(CRHoy.com) -El Gobierno sigue sin aclarar el uso que pretende darle a $159 millones -incluidos en un préstamo de $265 millones- que suscribió el país con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Desde el pasado 28 de setiembre, diputadas de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) frenaron el avance del contrato de préstamo, en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, hasta que el Poder Ejecutivo no explique con claridad el uso que se le dará a los $159 millones.

Sin embargo, hasta el momento no solo no lo ha hecho, sino que pidió más tiempo a las legisladoras para explicar en qué se utilizarán esos recursos.

Así consta en una nota que la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, dirigió a la diputada Silvia Hernández, del PLN y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el pasado 29 de octubre.

Según el contrato de préstamo, los $159 millones son para "gastos elegibles" relacionados con el programa de subsidios a causa de la crisis sanitaria, económica y social ocasionada por el COVID-19.

Cuando fue cuestionada por las legisladoras, el 28 de setiembre anterior, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, Dinarte no pudo explicar en qué consistían esos "gastos elegibles".

La enorme confusión que sus respuestas generaron a los diputados motivó a Hernández y a Delgado a pedirle por escrito a la jerarca cuáles son los "gastos elegibles" incluidos en la cláusula 3.02 del contrato de préstamo.

"Se agradece la comprensión del trabajo que se está realizando y la solicitud de espacio de tiempo para afinar la propuesta y dar respuesta efectiva a las consultas que tienen pendiente respuesta. Esto con el fin de aportar claridad sobre los usos, fines y gestión de los recursos que se encuentran para aprobación en el expediente 22.132 en conocimiento de la Comisión de Asuntos Hacendarios", indicó Dinarte en la respuesta a la liberacionista el 29 de octubre.

O sea, pasó un mes desde que fue interpelada por los congresistas y aún la jerarca no tiene claridad sobre el uso de los recursos incluidos en el empréstito, cuyo fin se supone es para financiar el programa para proteger los empleos e ingresos de poblaciones vulnerables afectadas por la pandemia.

Además de los $159 millones, el préstamo incluye $59 millones para 100 mil nuevos bonos "Proteger", $15 millones para subsidios a trabajadores del sector turismo, $10 millones al programa de capacitación Empléate del Ministerio de Trabajo y $20 millones no reembolsables para el programa de migrantes.

"Enorme confusión"

Hernández reiteró que mientras el Gobierno no aclare la "enorme confusión", no votará a favor del crédito internacional.

"Más que aclarar, los actores del Ejecutivo han generado una enorme confusión. Por ello, es de que forma escrita se les solicitó describir esos gastos elegibles que el propio contrato de préstamo señala que deben cumplir requisitos, como por ejemplo, en qué plazos deben de darse dado esos gastos elegibles, si pasan o no por procesos de contratación administrativa, y con la asignación de esos recursos", declaró.

Según la diputada, "el Gobierno ha tenido absoluta incapacidad de demostrar claramente para qué son los recursos de ese proyecto".

"Por ello, a pesar de que se les solicita desde el mes de setiembre aclaración, de forma reciente, un mes después señalan que requieren más tiempo para eso. El atraso o no en la discusión de ese préstamo no se debe a la Comisión de Hacendarios. Se debe al Gobierno, que no hace la tarea para dar la información o que omite la información. Desde Liberación, hemos sido muy claros que este proyecto no se puede aprobar, porque no tiene por ningún lado la explicación de exactamente cómo el Gobierno va a justificar recursos que, en algún momento, dijeron que se habían pagado con anterioridad y que se deben de reponer al Ministerio de Hacienda", advirtió.

Mientras, la congresista Delgado confirmó que "las preguntas y observaciones presentadas en las audiencias, tanto al Ministro de Hacienda como a la jerarca de Trabajo sobre el crédito BID-Proteger, continúan sin respuesta".

"Existen importantes contradicciones, por parte de ambos, no solo por lo señalado por Hacienda en cuanto al repago, sino también por la falta de claridad del uso de los recursos, generando más desconfianza sobre la forma en que estos fondos se van a utilizar, puesto que vienen dados para sufragar gastos anteriores a la fecha", sostuvo.

Recordó que los $159 millones son para reconocer los llamados "gastos elegibles" entre el 16 de marzo de 2020 y el 15 de junio de 2020. Es decir, son recursos que el Gobierno ya gastó y ahora quiere reponerlos.

"Es claro que no podemos votar un crédito en estas circunstancias. Aunado a ello, a diferencia de los anteriores, los legisladores podíamos, mediante derecho de enmienda, establecer una serie de candados para fiscalización y rendición de cuentas, y en este crédito dicha cláusula se incorporó en el contrato entre la multilateral y el país, por lo que no se podría variar", amplió Delgado.

"Chambonada"

En setiembre anterior, la legisladora María Inés Solís, del PUSC, calificó al proyecto como una "chambonada" y anunció que tampoco puede darle su voto.

"La impresión que me da es que es una chambonada. ¿Cómo vienen aquí con números tan pocos claros que lo único que generan es tantas dudas entre los diputados?", cuestionó.

Según manifestó, le queda claro que el Gobierno dio los bonos sin haber tenido la plata y sin autorización de la Asamblea Legislativa.

"Me parece que el Gobierno sigue jugando con el dinero y con el pueblo (…) Dejen de jugar con los costarricenses y dejen de tratar de vernos la cara en esta Asamblea Legislativa. No puedo votar esto, no puedo ser tan irresponsable", afirmó en esa ocasión.

La polémica sobre el uso de los $159 millones surgió porque el ministro de Hacienda, Elian Villegas, reconoció el 10 de setiembre, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, que "si bien este es un crédito de inversión, parte importante de este crédito ya fue invertido".

También dijo que "parte de la función de este crédito es apoyar al Ministerio de Hacienda, que tuvo que sacar cantidad importantísima de dinero, estamos hablando de ₡210 mil millones, precisamente, para bono Proteger."

El 24 de setiembre, Dinarte señaló, en una presentación que hizo en la misma comisión, que efectivamente hay un repago al Ministerio de Hacienda por un monto de alrededor de $159 millones que podrían ser considerados como "gastos elegibles".

No obstante, no pudo explicar en qué consisten los llamados "gastos elegibles".