale a unos ₡250 millones anuales, lo cual según Hacienda deja por fuera a unas 380 cooperativas con menos ingresos que el monto propuesto.
Hacienda estimó una recaudación superior a los ₡6 mil millones.
La Contraloría fue más allá. La entidad considera que la propuesta incluso se queda corta y debería reducirse el piso un poco más para que cubra a más asociaciones.
La entidad calculó cuánto podrían generar de ingreso de acuerdo a su nivel de excedentes. Incluso lo comparó con el impuesto a las personas jurídicas para demostrar que la cifra sería incluso menor para las sociedades.
Incluso, la Contraloría cuestionó la poca transparencia con que se maneja información en el sector cooperativo, al señalar que el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) no cuenta con una base depurada para llevar a cabo el cobro de cargas parafiscales y existen diferencias entre las cifras de Conacoop y el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).
Bando en contra
El sector cooperativo ha manifestado su clara oposición al proyecto basados en dos criterios esenciales: el primero es que "ya pagan", y el segundo en una aparente inconstitucionalidad.
Respecto a la supuesta inconstitucionalidad, el abogado Rubén Hernández, a nombre del Consejo Nacional Cooperativo, presentó una carta a la comisión donde expuso una posible violación del artículo 64 de la Constitución.
"El proyecto de ley en examen viola el mandato constitucional contenido en el artículo 64 citado por varias razones. En primer lugar, en vez de fomentar la creación de cooperativas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de los habitantes de la República, el gravamen a los excedentes desestimula su creación. En segundo lugar, es evidente que al pagar las cooperativas un impuesto sobre la renta, disfrazado bajo el ropaje tributario de impuesto a los excedentes, se las asimila con las sociedades mercantiles, institutos jurídicos que fueron creados por el legislador con el objeto específico de producir utilidades mediante una actividad lucrativa", afirma el constitucionalista.
Respecto al punto financiero alegan que con el proyecto de reforma fiscal se estableció un nuevo impuesto del 7% de renta a los certificados de ahorro a plazo en las cooperativas y un aumento del 5% al 10% a los excedentes netos de los cooperativistas.
Este aumento en los excedentes, sin embargo, toca únicamente a las ganancias de los asociados, no así de las cooperativas como tales.
El sector sostiene que solo año 2017, los asociados a las cooperativas aportaron al Estado ₡8.200 millones en impuesto de renta. Con el aumento incluido en la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la creación del impuesto a los certificados, el sector pasará a pagar ₡20.000 millones en el primer año y ₡30.000 millones en el cuarto año de la ley.
Al respecto, Thompson indicó, que al menos en el caso del PLN se inclinan por "no afectar a un grupo de la población que aporta mucho a la economía".