Gremios y Corte acuerdan suspender huelga, pero piden desconvocar proyecto
Huelga judicial, el pasado 26 de julio. CRH
El Frente Gremial del Poder Judicial aceptó suspender la huelga a partir de mañana martes 1º de agosto.
Así lo confirmó el Poder Judicial, a través de una publicación en redes sociales.
Frente Gremial acepta suspender movimiento de huelga a partir de 1 de agosto.
Corte y Gremios solicitarán desconvocar proyecto 19922— Poder Judicial CR (@PoderJudicialCR) 31 de julio de 2017
De esta forma se pondría fin al movimiento iniciado hace casi 10 días.
La decisión se toma luego de que los gremios y la Corte Suprema de Justicia acordaran solicitar a la Asamblea Legislativa desconvocar el proyecto de ley, el cual procura reducir los beneficios en las pensiones del Poder Judicial, dictaminado la semana anterior.
De esta manera, el Frente Gremial aceptó suspender movimiento de huelga y solicitarán desconvocar el proyecto 19922.
"Los servicios de administración de justicia se brindarán con total normalidad, desde este 1º de agosto. El Frente Gremial aceptó suspender el movimiento de huelga y retornar a las labores ordinarias", anunció el Poder Judicial.
El proyecto que procura que el Poder Ejecutivo desconvoque es el 19.922, el cual busca reformar las pensiones judiciales y establecer un límite.
La semana anterior, los diputados de la comisión legislativa que discutió el tema de pensiones aprobaron un texto sustitutivo al proyecto de ley.
En contraposición a lo que querían los gremios, los diputados desarrollaron un documento con base en una propuesta elaborada por la Superintendencia de Pensiones (Supen) y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica.
Los puntos medulares del acuerdo son los siguientes:
- La jubilación será del 85% del promedio de los últimos 240 salarios. Actualmente, es del 100%.
- El aporte obrero será gradual de entre el 11% y el 15%, según gane la persona.
- Para efectos de la pensión ordinaria, la edad de retiro para hombres y mujeres se elevaría de 60 a 65 años con 35 años de servicio.
- Se establecerá un tope a las jubilaciones superiores a los ¢4 millones y se fijará un aporte solidario de hasta un 55% sobre el exceso de ese límite.
- Este tope será escalonado de acuerdo con el monto de la pensión. Por ejemplo, jubilaciones de ¢5 millones pagarán una contribución del 25% y las superiores a ¢8 millones un 55%.
- La administración del fondo de pensiones y jubilaciones saldrá del Poder Judicial.
Con esta propuesta el déficit del fondo de pensiones, estimado en ¢5,3 billones se recortaría a ¢0,30 billones.