Gobierno sigue firme con idea de que Estado compre buses para atender vacíos de empresas
Ministro Amador asegura que analizan caminos para adquirir unidades, pese a dificultades fiscales
(CRHoy.com). La Administración Chaves Robles (2022-2026) no tira la toalla con la idea de que el Estado adquiera buses propios para brindar servicios de transporte público en determinados escenarios.
Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, habló por primera vez de esa posibilidad el pasado 23 de diciembre de 2022 en entrevista con Noticias Repretel. Sin embargo, este 11 de enero de 2023, posterior al Consejo de Gobierno, el jerarca reiteró que la idea sigue viva.
¿Para qué querría el Estado tener sus propios buses de transporte público si las rutas están concesionadas a empresas privadas? Según Amador, si el Estado cuenta con su propia flotilla, se podrían atender situaciones específicas y adversas a los usuarios, como el abandono de rutas o la reducción de frecuencias en los servicios debido a que las empresas no cuentan con unidades óptimas para operar.
El 23 de diciembre pasado, el jerarca explicó que trabajaban propuestas para determinar la cantidad de buses que se podrían adquirir y la definición de los posibles esquemas de financiamiento para adquirir los vehículos. Incluso, si el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) los podría comprar con un "socio estratégico". Hasta se pensó en la posibilidad de obtener mil unidades eléctricas.
El funcionario confirmó que mantendrán reuniones en este mes de enero para matizar, aún más, la intención. "El problema principal se da por la restricción de endeudamiento del país y la garantía soberana que ahorita no podemos pedir prestado. Se está buscando una solución con fideicomiso, fondos de desarrollo inmobiliario u otras figuras financieras que no requieran de esa garantía soberana, de endeudamiento del Estado. Sino que sea a través de la banca del Estado y que esa banca del Estado pueda acceder a fondos blandos de la Unión Europea (UE) o de otros entes que son de una tasa de interés más baja y con eso traer un paquete de autobuses", detalló.
Amador fue claro en las justificaciones de por qué la propuesta no se ha desechado, pese a que puede sonar poco convincente para algunos sectores.
Una unidad de autobús, dependiendo de la marca y el estilo, puede costar aproximadamente $180 mil.
"¿Por qué no se abandona? Si los buses le pertenecen al Estado y el Estado los da en arriendo (a empresas concesionarias), el Estado puede garantizar que esos buses cumplen con todas las normativas que tienen buena condición, que son mantenidos en condiciones idóneas y que en situaciones emergentes, donde una ruta es abandonada, el Estado puede entrar con esos buses a operar", comentó el ministro.
El tema salta luego de que el pasado 31 de diciembre de 2022 venciera la vida útil (15 años) de aproximadamente 290 unidades de autobús que ofrecen servicios en distintas rutas distribuidas en todo el territorio nacional.
Actualmente, el proyecto de ley 22.530, dictaminado positivamente en la Comisión de Asuntos Económicos, pretende ampliar la antigüedad y vida útil de los buses de 15 años a 17 años.
El Poder Ejecutivo plantea que se establezca un permiso temporal para que las unidades operadas por las compañías autobuseras trabajen hasta que tengan una antigüedad máxima de 17 años y no hasta los 20 años, como propuso inicialmente el proyecto de ley.
La norma actual indica que las unidades pueden circular hasta los 15 años de antigüedad y deben ir cada seis meses a la revisión vehicular.
De momento, la Comisión de Asuntos Económicos dictaminó positivamente la propuesta para que la vida útil se incremente por 2 años (17 años en total).
En tanto, la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), que agrupa a las compañías más fuertes del sector, sostiene que la antigüedad permitida para operar debe pasar de los 15 a los 20 años.
"Estamos en una situación de vulnerabilidad, donde tenemos que dar en concesión todas las rutas de buses y cuando se dan situaciones adversas al usuario, el Estado no está en capacidad de responder. Por eso, el Estado, siendo el dueño de esos buses, estaría en la posición más idónea", concluyó Amador.
El CTP giro una notificación con la que advirtió que las unidades de autobús de transporte público de ruta regular, que ya cumplieron la vida útil (15 años), no pueden circular en carretera.
La institución señaló que la legislación vigente estipula que las compañías tienen 3 meses para sustituir los vehículos que debieron salir de circulación.
La junta directiva del CTP acordó, a finales de 2022, emitir una notificación a través del diario oficial La Gaceta para advertir sobre este asunto y reiterar que las unidades que ya cumplieron la vida útil no pueden operar.
Aunado a esto, el 10 de enero, la Defensoría de los Habitantes pidió al Consejo de Transporte Público (CTP) aclarar aspectos ligados a las intenciones de ampliar la antigüedad de las unidades de autobús.