H. Solís logra evitar juicio por presunto pago irregular de hasta ¢1000 millones
Contraloría y Ministerio Público se opusieron al acuerdo
(CRHoy.com) El Tribunal Penal de Hacienda del II Circuito Judicial acogió un acuerdo de conciliación entre la Procuraduría General de la República y la empresa constructora H. Solís por un monto de ¢163 millones, divididos en 2 cifras de ¢75 y ¢88 millones, que tiene como finalidad evitar un juicio penal por el supuesto pago irregular de ¢1000 millones que hizo el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a esa compañía en el año 2011 por adelantos de facturas durante una obra pública.
El tribunal rechazó dos recursos de apelación impuestos por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, cuyo contenido buscaba una sanción mayor para la empresa H. Solís y tres empleados del departamento de finanzas del Conavi, quienes fueron señalados como los responsables de emitir los adelantos de las facturas para beneficio de H. Solís, que pertenece a Mélida Solís Vargas, actualmente imputada en el caso "cochinilla" que descuenta prisión preventiva como sospechosa de delitos similares.
Con la conciliación, H. Solís y su representación, en este caso Mélida Solís, evitarán ir a un juicio por los perjuicios ocasionados con los pagos irregulares a la Hacienda Pública.
El juez Alfredo Arias Calderón además sienta un precedente, debido a que en el texto de su resolución (voto N° 345-2021) del pasado 11 de octubre, declara que la potestad de abogado del Estado recae exclusivamente en la Procuradoría General de la República, y no puede ser compartida bajo ninguna circunstancia con la Contraloría General de la República, entidad que, sin embargo, puede por ley adherirse como querellante en procesos judiciales.
No obstante, lo anterior no le permite a la Contraloría ser parte dentro de un proceso de conciliación en el que el Estado sea la víctima.
"(…) hace evidente que la Contraloría General de la República no puede representar al Estado en una conciliación, puesto que los delitos contra la Hacienda Pública son susceptibles de general un daño social, cuyo cobro rebasaría la competencia que la Contralora, daño que en la especie forma parte del acuerdo conciliatorio, siendo que el único legitimado para acreditarlo y exigir su pago lo es la Procuraduría General de la República (…) Por último debe indicarse que la propia Ley Orgánica de la Contraloría General de la República establece su participación en condición de coadyuvante, potestativa y no obligatoria, tan es así que su participación no afecta la litis (el proceso litigioso)", cita el juez.
De este modo, la acción penal que pretendía emprender el Ministerio Público, quedó anulada y la constructora H. Solís procederá a pagar los montos establecidos en su acuerdo con la PGR, en próximos meses.
El caso
H. Solís habría recibido adelantos de dinero por ¢1000 millones en 2011, por cementos que se iban colocando en la carretera que va del aeropuerto internacional Juan Santamaría hasta el cruce Manolos, cerca de La Garita de Alajuela.
Sin embargo, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) realizó pagos adelantados cuando el cemento ni siquiera había sido colocado en la ruta en construcción.
La Contraloría había señalado previamente, que la conciliación entre la parte señalada y el Estado, sentaba un antecedente peligroso frente al desarrollo de la causa judicial conocida como "Cochinilla", considerando que son prácticamente las mismas circunstancias.
Mélida Solís, dueña de H. Solís, está actualmente en el Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling, donde cumple una medida cautelar de cuatro meses de prisión preventiva.