Hoy se define si esposo de Tamara Centeno aceptará cargos por femicidio para reducir condena
La tarde de este lunes se definirá si David John Moriondo, el estadounidense sospechoso de haber asesinado a su joven esposa, Tamara Centeno Murillo, acepta su culpabilidad por el femicidio a cambio de recibir una condena menor a la máxima.
Tal como CR Hoy reveló semanas atrás, la Fiscalía de San Ramón presentó la acusación y solicitó elevar el caso a juicio. La audiencia preliminar inició el viernes 20 de marzo; sin embargo, debió suspenderse y se retomará este lunes a partir de la 1:30 p.m. en el Juzgado de ese cantón alajuelense.
Durante la audiencia se deberá definir si existe un acuerdo para tramitar el caso mediante un procedimiento especial abreviado, el cual consiste en que el sospechoso acepte los cargos para evitar ir a juicio y, a cambio, negociar la cantidad de años de pena a imponer.
Edwin Ramírez, abogado de la familia de Tamara, confirmó que para hoy está previsto alcanzar un acuerdo final, lo que podría tomar varias horas mientras se revisan todos los pormenores.
"Si llegamos a un acuerdo hoy las partes, el juez penal que lo está viendo, eleva el caso ante el tribunal de juicio para que revise los términos del abreviado que saldrían hoy de la audiencia preliminar. El acuerdo ya está concreto, hubo una negociación ahí con la Fiscalía.
La defensa pretendía que se disminuyera más la pena, pero la Fiscalía se plantó en que debía ser una cantidad de años específica. Nosotros como actores civiles nos plantamos también en cuanto a las pretensiones mínimas y eso ya fue aceptado por las partes", explicó Ramírez.
En principio, el extranjero y sus abogados estarían de acuerdo tanto con la cantidad de años de cárcel como con los montos económicos de las acciones civiles resarcitorias; no obstante, estos no pueden revelarse sino hasta después de la audiencia.
Condena por femicidio y aborto
Moriondo fue acusado de cometer el delito de femicidio, el cual se castiga en el país con penas de entre 20 y 35 años de prisión. Sin embargo, Tamara estaba embarazada cuando le arrebataron la vida, y el feto —de cuatro meses de gestación— resultó ser hijo biológico del estadounidense, según los exámenes forenses de ADN.
Por esa razón, la Fiscalía también acusó al extranjero del delito de aborto sin consentimiento, que se sanciona con penas de 2 a 12 años de prisión adicionales, según los agravantes que se determinen en el proceso.
El abogado de la familia confirmó que, dentro del eventual acuerdo, se contemplaría tanto un castigo por el femicidio como otro por el aborto. Aunque esto no les genera completa tranquilidad por la pérdida de su hija, al menos evitarían el proceso de afrontar un juicio.
"El dolor que provoca un evento como el que ocurrió es irreparable, pero hay que tomar decisiones en estos casos y esa fue una decisión que se tomó porque realmente ir a un juicio también es muy doloroso, porque entonces hay que revivir momentos muy difíciles y es peor", explicó Ramírez.
Además de la acusación del Ministerio Público, se interpusieron querellas y dos acciones civiles resarcitorias, un mecanismo legal que permite a la víctima de un delito reclamar una indemnización económica por los daños y perjuicios sufridos.
CR Hoy conoció, mediante diversas fuentes cercanas al caso, que dicha indemnización se cubriría con una propiedad ubicada en Santiago de San Ramón, valorada —según el Registro Nacional— en ₡241 millones y a nombre de una sociedad jurídica de Moriondo.
Al parecer, es en ese mismo inmueble donde convivían el sospechoso y la víctima previo al crimen, ocurrido en enero de 2025. Precisamente, la garantía de esa indemnización ha retrasado la concreción del acuerdo, dado que en junio de 2025 la propiedad fue hipotecada por un monto de ₡1,5 millones.
Al encontrarse en una fase previa al acuerdo final, el abogado de la familia no pudo detallar mayores aspectos; no obstante, confirmó que a la audiencia preliminar de este lunes se llevará la documentación necesaria para respaldar las pretensiones de la acción civil.
El femicidio de Centeno Murillo, ocurrió en enero de 2025 en Costa Rica y conmocionó al país por la crueldad del hecho. Ella fue vista por última vez el miércoles 22 de enero de ese año en El Empalme de San Ramón.
Tras una intensa búsqueda, que incluyó el rastreo de la señal de su teléfono celular, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizó sus restos el viernes 24 de enero dentro de una bolsa plástica, en un sector conocido como calle La Granja, en Palmares.
La autopsia determinó que la joven murió por asfixia provocada con una bolsa plástica y que presentaba múltiples golpes. El estadounidense, de 60 años, fue detenido de forma inmediata.
Al momento de su captura, en la vivienda que compartían, Moriondo fue hallado dentro de un vehículo encendido, inhalando gases tóxicos y con cortes en las muñecas, en lo que aparentaba ser un intento de suicidio.
La víctima y el sospechoso se habían casado en octubre de 2023, poco después de que ella alcanzara la mayoría de edad. En caso de concretarse el procedimiento abreviado, un tribunal superior deberá ratificar la sentencia.