ICE vuelve a cuestionar reglas para generación distribuida

Instituto se basa en un presunto aumento en el costo de la electricidad para oponerse a propuesta

10 de Sep. 2021 | 2:10 pm

(CRHoy.com).- El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) volvió a cuestionar el proyecto de ley N.º 22.009, que fija las reglas para la generación distribuida de electricidad en el país a partir de fuentes renovables.

La entidad autónoma emitió un comunicado, conjunto con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), con su posición en contra del proyecto ante la posibilidad de que este se vote en el plenario de la Asamblea Legislativa, donde llegó después de un proceso de consulta y de acuerdos en el que también participó.

Las empresas indicaron que se oponen a la iniciativa de ley porque pretende ir más allá de la motivación inicial de promoción del autoconsumo de electricidad, porque incentiva la instalación de sistemas de generación que superan la demanda propia con el objetivo de vender sus excedentes de electricidad.

Alegaron que el texto no concuerda con la legislación vigente al eliminar la naturaleza de servicio público al establecer que varios servicios asociados a la distribución de electricidad tendrán una clasificación de "interés general".

Argumentaron que esa reclasificación se hará sin que se precisen las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el proceso de habilitación y regulación de estos por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El Grupo ICE consideró que también se haría una modificación parcial de las áreas geográficas de las empresas de distribución según zona de concesión, pues permitiría la compra de excedentes a generadores distribuidos fuera de su área concesionada e incorporaría un "cambio sustancial" en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que aumentaría las tarifas que pagan los usuarios.

"Adicionalmente, la imprecisión en aspectos de generación y consumo eléctrico de estos generadores permitiría incorporar la figura de ‘generación virtual'. Esto produciría distorsiones en el sistema eléctrico y también en las tarifas, y provocaría un vacío legal e inseguridad jurídica por no guardar coherencia con las disposiciones de las leyes N.º 7.200, 8345 y 7593", indicó el Grupo.

El riesgo de afectación en la calidad y la continuidad del servicio eléctrico fue otro de los argumentos que utilizaron las empresas para fundamentar su oposición al proyecto.

De acuerdo con el ICE, el proyecto dispensa del pago de impuestos a los generadores distribuidos, así como de varios trámites relacionados con los sistemas de generación distribuida, sin que se regulen los cambios con control técnico o regulatorio.

El ICE se opone a la redacción actual del proyecto de ley de generación distribuida. (Foto: Archivo CRH)

El ICE se opone a la redacción actual del proyecto de ley de generación distribuida. (Foto: Archivo CRH)

Lo anterior, en criterio de la empresa estatal, podría provocar fallas y afectar la calidad y la continuidad del servicio a otros clientes y consumidores, al facilitar un desarrollo "desordenado" de los sistemas.

"El Instituto y la CNFL están convencidos de que la iniciativa requiere de mejoras antes de su votación en primer debate en la Asamblea Legislativa. Se debe construir un texto de consenso, que tenga solidez técnica, así como coherencia con el bloque de legalidad vigente", concluyó el Grupo ICE, que anunció su voluntad de participar en nuevos diálogos sobre los contenidos del proyecto.

La generación distribuida con fuentes renovables de energía es una tendencia que se extiende rápidamente en los países más desarrollados del mundo gracias al abaratamiento de tecnologías como paneles solares y baterías que permiten el almacenamiento de la electricidad producida por empresas privadas y familias.

Actualmente, el Ministerio de Ambiente y Energía y Casa Presidencial analizan un reglamento para normar la actividad generadora. Sin embargo, las empresas distribuidoras de electricidad y varios diputados, sobre todo del Partido Acción Ciudadana (PAC), le han pedido a la Presidencia de la República que frene el reglamento por temor a que se encarezcan las tarifas que pagan los abonados.