ICE planteó traslado “unilateral” de sus empleados a un “régimen laboral privado”

Tras la apertura en el mercado de las telecomunicaciones al Instituto se le facultó para variar la forma en que se administra y emplea, a partir de entonces se generaron dos tipos de regímenes principales.

El primero de ellos es el denominado "planilla 01" que agrupa a aquellos trabajadores antiguos cobijados por el Estatuto de Personal. Este grupo goza de algunos beneficios que se arrastran de cuando la entidad estaba sola en el mercado, como por ejemplo vacaciones de hasta 30 días hábiles por año y según la antigüedad del trabajador, subsidio patronal del 40% por incapacidades, entre otros.

El nuevo régimen es el denominado "planilla 08".  Esta planilla está integrada por todos los trabajadores de nuevo ingreso que fueron contratados a partir de 2015, más otro grupo de funcionarios que voluntariamente se trasladó. A mayo del 2018 los trasladados sumaban 137 personas, aunque cálculos del Frente Interno de Trabajadores señalan que a la actualidad hay al menos 300 personas.

Según justificó Cañas ante la Procuraduría, solo este traslado ha implicado millonarios ahorros a la entidad, que en su totalidad sumarían cerca de ₡1.853 millones anuales.

De acuerdo con la última cifra proporcionada por la entidad, a 2018 poseía 12.847 trabajadores, pero sin indicar cuántos aún pertenecen al régimen antiguo. El ICE maneja todos sus datos bajo el mayor de los sigilos, escudándose en que la ley los faculta a hacerlo por estar en competencia. Por eso ha llegado a declarar el salario de sus gerentes como confidenciales.

Oposición y disputa por cesantías

El problema para la Administración del ICE radica no solo en la oposición que un eventual traslado masivo de trabajadores pueda implicar, sino también en lo que se ha pagado a los que ya lo hicieron.

En el primer caso la diferencia consiste en que los funcionarios que fueron trasladados de régimen lo hicieron de forma voluntaria. La consulta del ICE es para hacerlo de manera unilateral.

"Cuando se va a hacer un traslado unilateral se deben considerar los derechos adquiridos de los trabajadores la Administración podría eventualmente hacerlo, lo que pasa es que eso significa que el trabajador a la hora de cambiarlo debe él tomar la decisión…(trasladarlos a todos)  estaríamos en contra porque hace a la Institución menos competitiva y sería una forma de saquearla", cuestionó el jerarca del Frente Interno de Trabajadores, Juan de Dios Cordero.

El segundo aspecto a tomar en cuenta es el "zapato chino" en que se ha mentido la entidad, en torno a las cesantías.

Al trasladar al grupo de voluntarios de planilla 01 a planilla 08 se les liquidó con todo y el pago de cesantías, pero se les recontrató bajo el nuevo régimen.

A pesar de que eso ya se hizo ahora el ICE le planteó la duda a la Procuraduría, toda vez que cuando estos nuevos trabajadores dejen de laborar para la entidad, podrían recibir una segunda cesantía por parte de la misma entidad:

¿Es viable jurídicamente indemnizar el rubro de cesantía a los empleados que se trasladen voluntariamente del régimen estatuario al régimen privado?

¿Podemos considerar que al pasarse de un régimen de empleo regido por el Estatuto de Personal, al régimen de Derecho Laboral Común, se trata de dos relaciones laborales diferenciadas, y con tratamiento jurídico también diferente. Lo anterior en virtud del rompimiento laboral del principio de continuidad de la relación laboral pública, dejando el trabajador de acumular antigüedades con cargo al Estado, toda vez que en la nueva relación no computará acumulados que pudieran configurar un doble pago en la cesantía?

La respuesta de la Procuraduría, tanto para este dilema como para el eventual traslado unilateral del personal llegó con tintes de regaño por cuanto se les consultó por decisiones que administrativamente el ICE ya había adoptado, por eso determinaron que la gestión del ICE era inadmisible:

La asesoría que brinda esta Procuraduría a la Administración Pública tiene como objetivo facilitar la toma de decisiones. No aplica en relación con decisiones ya adoptadas ni tiende a respaldar la validez o no de actos administrativos concretos (…) aunque se trata de plantear la cuestión en términos generales, lo cierto es que se nos invita a juzgar la legalidad de una decisión administrativa concreta (…)

(…) En este caso, las autoridades del ICe decidieron poner en vigencia un plan que implica el traslado de sus funcionarios con el pago de cesantía y la continuidad en el servicio. Al consultársenos sobre el ajuste a Derecho de ese traslado, y de sus consecuencias, se nos insta a valorar la validez de una decisión administrativa concreta ya adoptada, lo cual excede nuestra función asesora.

Según Cordero, el traslado "se hizo mal" desde el inicio, debido precisamente al pago de la cesantía y a que hubo continuidad laboral.

"Una persona que se pasa de planilla y se le liquida no puede seguir trabajando… debe devolver la plata de la cesantía. Eso lo discutimos cuando estaba Obregón (Carlos, expresidente del ICE), hay un criterio de la Procuraduría que dice que eso no se puede hacer, por eso la discusión ahora es qué vamos a hacer con esos trabajadores que fueron inducidos a error, porque jurídicamente si ellos deben devolver la cesantía, deberían ser devueltos a su puesto (planilla) anterior", aseveró Cordero.

Información publicada por el ICE en su sitio web indica que en siete años la planilla se contrajo en 3.499 personas, generando un ahorro de ₡270 mil millones.

Pese a ello, los datos de la Contraloría dan cuenta que el pago en remuneraciones recuperaría su tendencia al alza, con un presupuesto inicial para 2019 de 381.946 millones. Usted puede ver el documento en este enlace.