Hueco de ¢293 mil millones en presupuesto MEP impediría pago de becas, salarios y subsidios en 2022

(CRHoy.com) Los recortes realizados por el Ministerio de Hacienda de la Administración Alvarado Quesada al presupuesto solicitado por el Ministerio de Educación Pública (MEP) para el 2022, afectarán el financiamiento de 12 programas esenciales para la atención de estudiantes en pobreza, el mantenimiento de centros educativos en mal estado y el pago de remuneraciones de parte de la planilla de la institución.

Los recortes son tan drásticos que por ejemplo, el MEP no tendría fondos para pagar a partir de setiembre del próximo año el transporte de 165 mil estudiantes pobres; desde ese mismo mes tampoco se podría pagar el salario a 5.400 cocineras; en octubre se dejarían de pagar las becas de postsecundaria de 4.600 universitarios y en noviembre se acabarían los recursos para comprar los alimentos de 850 mil estudiantes que reciben el servicio de comedores escolares y colegiales.

Así lo confirmó la ministra de Educación Guiselle Cruz la tarde de este miércoles durante una comparecencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Las cifras de Cruz confirman los faltantes presupuestarios que CRHoy.com ha denunciado en las últimas semanas.

Según la ministra, desde el MEP solicitaron para el próximo año un presupuesto superior a los ¢2,857 billones, pero en Hacienda decidieron incluir dentro de la solicitud de recursos a los diputados, solamente ¢2,564 billones. De esta forma, el hueco presupuestario asciende a los ¢293.713 millones. 

El principal rubro que sufrió recortes fue el "remuneraciones y conexos" de donde se paga la planilla de la institución y donde se presupuestó ¢191.378 millones menos; otra línea afectada es la de "intereses moratorios y multas" donde faltarán ¢27.884 millones para cumplir con pagos, mientras que la casilla de becas tiene un hueco de ¢22.915 millones para que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) pague los beneficios del programa Avancemos.

También faltarán ¢12.600 millones para trasferencias a las Juntas de Educación; ¢11.000 millones para transporte de estudiantes pobres; ¢9.611 millones para infraestructura y mantenimiento; ¢6.400 millones para comedores escolares y ¢2.604 millones para el pago de servicios públicos.

"Esto tendrá un impacto directamente a los estudiantes, puede provocar un proceso de exclusión educativa del que no podemos hacer una proyección en este momento (…) en esta condición de crisis económica, sabemos que hay una mayor cantidad de estudiantes o sus familias en condición de pobreza y esto podría provocar esa exclusión si no hacemos las acciones necesarias a tiempo" dijo la jerarca a los diputados.

Los diputados cuestionaron a la ministra Cruz por avalar los recortes al presupuesto hechos por el Gobierno, en una época donde el Sistema Educativo Público atraviesa la peor crisis de los últimos 40 años.

Cruz aceptó que muchos de los recortes los hizo Hacienda sin consultarlo con el MEP pero justificó a la cartera, achacando la situación al cumplimiento de la regla fiscal establecida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y que puso un techo al crecimiento del gasto del Gobierno Central de 1,96% respecto al presupuesto ejecutado en el 2021. 

"El presupuesto que entregó el Ministerio de Educación Pública a Hacienda no iba con la regla fiscal aplicada (…) nosotros enviamos el presupuesto con todas las necesidades y hubo ajustes (recortes) que conversamos con el ministro de Hacienda y otros no porque realmente los hizo la Dirección de Presupuesto Nacional atendiendo la Ley de Fortalecimiento y el control de gasto atendiendo la regla fiscal" indicó la ministra.

La diputada Ana Lucía Delgado cuestionó que mientras partidas esenciales iban recortadas, otras referentes a gastos de la administración del MEP tenían importantes aumentos, algunas de hasta ¢40 mil millones de colones adicionales, tema que el MEP justificó con la obligación de cumplir con transferencias a organismos no gubernamentales.

Caída sostenida de presupuestos

El presupuesto del MEP del 2022 será el más alejado en los últimos 10 años, del cumplimiento del mandado del artículo 78 de la Constitución Política, que obliga al Estado a invertir en el Sistema Educativo el 8% del Producto Interno Bruto (PIB). Así lo demuestra una gráfica presentada por el mismo Ministerio de Educación.

Con el aumento sostenido que experimentaron los presupuestos entre 2011 y 2017, se venía acercando al 8%; de hecho, en 2017, al tomarse en cuenta las transferencias al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), los CEN – CINAI y la Red de Cuido, se logró cumplir la meta. Esto con la única excepción del año 2014 donde hubo una pequeña reducción.

Sin embargo a partir del 2018, la Administración Alvarado Quesada ha variado la inversión en Educación, que durante este año se derrumbó a 6,70% del PIB tomando en cuenta solo la asignación del MEP y a 6,94% del PIB al incluir a las demás instituciones. La caída será mayor en 2022, ya que los recursos solo representan 6,36% del PIB.

Ahora los diputados de la comisión de Hacendarios analizan posibilidades de presentar mociones para modificar el presupuesto del MEP e intentar rellenar los faltantes dejados por el Ministerio de Hacienda.