Hidroeléctrica avanza pese a diferendo entre ICE y desarrolladora

La represa de la planta hidroeléctrica Capulín – San Pablo que se construye sobre el cauce del río Grande de Tárcoles alcanzó un 60% de construcción, pese al diferendo legal que enfrenta en los Tribunales de Justicia al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con la empresa Hidrotárcoles, desarrolladora del proyecto.

La planta, que se financia en un 70% con un crédito de fondos públicos otorgado por el Banco Nacional, sufrió importantes modificaciones en 2015, cuando una polémica decisión del ICE "generó inestabilidad, cambios en las fechas de entrega y el incremento en los costos".

La fecha de entrega pasó de junio del 2017 a octubre del 2019 y el proyecto que fue valorado inicialmente en $167 millones (¢94 mil millones de colones al tipo de cambio de este lunes), incrementó su costo a $220 millones (¢124 mil millones). Así lo afirman los voceros de la empresa Hidrotárcoles.

El ICE acusa a la constructora de incumplimiento contractual porque mantiene que la obra se tenía que entregar en agosto del 2015, año y medio después de iniciada la etapa de construcción pero no reconoce el proceso previo de financiamiento y obtención de permisos que se extendió por dos años.

Esta fecha es refutada por la empresa y por el Banco, que aseguran que la construcción de una represa no se puede dar en plazos menores a tres años y así quedó estipulado en el contrato.

El diferendo se discute en el Tribunal Contencioso Administrativo. Si los jueces le dan la razón a la constructora, el ICE se verá expuesto al pago de millonarias multas e indemnizaciones y si le dan la razón a la institución, la Hidroeléctrica tendrá que vender su electricidad a otra empresa rural.

¿Malentendido?

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Para El ICE, el contrato no permite atrasar la fecha de inicio comercial. "El contrato entre el ICE y la empresa Hidrotárcoles tiene como objeto la venta de electricidad al instituto de forma exclusiva a partir del 1 de agosto del 2015. Esa fecha no se puede aplazar. Cuando se otorgó el refrendo de contrato, la Contraloría estableció que solamente se puede adelantar el plazo con mutuo acuerdo y no es permitido posponerlo. Es falso que se haya autorizado una ampliación en operación comercial de la planta…". Ese texto, originalmente enviado en un comunicado de prensa en diciembre de 2015, fue reenviado el viernes anterior a CRHoy.com para responder a consultas hechas este medio.

Trabajadores preocupados

El futuro de la planta hidroeléctrica preocupa a los más de 200 trabajadores del proyecto, que encontraron ahí la única fuente de empleo que ha llegado a Turrubares en los últimos años.

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Electricidad para 80 mil hogares

El contrato entre el ICE y su contraparte pertenece a una modalidad BOT (por sus siglas en inglés), construir, operar y transferir. La empresa asumía los costos del proyecto en su totalidad, y el ICE estaba obligado a comprarle la electricidad por 17 años, al cabo de este tiempo la planta pasaba a manos del Estado.

El proyecto se extiende por 900 metros del margen del Río Grande de Tárcoles en el cantón según los desarrolladores es de los más eficientes ya que permitirá la producción de 50.000 kW que equivale a la electricidad para abastecer 80 mil hogares.

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