ICD abre pesquisa interna tras denuncia sobre presunto uso de carros para espiar a jerarcas
Denuncia advierte presunto uso de automóviles decomisados para vigilar a otros funcionarios
Sede central del ICD, en Los Yoses. Imagen con fines ilustrativos. Archivo CRH
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) abrió una investigación interna para esclarecer si existe un uso irregular en los vehículos decomisados al narcotráfico y que son prestados, bajo convenio, a otras entidades de gobierno.
La decisión se tomó tras las revelaciones hechas por Carlo Díaz Sánchez, fiscal general del Ministerio Público, ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
Diaz señaló que investigan una denuncia que advierte el supuesto uso de esos vehículos decomisados al narcotráfico, bajo gestión del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), para aparentemente espiar a jerarcas de los Poderes Supremos de la República.
La administración de los bienes incautados al narcotráfico es potestad del ICD. Dicha entidad suscribe convenios de cooperación con otras instituciones para ceder el uso de automotores u otros bienes.
Fernando Ramírez, director del instituto, explicó que como existe como investigación penal en curso por parte del Ministerio Público desconocen el fondo de los detalles que están bajo escrutinio. No obstante, abrieron la pesquisa interna con tal de establecer un posible uso irregular de los bienes dados en préstamo a otras instituciones.
Así las cosas, la investigación preliminar se relaciona con las primeras averiguaciones y pesquisas que realiza la Administración con el fin de determinar si en efecto hay mérito para iniciar un procedimiento administrativo formal.
"El Artículo 6 de la Ley General de Control Interno y el Artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, establecen reglas de confidencialidad en materia de investigaciones preliminares, que han sido desarrolladas también en la jurisprudencia de la Sala Constitucional (sentencias N°2013-003123, N°2019-018468, N° 2021-002209, Nº 22618 – 2024)", puntualizó la asesoría legal del ICD.
El Ministerio Público confirmó que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) tiene a cargo investigar las denuncias sobre el supuesto uso de vehículos decomisados al narcotráfico para presuntamente espiar a miembros de los Supremos Poderes.
La entidad detalló, a través de un correo electrónico, que la causa se tramita bajo el expediente 24-000761-0619-PE y -de momento- se sigue contra ignorado. Es decir, aún no hay personas imputadas individualizadas.
"No sé si de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). Vean, tal vez voy a revelar una investigación que llevamos. Se dice que no son vehículos de la DIS. Más bien, son vehículos que se le decomisan al narcotráfico, que posteriormente entran al ICD, eso es lo que dice una denuncia que tenemos y que esos vehículos son los que se utilizan para darnos seguimiento", detalló Díaz, en la comparecencia rendida ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa el 10 de octubre.
El funcionario agregó que, en días recientes, detrás de la casa donde reside, detectaron un sujeto con un vehículo parqueado en una actitud "sospechosa".
"Eso ocurrió cuando yo iba llegando ¿Qué significa eso? Igual, no me importa (…) Esas son parte de las amenazas. Los seguimientos no son solo al fiscal general. Es a magistrados, es a diputados. Es a todo el que se oponga", indicó Diaz.
Kattia Cambronero, diputada del Partido Liberal Progresista (PLP) y miembro de esa comisión, reaccionó a la explicación dada por el fiscal y puntualizó que este tipo de actitudes responderían a acciones orquestadas desde Casa Presidencial y desde el oficialismo.
Sofía Guillén, legisladora del Frente Amplio (FA), relacionó la campaña de desprestigio contra Diaz y el Ministerio Público con recientes investigaciones penales sobre presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o el Ministerio de Salud.
Entre las instituciones que utilizan vehículos decomisados al narcotráfico, mediante convenios con el ICD, figuran: la CCSS, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) o el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
Rodrigo Chaves, presidente de la República, y la diputada Pilar Cisneros, así como otras figuras del oficialismo, realizaron una serie de ataques contra el fiscal Diaz justo después de que el Ministerio Público allanó el Ministerio de Salud y luego la CCSS, arrestando a Marta Esquivel fue suspendida del cargo por orden de un juez en el marco de una investigación por presuntos sobreprecios en una contratación adjudicada a 5 cooperativas para administrar 138 Ebáis en 10 áreas de salud de la Gran Área Metropolitana (GAM).
En la audiencia del jueves, la diputada Cambronero le preguntó a Díaz si los ataques de Chaves eran un incentivo al narcotráfico. El fiscal en afirmarlo. "Es un incentivo bastante grande, los exalta a que nos estén atacando, a tratar de debilitarnos, pero por mis compañeros, sé que eso no nos va a debilitar de ninguna manera".
El funcionario acotó que el presidente Chaves no respeta que hay otras autoridades y que trata de deslegitimar el trabajo que hace la Fiscalía.