Gobierno trasladará oficiales de otras cárceles a trabajar en el CACCO
El Gobierno deberá trasladar oficiales de la Policía Penitenciaria que laboran en otras cárceles del país para poder operar en la ampliación que construyen en La Reforma, llamada Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco).
Para albergar a unos 5.000 privados de libertad, el cuerpo policial requerirá de 600 agentes, dadas las condiciones de la infraestructura planificada.
Gerald Campos, quien lideró el proyecto cuando era titular de Justicia y se mantiene al tanto por ser el rector de la seguridad del Gobierno, sostiene que se trata de una proporción menor que la requerida en otro tipo de instalaciones. Campos niega que las demás cárceles se vayan a ver afectadas, pues junto con el traslado de los reos al Cacco también se trasladará el personal que actualmente los custodia en otros centros penales.
"Yo lo que estoy haciendo es un traslado de personas que ya están privadas de libertad. Si hay traslado, las instalaciones viejas quedan vacías y me imagino que van a proyectar un proceso de reestructuración o reforma porque hay que darle mantenimiento a todo el sistema penitenciario", añadió el jerarca.
Por su parte, el Ministerio de Justicia asegura que no existirán traslados masivos de policías penitenciarios, aunque confirmó que la estrategia para dotar de personal al Cacco incluye la reasignación de oficiales experimentados provenientes de otras cárceles, así como la incorporación de funcionarios nuevos, egresados de la Academia Nacional de Policía.
La institución justificó este planteamiento al señalar que es necesario incorporar personal con experiencia operativa de otros centros penitenciarios para complementar a los nuevos oficiales, debido a que las nuevas instalaciones albergarán privados de libertad de alta peligrosidad y perfiles vinculados con el crimen organizado.
Los nuevos oficiales se han incorporado paulatinamente desde 2023, aunque muchos continúan en proceso de formación. Además, aunque el Poder Ejecutivo pretende entregar la totalidad de las obras a finales de este año, parte de las nuevas plazas se crearán hasta 2027 y 2028.
Para el inicio de operaciones previsto este año, no existen recursos presupuestados para contratar más funcionarios.
El Ministerio omitió responder cuánta cantidad de personal se requiere para habilitar el Cacco o cómo se distribuirá según los turnos y los distintos perfiles laborales, bajo el argumento que esa información forma parte de los esquemas de seguridad y de los protocolos institucionales.
Justicia tampoco quiso informar cuál será el costo de mantener el personal requerido para la nueva cárcel. Alegó que, al tratarse de estimaciones sujetas a ajustes derivados de la implementación progresiva del proyecto y de las definiciones operativas finales, los montos definitivos se determinarán conforme avance la puesta en funcionamiento del centro y se consoliden las necesidades institucionales.
Gastos operativos
El Ministerio de Justicia también mantiene en secreto cuánto le costará al país asumir los gastos operativos del Cacco, como los servicios públicos y la alimentación de la población penitenciaria.
La institución indicó que, debido a que el centro aún no ha iniciado operaciones y no existen datos históricos ni costos fijos reales, las estimaciones se elaboraron tomando como referencia los niveles de consumo registrados en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro. No obstante, se negó a revelar los montos proyectados.
Ante consultas de CR Hoy, la cartera indicó que, en el presupuesto ordinario elaborado para este año, todos esos gastos quedaron contemplados. Señaló que, conforme aumente la cantidad de personas privadas de libertad, también crecerá el consumo de agua, electricidad y alimentación, por lo que se previó un incremento en las respectivas subpartidas presupuestarias para este y el siguiente año.
Los recursos para la operación diaria del Cacco están contemplados dentro del presupuesto ordinario tramitado por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el catálogo de partidas presupuestarias. La puesta en funcionamiento será gradual, por lo que las necesidades de recursos variarán conforme se habiliten los distintos pabellones y aumente la cantidad de reclusos.
El Ministerio también defendió que la adquisición de alimentos se financia mediante una gestión presupuestaria integral y consolidada para todo el Sistema Penitenciario Nacional, y no mediante presupuestos fijos para cada establecimiento. Según la institución, esto permite una asignación flexible y eficiente de los recursos conforme evolucione la población penal.
En cuanto a los servicios básicos y la infraestructura tecnológica avanzada —como inhibidores de señal y sistemas automatizados de monitoreo—, indicó que estos serán financiados mediante las asignaciones presupuestarias aprobadas dentro del proceso ordinario de formulación y ejecución presupuestaria.
Añadió que las necesidades específicas fueron contempladas en la planificación institucional y que, conforme se definan los requerimientos operativos reales, se tramitarán los ajustes presupuestarios necesarios mediante los mecanismos establecidos. Sin embargo, tampoco detalló los montos destinados a esos rubros.
El ministro Campos confirmó que el proyecto no estará concluido en su totalidad durante julioel proyecto no estará concluido en su totalidad durante julio, como originalmente había previsto el propio Gobierno, sino que la entrega completa de las obras se realizará durante el segundo semestre del año.
