ICE refuta fiscalización de la Contraloría en al menos 4 procesos judiciales
Pese a coraza, investigaciones han permitido revelar desde años de pérdidas hasta contratos efectuados sin refrendo
A pesar de ser una entidad que forma parte del Estado costarricense y que como tal recibe recursos públicos, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha intentado establecer una coraza a su alrededor que la haga invisible a la fiscalización pública, incluso de la propia Contraloría General de la República.
Desde 2015 a la actualidad, la entidad mantiene abiertos al menos cuatro procesos judiciales en los cuales refuta de distintas maneras la fiscalización del ente contralor, reclama violaciones a la supuesta autonomía de la entidad e incluso le cobra por supuesto daño moral.
Peligro en Racsa
El primer choque ocurrió en 2015 cuando el ICE demandó a la Contraloría y el Estado para pedir que se anulara el decreto ejecutivo 36984-Minaet. Esta reglamentación es la que regula y ordena al ICE presentar un informe anual al ente contralor y al Consejo de Gobierno, en donde se detalle su situación financiera.
En el mismo proceso el ICE también solicita anular el informe N° DFOE-IFR-IF-04-2015 relativo a una auditoría realizada sobre Radiográfica Costarricense (Racsa) en donde se analizaba su sostenibilidad.
Según la entidad las disposiciones planteadas por la Contraloría en la auditoría así como en el oficio N° 2890 (DFOE-IFR-089) del 23 de febrero de 2015 a través del cual comunicaba sus recomendaciones, presuntamente "violentaban la autonomía administrativa del ICE".
Esta auditoría fue la que permitió conocer que en los últimos seis años Racsa había acumulado pérdidas por ¢56.500 millones. La coraza levantada por su entidad rectora había impedido hasta entonces conocer la realidad de los datos.
Por este diferendo judicial el pasado 11 de enero de 2017 se llevó a cabo una audiencia preliminar por el cual se está a la espera de que el Tribunal Contencioso Administrativo dicte sentencia de fondo.
Polémica con Conavi incluido
El segundo choque se originó en 2016 y en el quedó incluido el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). El ICE demandó a esta entidad y a la Contraloría reclamando que se anularan las resoluciones RES-CA-066-2016 del Conavi y DFOE-DI-0208 del ente contralor en donde se declaraba el inicio de un proceso de rescisión contractual para la construcción de la nueva carretera a San Carlos en el tramo Sifón-Abundancia.
En esa ocasión el Conavi acogió el informe del ente contralor donde establecía que el ICE no tenía competencias legales para ser administrador y además supervisor de obra pública. El contrato establecía que el Conavi le pagaría al ICE ¢2.131 millones y le permitía supervisarlo por 21 meses.
Ante la anulación, el ICE presentó una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para suspender la resolución. La medida fue admitida, por lo que el ICE espera respuesta a su petición.
El 29 de junio 2016 se declaró parcialmente con lugar la demanda planteada por el ICE, pero el 24 de julio la Contraloría decidió contraatacar e interponer un recurso de casación ante la Sala Primera, la cual está pendiente de resolución.
Internet superveloz a paso de tortuga
El proyecto Red Abierta de Nueva Generación (Range) ha sido uno de los principales dolores de cabeza de la última década en la entidad.
Range fue un proyecto mediante el cual el ICE pretendía construir una red de Internet ultraveloz para diversas zonas de San Pedro, Santa Ana, Escazú, entre otros. Para el ello la entidad suscribió un contrato de fideicomiso de hasta ¢30.000 millones con el Banco de Costa Rica en 2012.
El tiempo comenzó a pasar y el proyecto sufrió un atraso tras otro sin que los ciudadanos vieran en sus casas el prometido Internet ultraveloz. Con los atrasos comenzaron a llegar las pérdidas. Para el año 2014 se calcularon en al menos $14 millones y para 2015 en $21 millones.
La Contraloría llevó a cabo una investigación por este proyecto pues el ICE ignoró la orden del ente fiscalizador en 2012 de someter a refrendo el contrato de fideicomiso. En 2016 los aparentes incumplimientos y responsabilidades por los atrasos fueron personalizados en las figuras de ahora tres exfuncionarios del ICE a quienes se responsabilizó por faltas al deber de probidad.
La respuesta legal de los exfuncionarios llegó más rápido que lo que tardó la entidad en comenzar a implementar Range.
El exgerente de Telecomunicaciones Claudio Bermúdez, y los ex gerentes generales Alejandro Soto y Martín Vindas acudieron a la Justicia para pedir que se anulen las sanciones impuestas por la Contraloría (prohibición de asumir cargos públicos) y se declare que hubo un daño moral subjetivo en su contra. En el proceso surgió el ICE como coadyuvante de los demandantes.
Objeción
En este caso el ICE interpuso una demanda contra la Contraloría y el Estado donde reclama un informe de auditoría sobre el proceso de adquisición de bienes y servicios.
El ente cuestionó al ICE por supuestamente obviar parte del proceso legal, algo a lo cual la entidad considera estar en su derecho.
Se está a la espera de una audiencia preliminar por solicitud del ICE, con intención de negociar con la Contraloría.
Coraza originada con la apertura
La coraza del ICE tiene su origen en la ley de Fortalecimiento de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones aprobada en 2008 para preparar a la entidad ante la competencia en ese mercado.
El artículo 35 estableció:
La información que el ICE y sus empresas obtengan de sus usuarios y clientes, será de carácter confidencial y solo podrá ser utilizada y compartida entre el ICE y sus empresas, para los fines del negocio. Su conocimiento por parte de terceros queda restringido, salvo cuando así lo solicite una autoridad legalmente competente, justificando su necesidad y por los medios respectivos. Es confidencial la información relacionada con las actividades del ICE y sus empresas, calificada por estas como secreto industrial, comercial o económico, cuando, por motivos estratégicos, comerciales y de competencia, no resulte conveniente su divulgación a terceros.
A partir de entonces el acceso a información que antes era pública resultó inmediatamente bloqueada, no solo para ciudadanos y medios de comunicación, sino incluso otras entidades de control político como la propia Asamblea Legislativa que ahora mediante algunas iniciativas comienzan a reclamar nuevamente mayor acceso, en especial ante los problemas financieros que aquejan a la institución.
Jonathan Prendas, diputado de Restauración Nacional, plantea llevar a funcionarios de la entidad a la comisión de Control de Ingreso y Gasto Público con el fin de que explique su situación financiera. La entidad ha registrado menores ingresos y mayores gastos en el último año.
Aunado a ello plantea un proyecto de ley para revertir esta orden y obligar al ICE a ser más transparente con sus finanzas.
Juan de Dios Cordero, secretario general del Frente Interno de Trabajadores (FIT) del ICE, reclamó la necesidad de una mayor fiscalización en otros casos que el sindicato ha denunciado y que según él la Contraloría aún no actúa.
"En algunos aspectos han actuado pero en otros nos quedamos esperando, como por ejemplo la plataforma PMAF, si la Contraloría hubiera actuado no se desperdicia en un proyecto que costó ₡35 mil millones y que es solo licenciamiento pues el ICE no es dueño de nada, y aún así se adquirió en un contrato que se implementó mal", dijo Cordero.
La plataforma PMAF consiste en un Programa de Modernización Administrativa y Financiera para gestionar las planillas y pagos a proveedores que entró recientemente en operación en la entidad. Según el sindicato se pagó un alto precio de forma innecesaria.